agosto 18, 2019 2:00 am

PGR tarda 8 años en vincular a exfuncionarios de Salud y Juez anula resolución

edificio sss

La Procuraduría General de la República (PGR) tardó ocho años en llevar ante el juez a dos ex funcionarios del sexenio de Jesús Aguilar Padilla y vincularlos a proceso; y un Juez de amparo anuló la resolución, igual que el pago de 40 millones de pesos por reparación del daño.

Los imputados son el ex Director Administrativo de la Secretaría de Salud, Isaac Lugo Ortega; y el ex Jefe del Departamento de Recursos Financieros, Marco Antonio Mojardín Zazueta.

Lea: La PGR impone prisión a dos ex funcionarios ‘aguilaristas’ de la Secretaría de Salud https://bit.ly/2RSogbc

A los dos los habían vinculado a proceso por el delito de peculado y lo anularon con el amparo y el Juez deberá dictar una nueva resolución.

Según la PGR, el desvío fue de 45 millones de pesos del programa Oportunidades.

Para garantizar obtener el beneficio de la libertad provisional, el Juez fijó el pago de 40 millones de pesos para garantizar la reparación del daño  y como garantía el pago de un millón de pesos a cada uno.

Los montos también fueron anulados por un Juez de Distrito con un amparo, y deberán ser fijados de nueva cuenta.

La abogada de los acusados solicitó: “se fije el monto de la fianza a sus defendidos, el cual pide sea asequible a las posibilidades de éstos, ya que no han podido laboral oficialmente en empresa alguna con motivo de la denuncia y orden de aprehensión que pesaba sobre ellos”.

Según la sentencia de amparo, el Juez no explicó cuáles fueron los parámetros que tomó en cuenta para fijar esas cantidades.

El monto para el pago de reparación del daño, señala el juez de amparo, debe dividirse en tantas partes como probables responsables existan sobre el delito.

El juez que impuso los montos debe emitir una nueva determinación en la que establezca de nueva cuenta las cantidades que deben garantizar para que puedan gozar del beneficio de la libertad provisional.

El auto de vinculación a proceso también quedó insubsistente y deberá dictarse una nueva resolución.

La orden de aprehensión fue librada desde 2013 pero por diversos amparos no pudo ser ejecutada hasta el año pasado.

Según la PGR los 45 millones de pesos del programa Oportunidades los usaron para el pago de la última quincena de 2010 y la prima vacacional de los empleados de la Secretaría de Salud.

El desvío fue detectado por la Auditoría Superior de la Federación en 2012 y el año siguiente presentó una demanda por el delito de peculado.

El expediente indica que el 29 de diciembre de 2010, Lugo Ortega y Mojardín Zazueta autorizaron un préstamo al Fondo de Aportación para los Servicios de Salud de Sinaloa por 40 millones de pesos para el pago de la quincena 24 y la prima vacacional de los empleados; y el 5 de enero de 2011 realizaron otra transferencia por la cantidad de 5 millones de pesos.

El dinero asignado por el Gobierno Federal a la Secretaría de Salud de Sinaloa debía ser destinado al Programa de Desarrollo Humano Oportunidades para proporcionar de manera gratuita el paquete básico garantizado de salud para promover la nutrición, prevenir y atender la desnutrición infantil y de mujeres embarazadas.

De los 45 millones de pesos desviados, un total de 36 millones 196 mil 658 pesos se usaron para el pago de la última quincena de 2010 y prima vacacional y el resto lo usaron para pagos a terceros.

“Dichos movimientos se realizaron indebidamente, ya que los recursos otorgados al estado son exclusivamente para proporcionar de manera gratuita el paquete básico garantizado de salud, promover una mejor nutrición; y fomentar y mejorar el autocuidado de la salud”, señaló la Auditoría en la demanda presentada en la PGR.

La ASF señaló que: “como consecuencia del desvío de recursos a fin distinto, no se cumplieron con los objetivos contemplados en el ‘Convenio Específico en Materia de Transferencia de Recursos para realizar las estrategias específicas del componente de Salud del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades’, consistentes en proporcionar de manera gratuita el Paquete Básico Garantizado de Salud”.

El Juez segundo de distrito libró la orden de aprehensión el 28 de junio de 2013 pero con un amparo quedó anulada.

En mayo de 2015 el Juez Segundo volvió a valorar las pruebas presentadas por la fiscalía y otra vez libró la orden de aprehensión.

Los dos imputados de nueva cuenta promovieron amparos y lograron frenar que se ejecutara mientras concluía el juicio de amparo.

El Juez negó el amparo debido a que: “logró evidenciarse que Isaac Lugo Ortega y Marco Antonio Mojardín Zazueta probablemente realizaron una conducta dolosa, que términos de lo dispuesto en el Artículo 9, párrafo primero del Código Penal Federal, ya que según se ha acreditado hasta ahora, fueron las personas que, el primero en carácter de Director Administrativo y el segundo como jede del Departamento de Recursos Financieros de los Servicios de Salud de Sinaloa, distrajeron de su objeto para usos ajenos el dinero perteneciente a la federación”.

Las órdenes de aprehensión fueron ejecutadas el año pasado y ambos presentados ante el Juez quien los vinculó a proceso y ahora deberá anular esa resolución y dictar otra.

Articulo publicado el 27 de enero de 2019 en la edición 835 del semanario Ríodoce.

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