septiembre 23, 2020 6:37 PM

Expropiación tramposa de terrenos en Badiraguato

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Residentes de Badiraguato acusan al Gobierno estatal de afectar sus tierras por construcción de carretera

 

Residentes de La Tuna, La Palma y San José del Barranco, en Badiraguato, acusaron al gobierno del estado de Sinaloa de expropiarles terrenos para construir una carretera interestatal que conectará ese municipio con Chihuahua, sin que hasta la fecha les hayan cubierto el pago por los predios.

“Es un abuso lo que hace el gobierno (del estado), porqué uno apenas está, y que lleguen, dividan tu terreno, dejen montañas de tierra donde el ganado ya no puede ni pastar, y no te compense el daño, no es justo”, se quejó José Manuel Zepeda Valdez, residente de La Tuna, Badiraguato.

El despojo denunciado ocurrió dentro de un contexto en el que los gobiernos de México y Estados Unidos buscan erradicar la siembra de amapola en esa zona, y han empezado a rociar los plantíos con un herbicida conocido como agente naranja (agent orange), un tóxico utilizado durante la guerra de Vietnam para matar la vastedad de vegetación donde se ocultaban los militares vietnamitas que los enfrentaban.

El problema es que ese herbicida no sólo destruye la amapola, sino la flora en general, incluyendo la muerte de pinos y encinos, y ha empezado a afectar a los residentes de enfermedades pulmonares y de las vías respiratorias.

Y no obstante, lo que parece molestar más a la gente de la sierra de Badiraguato no es propiamente la salud que cada vez más los aqueja, sino el abuso del gobierno que llegó hace más de dos años, y con su maquinaria pesada empezó a abrir una brecha de casi 50 metros de anchura sin que nadie les dijera nada.

“Pues nosotros no sabíamos; un día nos dijeron en el ejido que el estado (de Sinaloa), nos quitaría esos terrenos porque eran para la construcción de la carretera y que esos terrenos no los pagaban por eso, que porque son ejidos”, insistió Zepeda Valdez.

Esta junta, según explicaron residentes de esas comunidades, habría ocurrido a finales de 2016, cuando Mario López Valdez era aún gobernador de Sinaloa.

 

La zona del silencio

José Refugio Ávila Muro, residente de carreteras Federales en Sinaloa por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), reconoció que el gobierno federal se ha avocado a la tarea de construir esa carretera mediante la contratación de empresas privadas como grupo Almoza, pero dijo desconocer qué acuerdos hizo el gobierno del estado para hacerse de esos terrenos.

“Los encargados de negociar o llegar a un acuerdo con los dueños de los predios es gobierno del estado; una vez que logran ese acuerdo, sea cual sea, nos lo hacen saber a nosotros para empezar a construir la carretera”, explicó Ávila Muro.

La Secretaría de Obras Públicas dijo “desconocer quién había hecho los acuerdos legales para expropiar esos terrenos”, pero qué en algunos casos la adquisición es hecha por la Dirección General de Gobierno.

“Necesitaríamos buscar en los archivos para saber qué pasó ahí, qué acuerdos se hicieron, y quién los hizo, porque nosotros como Secretaría no estamos enterados de ello”, explicó Carlos Ornelas, de la Secretaría de Obras Públicas de gobierno del estado.

Armando Trujillo Sicairos, director jurídico de esa dependencia, explicó a su vez que si los terrenos fueron expropiados, es porque alguien hizo un acuerdo con los dueños de los predios por donde pasa la carretera y para ello, es necesario conocer los nombres de quienes negociaron con los campesinos.


Pero ninguno de los afectados, incluyendo el entonces comisariado ejidal de la sindicatura de San José del Barranco, Virginio Gómez Burgos, fueron notificados sobre cualquier acuerdo, sino que los funcionarios públicos que se les acercaron dijeron que esos terrenos se les quitarían pero que no les pagarían nada, “porque no era una carretera de cuota, y porque no había puentes, y que además iba a beneficiar al pueblo”.

“Hicieron que firmaran unos papeles que se cedían los terrenos y se fueron; el papel debe estar en gobierno del estado, cerca de donde está Malverde, pero no nos dejaron copias porque dijeron que no las necesitábamos aquí en el rancho”, dijo Manuel Álvarez, quien estuvo presente en esa junta, a finales de 2016.

Los supuestos representantes de gobierno del estado, sin embargo, parecen haberse evaporado, pues nadie sabe de ellos, aunque la Secretaría de Obras Públicas se comprometió a investigar la expropiación.

Hasta el cierre de esta edición, voceros de gobierno del Estado no habían respondido a los mensajes dejados en la Oficina de Comunicación Social.

 

Sueños rotos

Que les hayan expropiado parte de sus tierras, y que además hayan dejado montañas de tierra acumuladas en zonas donde antes se herraba el ganado y servía como tierra para pastizales, hizo que residentes como doña Elva Orona Guzmán interpusiera una demanda ante el Juzgado Cuarto de Distrito del Estado de Sinaloa, por daño en propiedad ajena.

“Nosotros nos resignamos a que no nos pagaran los terrenos porque eran para beneficio del pueblo, pero que además nos dejaran los terrenos inservibles, fue la razón por la que puse la demanda”, explicó Orona Guzmán, mientras mostraba copia de la demanda, fechada el 18 de octubre de 2017.

A las pocas semanas, sin embargo, el esposo de la señora Orona Guzmán, Esteban Guerra, retiró la demanda luego de recibir amenazas por parte de personal de gobierno, que le espetó que nadie “debía enterarse respecto a lo que estaba ocurriendo con esos terrenos”.

Fue la única persona que aparentemente recibió amenazas, aunque también fue la única que se atrevió a denunciar sobre la expropiación de los terrenos y los daños en propiedad ajena, sin que les repusieran pago alguno.

El caso de Zepeda Valdez fue distinto, pues pensaba construir unas cabañas para rentar cuando concluyeran la carretera, pero los terrenos quedaron inservibles por las montañas de tierra y desechos que quedaron en sus predios, y aún cuando solicitó a la empresa que construía la carretera que “le emparejara el terreno”, estos daños nunca le fueron reparados.

Ese panorama pone a sus residentes en una situación incierta, pues se trata de familias que decidieron no dedicarse a la siembra de enervantes, pero al sentirse afectados por las acciones del gobierno, los dejan en un callejón sin salida.

“Uno quiere hacer las cosas bien, pero ¿a dónde lo orillan a uno? Y no es que uno va a tomar el camino equivocado, por eso estamos denunciando, pero que el gobierno tenga consideración”, expuso Zepeda Valdez.

Este predicamento ha hecho que muchas de esas familias se unan para buscar una compensación justa, y que les reparen los daños hechos a sus propiedades, incluso, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador fue abordado hace unas semanas cuando acudió a ese municipio a dar el banderazo de inicio de la carretera.

La petición, según confiaron algunos afectados, fue recibida, y el mandatario se comprometió a “a dar seguimiento a la denuncia”.

Dos semanas después, los afectados siguen esperando, aunque aseguran que no se quedarán con los brazos cruzados, y harán lo que sea necesario para que no les expropien sus terrenos sin ser compensados.

“Vamos a buscar recuperar ese papel que se firmó cuando arregló los terrenos, para seguir para delante con esta denuncia”, indicó Zepeda Valdez.

La carretera que conectará a Badiraguato con el municipio de Guadalupe y Calvo, en Chihuahua, empezó a ser construida desde hace dos años, y tendrá una longitud de 31 kilómetros, siendo la primera vía interestatal que conecte a ambos estados.

Artículo publicado el 3 de marzo de 2019 en la edición 840 del semanario Ríodoce.

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La denuncia de Emilio Lozoya

Consulte aquí el texto íntegro
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