noviembre 16, 2019 6:05 pm

Desfilan malovistas por juzgados

Jose Carlos
JOSÉ CARLOS LÓPEZ. 112 traspasos millonarios.

El segundo ex funcionario implicado en el desvío de 293 millones de pesos de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAyF) fue vinculado a proceso penal.

Por ese caso, solo falta que se presente ante la Jueza de Control y Enjuiciamiento, el ex titular de la SAyF, Armando Villarreal Ibarra.

Lea: Armando Villarreal tiene orden de aprehensión por desvío de 293.5 mdp https://bit.ly/2sD1mpa

El ex servidor público de la administración de Mario López Valdez vinculado la semana pasada es José Carlos López Ramírez, ex auxiliar administrativo de la Tesorería.

Por el mismo desvío, el 15 de febrero ya había sido vinculado el ex director de Tesorería, Ernesto Herrera Félix.

Los ex funcionarios están acusados de los delitos de ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública.

En la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal de la Región Centro, el Fiscal Librado Romero dijo que López Ramírez es señalado como la persona que materializó los traspasos electrónicos de cuentas con fondos federales a cuentas de gasto del gobierno estatal.

El Fiscal señaló que el ex funcionario no recabó los soportes documentales necesarios para justificar el traspaso de fondos.

A Herrera Félix lo acusaron de ser quien autorizó los traspasos, por un monto de 293 millones 479 mil 252 mil pesos.

Entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2016, realizaron 112 traspasos.

De acuerdo con la Fiscalía, esos recursos estaban etiquetados y no podían ser usados con fines distintos.

El Fiscal mencionó que la denuncia penal derivó de una auditoría realizada por la Auditoria Superior del Estado en 2017.

Las auditoras detectaron que el dinero de fondos federales había sido traspasado a tres cuentas de gasto corriente y a una cuenta pagadora.

Las trasferencias resultaron ilegales, ya que el dinero ya estaba etiquetado para proyectos y no podían modificarse.

Durante la audiencia López Ramírez se reservó su derecho a declarar.

El abogado defensor Jesús Javier Espinoza dijo que la Fiscalía señala que el imputado fue omiso e incumplió con sus obligaciones de recabar los soportes documentales, como señala el reglamento interno de la Secretaría, pero ese artículo solo establece las atribuciones del Director de Tesorería.

Mencionó que no existen datos de prueba de que era su obligación recabar los soportes documentales de las trasferencias, por lo que “no son idóneos ni pertinentes para vincularlo a proceso”.

La Jueza de Control y Enjuiciamiento Sara Bruna Quiñónez determinó que los datos de prueba sí eran suficientes para vincularlo a proceso.

Mencionó que la imputación es por realizar materialmente las trasferencias y la teoría de la fiscalía sí encuadra en la posible comisión de los delitos en coautoría.

Hizo aportes necesarios para realización de los hechos y la información proporcionada permite sostener que intervino como probable responsable, mencionó.

Como medida cautelar, la Fiscalía pidió que se presente a firmar cada 15 días, la prohibición de salir  del estado y una garantía económica cuyo monto dejó a consideración de la Jueza.

El Fiscal dijo que hay un riesgo fundado de que se sustraiga, ya que cuenta con recursos económicos suficientes, bienes y cuentas de ahorro.

La defensa estuvo de acuerdo en dos de las medidas y se opuso a que se estableciera una garantía económica.

El abogado mencionó que no existe ningún riesgo de sustracción fundado, ya que el imputado ha tenido voluntad para comparecer y por eso acudió de manera voluntaria ante la Jueza y está dispuesto continuar con el proceso.

La Jueza estableció como medidas acudir cada 15 días a la Unidad de Medidas Cautelares, una garantía económica de 80 mil pesos y le prohibió salir del país.

La Jueza apercibió al imputado que de incumplir con algunas de las medidas cautelares puede ordenar su aprehensión.

Para el pago de la garantía dio un plazo de 15 días, pero dos días después el imputado acudió al Centro de Justicia a entregar el billete de depósito de la garantía.

Para concluir la investigación, la fiscalía solicitó cuatro meses más para recabar entrevistas con seis auditoras de la Auditoría Superior del Estado, una pericial contable y solicitar información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para seguir la ruta del dinero.

El defensor propuso dos meses, ya que dijo, la fiscalía cuenta con personal y los medios para acelerar los peritajes.

La Jueza concedió los cuatro meses por la razón de que la CNBV, indicó, tarda más de dos meses en proporcionar los informes que le solicitan.

El ex funcionario se deberá presentar en el Centro de Justicia Penal en junio.

 

CARLOS CASTRO. Colchones podridos.

Colchones y Tiburonario

Las investigaciones por la compra de colchones podridos y las irregularidades en la licitación de la construcción del Tiburonario de Mazatlán se ampliaron dos meses más.

Lea: El fraude del funcionario de Sedesol por caso de colchones https://bit.ly/2CA4isT

En audiencias celebradas por separado en el Centro de Justicia Penal, los jueces autorizaron ampliar el plazo para las investigaciones.

Por el caso de la compra de colchones “podridos” entregados a damnificados por la tormenta tropical 19-E, está involucrado el ex coordinador administrativo de la Secretaría de Desarrollo Social Carlos Castro Olivas.

El ex funcionario está acusado de los delitos de peculado y negociaciones ilícitas y fue vinculado a proceso penal desde el 23 de octubre de 2018.

En la audiencia inicial la Fiscalía solicitó una prórroga de cuatro meses para abundar en las investigaciones, cuyo plazo terminó el 23 de febrero.

En la audiencia celebrada la semana pasada, tanto la Fiscalía como la defensa solicitaron dos meses más de prórroga.

El abogado defensor señaló que realizarán entrevistas a varias personas en Guadalajara y una pericial contable.

La Fiscalía solicitará un informe de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en colaboración a la Fiscalía de Jalisco para que realice investigaciones, debido a que en esa entidad hay una denuncia por los mismos hechos.

Durante ese tiempo investigarán sobre las personas que vendieron los colchones en Guadalajara y solicitarán al SAT verificación de comprobantes fiscales.

Castro Olivas presuntamente compró 2 mil colchones usados por un monto de 2 millones 970 mil pesos a un amigo de él y a una empresa con giro distinto a la venta de colchones.

Los colchones fueron entregados a los damnificados por la tormenta tropical 19-E.

DIONISIO SÁNCHEZ. Colapso del Tiburonario.

Por las irregularidades en la licitación de la construcción del Tiburonario concedieron la prórroga en el proceso del ex Coordinador Administrativo de la Secretaría de Obras Públicas, Dionisio Sánchez Félix.

Lea: El Tiburonario, otro salpicadero malovista https://bit.ly/2RnUaYa

En la audiencia en la que fue vinculado a proceso el 25 de octubre de 2018, el Juez dio un plazo de cuatro meses para terminar la investigación y concluyó el 25 de febrero pasado.

La Fiscalía solicitó dos meses más para realizar un peritaje de grafoscopía que no se ha podido hacer debido a que el imputado no ha atendido los citatorios y para realizar entrevistas sobre el proceso de licitación a varias personas en Mazatlán; y un peritaje en ingeniería.

El defensor del imputado dijo que lo citatorios para realizar la pericial no se han atendido porque los enviaron al domicilio equivocado y no al que tiene registrado para el proceso penal.

Durante la audiencia Sánchez Félix dijo: “estamos listos para demostrar nuestra inocencia, no nos oponemos a nada”.

Sánchez Félix, junto con José Luis Ulloa Miranda, ex jefe del Departamento de Seguimiento Documental de Contratos; y Armando Trujillo Sicarios, jefe del Departamento de Concursos y Contratos, están acusado de los delitos de ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública.

Los ex funcionarios asignaron contratos por 34 millones de pesos a empresas que no cumplían con los requisitos del concurso de la licitación y cuyas propuestas debieron ser desechadas.

Artículo publicado el 3 de marzo de 2019 en la edición 840 del semanario Ríodoce.

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