Por la mesa de la Secretaría de Transparencia han pasado decenas de expedientes de malovistas, de los que se presume realizaron desvíos, pero a la mayoría han sido perdonados.
El último caso es el de Armando Villarreal Ibarra, ex Secretario de Administración y Finanzas, quien con Ernesto Herrera Félix, ex Tesorero del Estado, y José Carlos López Ramírez, ex Jefe del Departamento de Caja General, se acusa por un presunto desvío de 293 millones 479 mil 200 pesos.
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La Auditoría Superior del Estado los señaló en distintas revisiones, pero solo se ha librado una orden de aprehensión sin que haya surtido efecto para la detención de los implicados.
Cuando esas mismas acusaciones pasaron a revisión por el Gobierno de Quirino Ordaz Coppel, la reacción fue distinta, la de solo hacer un llamado de atención con amonestaciones. No los tocó. Ni siquiera los mandó llamar.
No es el único caso.
Dionisio Sánchez Félix, ex director de Control Administrativo; Armando Trujillo Sicarios, ex jefe del Departamento de Concursos; José Luis Ulloa Miranda, ex jefe del Departamento de Seguimiento Documental de Contratos; y Carlos Ramón López Castro, ex director de Contratos, todos de la Secretaría de Obras Públicas, fueron acusados por el colapso del Tiburonario de Mazatlán.
La Auditoría Superior del Estado los acusó ante la Secretaría de Transparencia y la Fiscalía General del Estado, pero el organismo solo promovió una acción penal. El gobierno de Quirino los perdonó.
A través de un cuestionario, se solicitó a la Secretaría de Transparencia conocer sobre los casos y expedientes públicos por casos de corrupción.
En el documento se reconoce que la Auditoría Superior del Estado ha emitido observaciones y promoción de sanciones por irregularidades en las cuentas públicas de Gobierno del Estado.
Uno de esos fue el de un presunto desvío por 293 millones 479 mil 200 pesos con daño a la hacienda pública federal y al interés público, del que se acusa al ex Secretario de Finanzas, Armando Villarreal Ibarra y dos de sus colaboradores.
Esos señalamientos también se hicieron a la Fiscalía General del Estado, que a través de la Fiscalía Anticorrupción solicitó una orden de aprehensión que fue aprobada el 30 de agosto del 2018.
“Transferencia y destino indebido de dineros en cuentas bancarias, cuyo manejo es para fines específicos, por disposición expresa de la ley, a cuentas bancarias de manejo de ingresos propios del Estado de Sinaloa por un monto de 293 millones 479 mil 200 pesos con daño a la hacienda pública federal y al interés público”, indica el expediente.
A la fecha ningún ex funcionario ha sido detenido, pero dos de ellos, Ernesto Herrera Félix, ex Tesorero del Estado, y José Carlos López Ramírez, ex Jefe del Departamento de Caja General, solicitaron amparo ante los juzgados segundo y tercero de Distrito.
Ese expediente también llegó a Gobierno del Estado, donde se revisó y se fijó únicamente una amonestación a Herrera Félix.
No era la primera vez que cometía esa irregularidad.
La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas documentó en 17 ocasiones el mismo tipo de acciones de parte de Herrera Félix, y en todas solo se le impuso amonestaciones.
El único caso en el que trascendió una sanción mayor, fue el haber omitido informar al Secretario de Administración y Finanzas el estado real en bancos con el que contaba Gobierno del Estado de Sinaloa.
“Ocasionó que la formulación y elaboración del proceso de integración de las cuentas públicas semestrales, así como la cuenta pública correspondiente al ejercicio 2016, no reflejara la posición real de la Hacienda Pública del Estado”, indicó la Secretaría.
“De igual manera omitió remitir con oportunidad a la Dirección de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Administración y Finanzas, la información bancaria que reflejara los estados reales de los activos circulantes de Gobierno del Estado”.
Ernesto Herrera Félix es el único funcionario de la Secretaría de Administración y Finanzas que ha sido “tocado” por la administración de Quirino Ordaz Coppel.
De 18 expedientes por posibles casos de desvíos, solo este ameritó, según la Secretaría de Transparencia, que se le inhabilitara por tres años del servicio público.
Del resto de casos, solo se le corrieron amonestaciones.
Irregularidades que guardan en la espera
El desaseo administrativo de Armando Villarreal Ibarra provocó que incrementara la deuda, así como que se dejaran pendientes por 6 mil 139.6 millones de pesos, rezago de acciones promovidas por la Auditoría Superior de la Federación de 2012 a 2016.
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A dos años de haber dejado la Secretaría, ya se resolvió el destino de 4 mil 474.5 millones de pesos, estando en espera del pronunciamiento del monto restante, y mientras tanto ya se identificó ocho casos que podrían terminar en una sanción.
“Existen resultados de los cuales se remitió información que se encuentra en proceso de análisis y, ocho casos en los cuales se notificó a la Subsecretaría de Responsabilidades y Normatividad para que en el ámbito de sus responsabilidades se continúe con las investigaciones y el eventual inicio de los procedimientos de responsabilidades administrativas sancionatorias”, se señaló.
Pese al desaseo, Villarreal Ibarra solo tiene una sanción administrativa.
El 10 de noviembre de 2017, la Secretaría de Transparencia informó que el ex Secretario fue amonestado con una inhabilitación por siete años, por omitir enterar al Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa (IPES) diversas aportaciones patronales y cuotas de trabajadores por un monto de mil 175 millones de pesos.
El ex Secretario impugnó la inhabilitación ante la Sala Anticorrupción del Tribunal de Justicia Administrativa, donde se confirmó la validez de la sanción, salvo que esta vuelva a ser rechazada y la Sala Superior tenga que revisarla de nuevo.
El caso Tiburonario
Por el colapso del Tiburonario de Mazatlán el 1 de febrero de 2017, la Auditoría Superior del Estado hizo una fiscalización especial, la cual desembocó en una serie promociones de responsabilidades ante la Fiscalía Anticorrupción y la Secretaría de Transparencia.
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La acusación de la Fiscalía Anticorrupción fue el haber avalado dos actas de fallo, en las que los ganadores no cumplieron con las bases y violaron el reglamento de Obras Públicas del Estado, según señalaron la Auditoría y la Fiscalía.
La primera licitación fue la N55-2013El, y el 13 de septiembre de 2013 se emitió un fallo a favor de la empresa Osuna y Osuna Arquitectura, propiedad del arquitecto Omar Osuna Osuna.
En ese proceso se desecharon las propuestas técnico-económicas de las firmas Construcción, Mantenimiento y Servicios de Sinaloa SA de CV y la de Grupo Constructor Pelícano, SA de CV, pese a que sus propuestas eran de menor costo.
El segundo fallo se dio a conocer el 31 de mayo de 2016, cuando se anunció que Grupo Ecosistemas de México SA de CV, del empresario Antonio Roberto Becerra González, ganó la licitación E12-2016 y se desecharon propuestas de Constructora Marli, SA de CV; de Carlos Arturo Toalá Camacho, Constructora Sectsa, SA de CV, y Mazurbanizadora, SA de CV.
Por el caso, cuatro funcionarios y ex funcionarios fueron llamados a tribunales.
Uno de ellos fue Dionisio Sánchez Félix, ex director de Control Administrativo; el segundo es Armando Trujillo Sicarios, ex jefe del Departamento de Concursos; también José Luis Ulloa Miranda, ex jefe del Departamento de Seguimiento Documental de Contratos; y Carlos Ramón López Castro, ex director de Contratos. Todos de la Secretaría de Obras Públicas.
La Fiscalía no pudo demostrar que tenía suficientes datos para iniciar un proceso en contra de Carlos Ramón López Castro, por lo que quedó sin efecto.
Los otros tres están a la espera de que concluyan las investigaciones entre febrero y marzo, para demostrar en los tribunales que no son culpables.
El caso estuvo abierto en la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas desde antes de la administración de Quirino Ordaz Coppel, pero esta se descartó.
“Al inicio de la presente administración, se identificaron en trámite seis expedientes administrativos de investigación vinculados con hechos presuntamente irregulares detectados en el proceso de licitación pública, y de construcción y entrega-recepción de la obra Tiburonario de Mazatlán. Se retomaron estas investigaciones, sin embargo, no se encontraron elementos suficientes para fincar responsabilidades administrativas”, indicó la dependencia.
Ahora, con los nuevos señalamientos de la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría Transparencia y Rendición de Cuentas reabrió el expediente.
“Finalmente, está el caso de otra investigación también sobre presuntas responsabilidades vinculadas a la entrega recepción de la obra Tiburonario de Mazatlán, la cual se ha enviado a la Dirección de Responsabilidades para el inicio del procedimiento administrativo de responsabilidades”, se señaló.
Articulo publicado el 27 de enero de 2019 en la edición 835 del semanario Ríodoce.
