Por considerar que el proyecto del Parque Central y las autorizaciones ambientales para la construcción del nuevo Acuario de Mazatlán son ilegales, un grupo de ambientalistas buscan que sean revocados.

En representación de los grupos que integran este movimiento, Juan Guadalupe Torres Navarro, señaló la falta de interés del alcalde Luis Guillermo Benítez Torres para recibirlos y revisar el tema.

Desde el 5 de febrero, fecha en la que se manifestaron en el Acuario durante el evento al que asistió el gobernador Quirino Ordaz Coppel y el secretario federal de Turismo, Miguel Torruco Marqués, se les ofreció una audiencia con Benítez Torres, que a la fecha no se ha hecho,dijo.

Cuestionó que durante su campaña hayan criticado este proyecto y hoy lo aplauda.

Ante la falta de una respuesta por parte del alcalde, el próximo sábado se manifestarán en el evento del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguran, no conoce a detalle los antecedentes del proyecto.

Integrantes del CEMAZ, Exeuas, Frente Amplio Sinaloense y colectivo José Revueltas, convocan a través de redes sociales a la población a manifestarse.

Cuestionaron el procedimiento que hizo el delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) por haber usurpado funciones, ya que la aprobación del Manifiesto de Impactó Ambiental (MIA) lo hicieron a modo.

El MIA debió haber sido enviado a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, sostuvo Ángel García.

Otra de las manifestantes, Emma Rodríguez Choreño, señaló que se trata de una obra inmoral económicamente, pues invertir 2 mil 100 millones de pesos, habiendo otras necesidades por cubrir, como escuelas con aulas de cartón, sin servicio de agua ni bebederos.

*No es una laguna hedionda y pestilente como lo dijo Torruco Marqués”, acusaron.

Además el secretario de Turismo no es una persona que atiende otros intereses, al ser persona cercana a Carlos Slim.

Además de la manifestación en el evento de López Obrador, buscarán un amparo, acercarse al Congreso del Estado y al federal para que intervengan.

Cuestionaron que a pesar de que en reiteradas ocasiones se ha solicitado el contrato que firmaron ambas partes para ver en qué proporción invierte cada una, no se les ha dado a conocer esa información.

La inversión es 2 por ciento empresarios, 98 por ciento gobierno, para finalmente dárselas en concesión, señalaron.