La Auditoría Superior del Estado ha abusado de los plazos y de su participación en la investigación, buscando dilatar y opacar los hechos que públicamente se han mostrado como irregulares, señaló la diputada de Morena, Victoria Sánchez.

La presidente de la Comisión de Hacienda afirmó que no basta con entregar la documentación correspondiente ante las autoridades de procuración de justicia, sino que además, es su deber darle seguimiento a dicho proceso, estar a las órdenes de la Fiscalía como parte, para ampliar o entregar pruebas e informar al Congreso sobre la situación actual de dichos procedimientos.

En conferencia de prensa organizada al término de la comparecencia de la titular de la ASE, Emma Félix Rivera, la legisladora de Morena  declaró que Auditoría Superior del Estado tiene la obligación irrenunciable de salvaguardar todas las pruebas, ir al fondo de los hechos, nutrir con ellos el expediente y presentar las denuncias y querellas correspondientes ante la Fiscalía, para que en el uso de sus propias facultades pueda iniciar el procedimiento.

Como ejemplo de la dilatación de los casos, citó  el expediente  del IPES,  en donde es de conocimiento público que las aportaciones al sistema de pensiones del Estado de Sinaloa  realizadas por los trabajadores y retenidas por las autoridades responsables nunca fueron entregadas a los fondos de pensión, sino que por el contrario, fueron desviadas a una causa distinta.

“Esta situación es muy grave, considerando que pone en riesgo la integridad financiera de las pensiones de los trabajadores, lo que no solamente es un agravio administrativo, además, afecta directamente sus derechos humanos, y mina los intentos por garantizar un ingreso decoroso al momento de concluir su vida laboral”, sostuvo.

La dilación en la elaboración de las denuncias y querellas correspondientes, es un factor que influye sobre los procesos de judicialización de los hechos que constituyen actos de corrupción, ya que aunado al retraso que existe en la entrega de resultados de fiscalización de la cuenta pública, logra como resultado, que se deba optar por la prescripción de los asuntos por parte de la propia Fiscalía, advirtió.