La Dirección de Investigación Criminalística y Servicios Periciales tenía personal con vínculos con el narco, con problemas de alcohol y que posiblemente cometieron delitos.

Entre 2016 y 2018, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha resuelto procedimientos administrativos con sanciones para peritos, entre las que se encuentran cuatro destituciones por resultar no aptos en los exámenes de control de confianza.

En últimos dos años han aplicado 106 sanciones a personal de servicios periciales por faltas que van desde perder pistolas que eran evidencia, omitir certificar lesiones y hasta vínculos con narcos.

Las sanciones aplicadas son amonestaciones, suspensiones del cargo hasta por 45 días y destituciones.

De acuerdo con las actas de los procedimientos administrativos, uno de los servidores públicos destituidos es un médico legista cuyo resultado de control de confianza destaca indicadores que sugieren consumo de drogas ilegales.

“Tiene vínculos con personas que consumen sustancias nocivas, revela haber acompañado a una de estas a adquirirlas; así mismo vínculos con personas que se dedican al narcotráfico; conjuntamente presenta problemas con consumo inmoderado de alcohol lo que se deriva en faltas al Bando de Policía y Gobierno, a la par de sobornos para evadir responsabilidades”, señala el documento.

Otro de los casos es el de un perito en el que el resultado menciona que hay indicadores que señalan que utilizó su puesto para favorecer actos delictivos.

“No entregó cartilla del Servicio Militar Nacional, ni documento que acredita la casa que habita (la cual refirió es propiedad de su padre), la venta de un terreno y el traspaso de una papelería; además describió que el vehículo Tornado modelo 2008 que registró en su evaluación anterior lo chocó y fue pérdida total y su padre en la evaluación domiciliaria refirió que esta unidad la trae en uso el evaluado”, establece el documento.

Un médico legista obtuvo resultado no aprobatorio en control de confianza debido a que había indicadores que sugieren que cometió algún delito.

“Como médico general, en varias ocasiones ha atendido a personas heridas gravemente por armas de fuego, no dando parte a las autoridades correspondientes por miedo a su integridad; además tiene vínculo con persona que trabaja como sicario y narcotraficante”, señala el documento.

Añade que: “sumado a ello, sostiene relación con sujeto que estuvo preso por transportar drogas ilegales y otro que se encuentra desaparecido”.

Una perito médico no cumplió con los requisitos de permanencia y obligaciones debido a que en su evaluación destacan: “indicadores que a la fecha sugieren trabajar para la delincuencia organizada y haber cometido algún delito”.

Los cuatro fueron destituidos después de procedimientos administrativos que inició la Fiscalía General del Estado en su contra en el que les dio la oportunidad de defenderse.

Según la FGE el servidor público “tiene la obligación de aprobar los exámenes y procesos de evaluación de control de confianza y del desempeño, que son permanentes, periódicos y obligatorios, los cuales se realizan con el objeto de comprobar que los servidores públicos son confiables y de integridad, que reúnen los perfiles institucionales, son calificados y cualificados para el desempeño, cumplen y satisfacen los requisitos para permanecer y cumplen con los principios de legalidad, eficacia, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad y de respeto a los derechos humanos”.

Las armas perdidas

Las actas de los procedimientos administrativos evidencias fallas en el resguardo de evidencias por parte de los peritos.

En las instalaciones de Servicios periciales en Culiacán robaron un arma y en la de Mazatlán “desapareció” otra.

En el caso de Culiacán era una pistola calibre 9 milímetros que aseguraron como evidencia en el penal en 2008, tras un asesinato.

Según el perito tras realizar las pruebas a la pistola, la colocó en el área de resguardo de objetos pero un año después cuando el Ministerio Público pidió el arma, ya no estaba en ese lugar y detectaron que hacía falta cuatro más de otros casos, por lo que el perito presentó una denuncia por robo.

El procedimiento administrativo concluyó apenas el año pasado y se determinó que el perito incurrió en faltas en el empleo, cargo o comisión por lo que como sanción le impusieron una amonestación.

En el mismo procedimiento sancionaron con una amonestación al Agente del Ministerio Público por la inactividad que había desde 2013 en la averiguación previa que se inició por el robo de las armas.

La otra pistola —una calibre 9 milímetros— fue perdida en Mazatlán y la habían asegurado en un homicidio en 2013.

Según el fallo, cuando pidieron el arma a la perito químico que realizó las pruebas, ella aseguró que no la tenía y la había entregado al Ministerio Público junto con el dictamen pericial.

Durante el proceso administrativo, la perito dio diferentes versiones y presentó un oficio en que notifica la entrega del dictamen y el arma al ministerio Público, pero la firma y el sello presentaban tachaduras.

La servidora pública fue sancionada con una suspensión de 10 días de su empleo.

Sanciones a peritos

La FGE entre 2016 y 2016 aplicó 106 sanciones a funcionarios de la Dirección de Investigación Criminalística y Servicios Periciales.

Las sanciones fueron cuatro destituciones, nueve suspensiones del cargo de entre 7 y 45 días, y el resto fueron amonestaciones públicas o privadas y apercibimientos.

Algunos de los expedientes fueron iniciados desde 2013 pero no habían sido concluidos.

Artículo publicado el 20 de enero de 2019 en la edición 834 del semanario Ríodoce.