La Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó un cúmulo de deficiencias en la integración y control de expedientes de obra pública durante las auditorías aplicadas al gobierno de Quirino Ordaz Coppel y los 18 Ayuntamientos.
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Las deficiencias fueron encontradas en la revisión y fiscalización de las cuentas públicas 2017 de la actual administración estatal y de las municipales que concluyeron su gestión el año pasado.
De acuerdo con el contenido del informe general ejecutivo del resultado de fiscalización superior de la cuenta pública 2017, la deficiente integración y control de expedientes de obra pública constituye la principal recurrencia observada, con un total de 695 casos.
Le siguen las deficiencias e inconsistencias en la documentación de la obra pública en algunas de las fases del proceso, desde la autorización hasta su entrega recepción, con 326 recurrencias de observación.
Durante la revisión a las cuentas pública de 2017, la ASE encontró que en 138 ocasiones hay incumplimiento de la normatividad por no proporcionar la documentación durante la auditoría.
En el apartado de egresos, la ASE encontró 245 casos en los que faltó documentación comprobatoria y justificativa, 231 observaciones por obras que reflejan conceptos estimados en exceso y/o no ejecutados y 124 pagos improcedentes o en exceso.
El documento que fue entregado por la ASE a la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, encontró además 80 casos de adjudicaciones y adquisiciones que no se ajustan a la normativa.
En total, la ASE realizó 3 mil 170 observaciones diversas en la auditoría financiera correspondiente al año fiscal 2017, aplicadas a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como a organismos autónomos.
En la muestra auditada al Poder Ejecutivo se incluyó a las secretarías de Administración y Finanzas, Turismo, Seguridad Pública y Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Culiacán.
De acuerdo con el informe de la ASE, el reporte de recuperaciones probables sería por alrededor de 498 millones de pesos, según los pliegos de acciones por los que se presumen daños o perjuicios, o ambos, a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o, en su caso, al patrimonio de los entes públicos.
La ASE estima que entre las recuperaciones probables están los egresos realizados con falta de documentación comprobatoria y justificativa por 144 millones de pesos, pagos improcedentes o en exceso por 132 millones de pesos y 72 millones de pesos utilizados para fines distintos a los autorizados por ley o reglas de operación.
En el apartado de propuesta, al ASE recomendó al Congreso del Estado reforme la Ley de la Auditoría Superior del Estado para que se incluya la obligación de entregar avances de gestión financiera para conocer el progreso de las obras públicas contenidas en los presupuestos y con ello detectar y corregir las irregularidades durante el ejercicio fiscal en curso.
La ASE también propuso al Poder Legislativo reformar para que los recursos para realizar obra pública no sean destinados a los rubros de combustibles, lubricantes, salarios de personal administrativo u operativo del Ayuntamiento, bonos, gratificaciones o compensaciones, incluyendo las obras que ejecuten los municipios por la modalidad de administración directa.
De acuerdo al resumen general de la revisión de las cuentas públicas, los Ayuntamientos están a la cabeza en el registro de responsabilidades administrativas con mil 666 casos. De acuerdo al marco legal, la ASE deberá indicar a los órganos de control de los Ayuntamientos que continúe las investigaciones y en caso de ser necesario inicie el procedimiento sancionador conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas del Estado.
Las observaciones a daños y perjuicios a la hacienda pública las encabezan los municipios con 396 casos que significaron 279 millones de pesos, los entes públicos estatales con 183 con 88 millones, y en tercer sitio los Poderes del Estado con 96 casos que sumaron un total de 108 millones de pesos.
Se publicó el informe ejecutivo, pero se espera que el resto de la documentación esté disponible próximamente en la página de internet de la ASE, una vez que sesione el comité de Transparencia del Congreso.
Denuncias en suspenso
El informe entregado a la Comisión de Fiscalización está compuesto por seis cajas de archivos de las revisiones a las cuentas públicas, pero también de las auditorías específicas derivadas de un total de nueve denuncias.
“Los Informes de estas auditorías fueron presentados ante la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado de Sinaloa durante el ejercicio 2018, las acciones resultantes están siguiendo su trámite tanto al interior de la ASE como de las instancias correspondientes”, se lee en el informe ejecutivo.
Los daños estimados por la ASE en estas denuncias están calculados en mil 031 millones de pesos.
A la cabeza de montos cuestionados está el ISSSTEESIN con 947 millones de pesos, seguido por Servicios de Salud de Sinaloa por un millón 337 mil pesos, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Ahome por 81 millones de pesos, y la Secretaría de Administración y Finanzas en conjunto con la Secretaría General de Gobierno por 34 mil pesos.
El informe menciona la realización en trámite de cuatro auditorías más, derivadas de denuncias, a la Secretaría de Desarrollo Social, al Congreso del Estado de Sinaloa y a Ayuntamiento de El Fuerte.
Artículo publicado el 24 de febrero de 2019 en la edición 839 del semanario Ríodoce.
