La disputa por al menos 3 mil millones de pesos del Presupuesto del 2019, tiene en la controversia a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, y sumado al Judicial.

En el centro de la controversia, están los mil 663 millones de pesos que el Grupo Parlamentario de Morena reorientó para atender demandas de trabajadores del sector salud, maestros jubilados del SNTE, pensiones para viudas de policías, el proyecto del Centro de Justicia para Guasave, entre otros; pero también alrededor de mil 350 millones que se etiquetaron en un artículo transitorio, en caso de que el estado reciba recursos excedentes.

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En un hecho inédito en la historia política de Sinaloa, el Poder Ejecutivo ejerció su facultad de vetar la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, aprobada por el Congreso del Estado. Una vez votada por la mayoría de diputados de Morena la madrugada del 1 de enero, el Poder Legislativo la envió al gobernador para su promulgación y publicación, con el fin de que entrara en vigor, pero Quirino Ordaz Coppel no lo hizo, sino que realizó observaciones dentro de los ocho días hábiles que tenía como plazo legal para enviarla de regreso a los diputados.

En apego al marco legal, al no existir un presupuesto en vigor para el año fiscal 2019, la operación del Estado de Sinaloa está siendo sustentada por la Ley de Ingresos y Presupuesto de 2018, a pesar de que van a cumplirse casi dos semanas del nuevo año.

Previo al envío del documento de regreso al Poder Legislativo, el gobernador Quirino Ordaz Coppel y la líder de la bancada de Morena, Graciela Domínguez Nava, sostuvieron un encuentro, en donde no hablaron de números, solo se encontraron para mostrar ambas partes la disposición al diálogo en torno al tema del presupuesto. Ahí, también se hizo en corto, el anuncio de que ese día jueves, cuando vencía el plazo legal, se vetaría el decreto.

La condición que puso Morena es que en la mesa de diálogo sobre el presupuesto hubiese información clara y transparente. El gobierno estatal, la disposición para encontrar los puntos de coincidencia.

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Alrededor de dos horas antes que llegara por escrito al Poder Legislativo la objeción del gobernador sobre el Presupuesto 2019, el Grupo Parlamentario de Morena marcó públicamente su postura sobre los números: Revisarían los decrementos y las partidas, pero no renunciarán a preservar las reasignaciones que se hicieron a favor de los trabajadores de salud, maestros, viudas de policías, universidades y a todos los sectores que les etiquetaron recursos para garantizar su atención.

La postura la basaron en dos puntos centrales. Son añejas demandas sin atender y las reasignaciones no provocan inestabilidad en el presupuesto estatal porque sólo representan alrededor de un 3 por ciento, de un monto total de 54 mil millones de pesos.

Paralelamente, la presidenta de la Comisión de Hacienda en el Congreso del Estado, Victoria Sánchez Peña, quien no compartió la postura del Grupo Parlamentario de Morena, de las reasignaciones, buscó personalmente en la Ciudad de México el respaldo de la dirigencia nacional, para sostener la reasignación de solamente 400 millones de pesos que había trabajado junto con los Grupos Parlamentarios del PRI, PAN y la Secretaría de Administración y Finanzas del gobierno estatal.

Fue notoria la ausencia de la diputada de Morena, Victoria Sánchez Peña durante las dos sesiones anteriores, en una de las cuales, grupos de maestros jubilados y trabajadores de salud gritaron ¡traidores, corruptos!, en repetidas ocasiones a los diputados que votaron en contra de la admisión de la propuesta de reasignación.

En el Grupo Parlamentario del PRI no cayó con agrado la postura de Morena de que existan temas inamovibles, porque consideran que esta actitud no abona en la construcción de acuerdo. La apuesta es que en la nueva mesa de diálogo surja una nueva propuesta sobre el presupuesto.

Sergio Jacobo Gutiérrez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, defendió que la nueva discusión sobre el presupuesto, ahora basada en las observaciones que hizo el gobernador sobre la reasignaciones, debe ser dirigida por la Comisión de Hacienda, y que no se trabaje en una propuesta paralela por la bancada del Morena, como se hizo cuando se propuso la reasignación.

Para el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Jorge Iván Villalobos, si Morena insiste en presentar su “necedad” de reasignaciones presupuestales, sin importar que sean ilegales, será necesario acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El diputado panista respaldó y celebró las observaciones hechas por el gobernador a la reasignación que aprobó Morena.

Quien es además miembro de la Comisión de Hacienda declaró que la postura de Morena obedece a un desconocimiento profundo e ignorancia sobre qué partidas presupuestales se pueden mover, y que hoy en la cruda realidad, están viendo que cometieron un error.

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A diferencia de la primera vez que se votó el presupuesto, ahora el dictamen sobre las observaciones que envió el gobernador deberá contar con el voto de dos terceras partes de los diputados presentes. Ningún grupo parlamentario, ni siquiera Morena como mayoritario, cuenta con el número de legisladores necesarios para sacar adelante una votación por sí sola en caso que todos los diputados asistan.

De acuerdo a la Constitución, una vez votado el gobernador deberá publicarlo inmediatamente, pero si es desechado no deberá presentarse en el actual periodo de sesiones que concluye el último día del mes de enero.

El PAN urgió a que se resuelva la controversia sobre el presupuesto porque podría contaminarse con las coincidencias de las fechas de las comparecencias de los funcionarios con motivo del último informe de gobierno de Quirino Ordaz Coppel.

En el PRI consideran que podrá abonar a favor la cercanía de la visita a Sinaloa a finales del mes de enero del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien no pudiese tener un buen escenario al visitar una entidad en donde no han logrado acuerdos los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial sobre el Presupuesto de este año.

En caso de no existir acuerdos, dos controversias jurídicas pudiesen llegar a los tribunales en forma paralela, por una parte la procedencia o improcedencia para la reorientación de mil 663 millones de pesos, y el destino de los recursos excedentes que pudiese recibir el Estado, por alrededor de mil 350 millones de pesos; y por otra parte, la validez legal del quórum en la sesión de la madrugada del 1 de enero cuando se votó la reserva al dictamen de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2019.

Un diputado de Morena, quien fue amenazado en la sesión del 31 de diciembre, pero que prefiere que su nombre no sea revelado, expresó a Ríodoce, la expectación que existe para lograr las dos terceras parte de la votación que ahora se necesita para votar el tema del presupuesto.

“Cien mil pesos que ofrecían no es nada, es como arrancarle un pelo a un gato comparado con los miles de millones que están en juego. Yo nunca pensé pasar por esto, porque yo nunca he tenido enemigos”.

Presupuesto es una invitación a violar la ley: Quirino

“Es una abierta invitación, por decir lo menos, del Legislador al Ejecutivo a violar la ley” respondió por escrito el gobernador a los diputados de Morena en un documento de 47 páginas que envió al Congreso del Estado.

Más que en los mil 663 millones de pesos reasignados, el mandatario estatal hace énfasis en sus observaciones en los artículos transitorios que se incluyeron en la parte final del decreto para etiquetar los recursos excedentes a los 54 mil millones de pesos previstos en la Ley de Ingresos y Presupuestos de Egresos 2019.

De entrada cuestiona que en el artículo sexto transitorio del decreto que le envió el Congreso del Estado se le haya mandatado que deba hacer adecuaciones a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para hacer la reasignaciones de los mil 663 millones, previo a la publicación.

Responde que como Poder Ejecutivo no tiene la facultad de Legislar, por lo que no tiene facultades para modificar el decreto que fue votado por los diputados.

En su documento el gobernador cuestiona además que “sin fundamento ni motivo válido” se etiquetaron destinatarios por mil 350 millones de pesos en caso de ingresos excedentes, al pasar por encima de las disposiciones de leyes federales como la de Disciplina Financiera de Estados y Municipios, la cual enlista cuales son los rubros a los que debe orientarse.

Precisa que la legislación federal señala que en caso de que existan recursos excedentes de participaciones federales o ingresos propios de libre disposición de las entidades federativas, deberán destinarse al pago a deuda pública, de adeudos fiscales anteriores, pago de sentencias definitivas, aportación de fondos para desastres naturales y pensiones.

Advierte en el documento entregado al Congreso del Estado, que incurriría en una falta de responsabilidad jurídica si se aplica el artículo séptimo transitorio, como le fue enviado, para atender con recursos presupuestales excedentes a la UAS, trabajadores del sector salud, adeudos del programa de vivienda del ISSSTESIN, y al sector social agropecuario.

“Además de tener un potencial de conflicto y descontento social puesto que está generando la expectativa pública de hacer asignaciones millonarias de recursos que eventualmente nunca podrían llegar a existir. No dejamos de advertir que al ser estos temas complejos es difícil que la sociedad los dimensione adecuadamente, pues la lectura llana del artículo y la socialización que se ha hecho ha generado en el imaginario colectivo la idea que se apoyará con recursos a los sectores que en él señalan”, se lee en el documento enviado a los diputados.

“Más allá de moralidad o ética política, como decidir que eso significaría una falta de probidad y de responsabilidad pública”, señala.

Considera indebida la reasignación de los recursos para atender la homologación de la Sección 27 del SNTE por 150 millones y los 600 millones para la homologación salarial de los trabajadores de sector salud, porque en ambos casos la responsabilidad le compete al gobierno federal, no al estatal.

En su respuesta al Poder Legislativo, el gobernador entregó una relación de improcedencia de diversos decrementos que se hicieron al presupuesto estatal que imposibilitarían la operación ordinaria.

Advierte que la disminución del 32 por ciento en el rubro de Servicios Personales significaría despido de personal administrativo; que el decremento del 21.16 en Materiales y Suministros impactaría en la operación institucional ante la falta de insumos, además que el recorte del 38.18 en Servicios Generales ocasionaría el no pago de servicios básicos como energía eléctrica, arrendamientos de locales para oficinas, teléfono, agua, servicios de internet e Impuesto Sobre Nómina.

Artículo publicado el 13 de enero de 2019 en la edición 833 del semanario Ríodoce.