El gobernador Quirino Ordaz Coppel aseguró por escrito al Congreso del Estado que las disposiciones aprobadas en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2019 es una “abierta invitación del Legislador al Ejecutivo a violar la ley”.
En el documento que contiene las observaciones del mandatario estatal, que fueron motivo para que el gobernador no promulgara ni publicara el Presupuesto 2019, señala que las reasignaciones que realizó el Congreso del Estado por mil 663 millones de pesos en el Presupuesto de 2019 fueron realizadas sin fundamento ni motivo válido, además que los mil 350 millones de pesos que se contemplaron en los artículos transitorios para ser aplicados en caso de que se registraran ingresos excedentes, que no se apegan a disposiciones legales federales, tales como la Constitución, Ley de Coordinación Fiscal, y la Ley de Disciplina Financiera para estado y municipios.
El titular del Poder Ejecutivo estatal objetó a los diputados que las asignaciones a recursos excedentes que pretenden destinarse a las instituciones, programas y colectivos trasgreden el contenido de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y los Municipios.
Argumentó que las asignaciones hechas a las entidades federativas, conocidos como gastos etiquetados en el presupuesto, al tener un destino específico en programas federales asumidos localmente mediante convenios de coordinación, son materia de auditoría fiscal. Por lo que “reasignar” en presupuestos locales recursos federales etiquetados podría hacer incurrir en quien lo efectúe en responsabilidades administrativas e incluso de orden penal.
Precisó a los diputados en el documento que el artículo 14 de la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades y Los Municipios que enlista los destinos que debe otorgarse a los recursos excedentes de participaciones federales o ingresos propios de libre disposición de las entidades federativas, entre ellos el pago a deuda pública, de adeudos fiscales anteriores, pago de sentencias definitivas, aportación de fondos para desastres naturales y de pensiones.
La respuesta del gobernador al Congreso del Estado hace énfasis en la falta de responsabilidad jurídica en que incurría, si se aplica el artículo séptimo transitorio de atender con recursos presupuestales excedentes a la UAS, los trabajadores del sector salud, los adeudos del programa de vivienda del ISSSTESIN, y al sector social agropecuario, contemplados en el Presupuesto aprobado por el Poder Legislativo.
“Ademas de tener un potencial de conflicto y descontento social puesto que está generando la expectativa pública de hacer asignaciones millonarias de recursos que eventualmente nunca podrían llegar a existir. No dejamos de advertir que al ser estos temas complejos es difícil que la sociedad los dimensione adecuadamente, pues la lectura llana del artículo y la socialización que se ha hecho ha generado en el imaginario colectivo la idea que se apoyará con recursos a los sectores que en él señalan”, se lee en el documento enviado a los diputados.
“Más allá de moralidad o ética política, como decidir que eso significaría una falta de probidad y de responsabilidad pública”, señala.
Sobre el artículo transitorio que incluye los destinatarios de recursos que tendrían los ingresos excedentes que podría tener el Estado en 2019, señaló que “es una abierta invitación, por decir lo menos, del Legislador al Ejecutivo a violar la ley”.
El gobernador incluyó además una relación de la improcedencia de diversos decrementos que se hicieron al presupuesto estatal, afirma que se incluyeron reducciones que imposibilitan la operación ordinaria, incluso las de carácter prioritario, como seguridad pública, servicios registrales de particulares, de registro civil, salud, educación y otros.
Advierte que la disminución del 32 por ciento en el rubro de Servicios Personales significaría despido de personal administrativo, el decremento del 21.16 en Materiales y Suministros impactaría en la operación institucional ante la falta de insumos, además que el recorte del 38.18 en Servicios Generales ocasionaría el no pago de servicios básicos como energía eléctrica, arrendamientos de locales para oficinas, teléfono, agua, servicios de internet y el Impuesto Sobre Nómina.
Considera indebida la reasignación de los recursos reasignados para atender la homologación de la Sección 27 del SNTE por 150 millones y los 600 millones para la homologación salarial de los trabajadores de sector salud, porque en ambos casos la responsabilidad le compete al gobierno federal no al estatal.
Las observaciones del gobernador incluyen la improcedencia de reducciones mayores a los presupuestado en las secretarías de Administración y Finanzas, Economía, y en Transparencia y Rendición de Cuentas.
