La Fiscalía Anticorrupción falló con el cuarto implicado en las licitaciones a modo para la construcción del tiburonario de Mazatlán.
La Fiscalía no logró que el Juez vinculara a proceso al ex Director de Contratos, Carlos Ramón López Castro.
Lea: Vinculado a proceso, tercer involucrado en colapso del Tiburonario https://bit.ly/2Ha9BTK
En la audiencia inicial, el Juez de Control consideró que no había datos de prueba suficientes y dictó auto de no vinculación a proceso.
Los otros tres involucrados fueron vinculados a proceso en audiencias por separado.
Los acusados son el ex jefe del Departamento de Concursos, Armando Trujillo Sicarios; el ex director de Control Administrativo, Dionisio Sánchez Félix; y el ex jefe del Departamento de Seguimiento Documental de Contratos, José Luis Ulloa Miranda.
El 11 de octubre del año pasado, la Fiscalía obtuvo orden de aprehensión contra López Castro por el delito de ejercicio indebido del servicio público en perjuicio del Gobierno del Estado y la paramunicipal Acuario de Mazatlán.
El ex funcionario promovió un amparo y el Juez de Control concedió una suspensión provisional por lo que no podía ser detenido.
Castro López acudió de manera voluntaria el Centro de Justicia Penal de la Región Centro el 3 de diciembre y solicitó por escrito al Juez la audiencia inicial.
Un día después se llevó a cabo la audiencia en la que el Ministerio Público formuló la imputación y solicitó la vinculación a proceso.
Los abogados del acusado solicitaron al Juez un plazo de 144 horas para aportar datos de prueba a favor de Castro López.
La audiencia continuó el 6 de diciembre y tras analizar los datos de prueba, el Juez dictó el auto de no vinculación a proceso. Por esto, la Vicefiscalía Anticorrupción, cuya titular es Reyna Angulo Valenzuela, presentó un recurso de apelación contra el auto de no vinculación que dictó el Juez.
“Como Fiscalía lo que nos resta es abordar los recursos como en este caso lo hicimos (…) y estamos en espera de que el Poder Judicial lo resuelva”, señaló la titular.
Mencionó que “somos muy respetuosos de los jueces, nosotros acudimos ante el juez con los mismos elementos de prueba que ya teníamos respecto de las otras tres personas y su determinación fue de no vincular”.
A los cuatro ex funcionarios la Fiscalía Anticorrupción los acusa de realizar licitaciones “a modo” para la construcción de la tercera etapa y etapa final del tiburonario.
De acuerdo con la imputación, los cuatro ex funcionarios son los que llevaron a cabo los concursos de licitación y avalaron las propuestas ganadoras.
Peritos revisaron las propuestas técnicas y económicas de las empresas Osuna Osuna Arquitectos y Ecosistemas de México que resultaron ganadoras y determinaron que no cumplían con las bases del concurso de licitación ni con el Reglamento de la Ley de Obras Públicas.
Los encargados del concurso debían desechar las propuestas, pero las avalaron y resultaron ganadoras.
La Fiscalía acusa que con el fallo de los dos concursos de licitación se causó un daño al erario por 34 millones 640 mil pesos.
Con la empresa Osuna Osuna Arquitectos el contrato fue por 15 millones de pesos y con Ecosistemas de México por 19 millones 640 mil pesos.
El Ministerio Público señaló que para la edificación del tiburonario no se hizo un cálculo estructural y se construyó solo con un croquis del armado del estanque, por lo que se tuvo que solicitar una evaluación geotécnica y estructural para nuevos estudios de mecánica de suelos.
Los ex funcionarios involucrados empezaron a ser detenidos en octubre pasado.
El primero fue el ex director de Control Administrativo, Dionisio Sánchez Félix, quien fue detenido en el aeropuerto de la Ciudad de México, cuando regresaba de Ámsterdam.
Sánchez Félix fue el único al que le ejecutaron la orden de aprehensión y detuvieron, ya que el resto de los involucrados promovieron amparos y se presentaron ante el Juez de manera voluntaria.
En noviembre, acudió al Centro de Justicia Penal José Luis Ulloa Miranda, ex jefe del Departamento de Seguimiento Documental de Contratos.
En diciembre se presentó el ex Jefe del Departamento de Concursos y Contratos de la Secretaría de Obras, Armado Trujillo Sicarios, quien actualmente es director de Contratos de la Secretaría de Obras Públicas.
Los tres ex funcionarios fueron vinculados a proceso y el Juez negó la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público, por lo que seguirán el proceso en libertad.
Sin orden de aprehensión
El ex secretario de Obras Públicas, José Luis Sevilla Suárez Peredo; y los constructores del tiburonario promovieron amparos contra la posible orden de aprehensión.
Lea: El colapso del Tiburonario https://bit.ly/2zbyyHc
Los jueces y la Fiscalía General del Estado negaron tener mandamientos judiciales contra ellos y los juicios de amparo se sobreseyeron por inexistencia de los actos reclamados.
En la audiencia inicial del primer vinculado (Dionisio Sánchez Félix) el 25 de octubre, el Ministerio Público formuló la imputación en la que mencionó las licitaciones a modo a favor de las empresas Osuna Osuna Arquitectos y Ecosistemas de México.
Días después, el 6 de noviembre, los representantes de las empresas acudieron al Juzgado Octavo de Distrito con sede en Mazatlán a promover amparos para evitar ser detenidos en caso de tener orden de aprehensión. Ellos son Omar Osuna Osuna, de Osuna Osuna Arquitectos; y Antonio Roberto Becerra González, de Ecosistemas de México.
La demanda de Osuna Osuna señala: “De las autoridades que han sido señaladas como ordenadoras, reclamo: el mandamiento judicial, consistente en la orden de aprehensión que alguna de ellas ha librado en mi contra, dentro de la correspondiente causa criminal o proceso penal cuyo número de identificación desconozco por razones obvias, ignorando igualmente cuál es el hecho criminal por el que (de ser cierto) ha obsequiado el mandato de captura”.
Artículo publicado el 13 de enero de 2019 en la edición 833 del semanario Ríodoce.
