La Secretaría del Trabajo y Previsión Social publicó este jueves 10 de enero en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos básicos de operación de Jóvenes Construyendo el Futuro, el programa para este sector con el mayor presupuesto: 44 mil 300 millones de pesos, un monto superior incluso al presupuesto de la UNAM para 2019.
Aunque los primeros becarios ya fueron seleccionados y hoy arrancará el programa sólo con lineamientos básicos de operación, la dependencia y la Secretaría de Hacienda aun están diseñando las Reglas de Operación del programa, es decir, el documento donde se fijan los criterios de diseño, operación, evaluación, impacto y rendición de cuentas y deberá ser publicado máximo el 28 de febrero, publicó Animal Político.
El programa tiene como meta vincular a 2.3 millones de jóvenes –sin importar su nivel de escolaridad– con empresas pequeñas, medianas y grandes para laborar en diferentes actividades durante un año y a cambio, recibirán una beca por 3 mil 600 pesos mensuales.
Pese a ser uno de los programas prioritarios de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y al monto asignado que significa 40 veces más que el presupuesto de la Secretaría de la Función Pública, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda decidió catalogar este programa con la clave presupuestaria de “subsidio”, lo que permitió evadir, por lo pronto, la emisión de reglas de operación.
López Obrador dijo que se logró un presupuesto de 44 mil millones de pesos para este programa y si se necesita más “vamos a conseguir más recursos”.
La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, dijo que hasta el momento un millón 100 mil jóvenes y 39 mil empresas han mostrado su interés para ofertar cerca de 300 mil vacantes.
Apenas el 8 de enero, Alcalde había anunciado que había 27 mil ofertas de vacantes y 37 mil empresas inscritas.
Animal Político preguntó a Hacienda cuáles fueron los criterios para establecerlo como subsidio y respondió en una ficha informativa que todos los programas presupuestarios catalogados como “otros subsidios” transitarán a la categoría “sujetos a reglas de operación” el próximo mes, porque las reglas aún están “en revisión” en la Secretaría del Trabajo y en la Subsecretaría de Egresos de Hacienda.
Además, iniciar el programa como subsidio permite hacer los ajustes necesarios para posteriormente establecer las reglas de operación que fijarán los criterios de funcionamiento para todo el periodo de funcionamiento del programa. Esto, dice Hacienda, responde “al ciclo de políticas públicas en el que se encuentran los programas para hacer un uso eficiente de los recursos públicos”.
Las reglas de operación en los programas sociales fue una lucha permanente de la sociedad civil, por lo que tener programas de esta magnitud sin ello representa una regresión a los años 70, advierte Lorena Cortés, directora de proyectos de la Consultora Simo que hace análisis para el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros.
Saber cuáles son las “reglas de juego” será indispensable para conocer la población beneficiaria, los objetivos, las metas, los indicadores y sobre todo determinar la eficiencia de un programa que invertirá millones de pesos en un sector vulnerable en el país, dice Cortés.
Sin reglas de operación habría “una obscuridad absoluta en cómo se va a manejar los recursos”, tampoco habría certeza de que el programa no fuese utilizado electoralmente, que justo esa era una de las demandas de la sociedad civil para establecer los criterios de funcionamiento.
Además, también se necesitan establecer los mecanismos de evaluación para saber si el programa estaría cumpliendo con sus objetivos. Y otro aspecto relevante contenido en las reglas de operación son los criterios de actuación de los burócratas encargados de operar el programa porque de lo contrario “no sabrán qué hacer”. Esto significa que las decisiones recaerán en “las personas” y no en procedimientos claros, dice Lorena Cortés.
Los lineamientos
De acuerdo con los lineamientos del programa, el único requisito de elegibilidad es la edad, pues serán considerados todos los jóvenes que tengan entre 18 y 29 años y que no tengan empleo ni estudien. Por lo tanto sólo deberán presentar su credencial de elector y comprobante de domicilio para inscribirse.
Las zonas prioritarias serán los municipios de alta marginación e indígenas, toda vez que, de acuerdo con la OCDE, la población joven que no estudia ni trabaja está concentrada en las zonas de pobreza y pobreza extrema, según se explica en el primer considerando.
En México 22% de la población joven no estudia ni trabaja, lo cual es una cifra superior al 15% promedio entre los países de la OCDE, por lo que este programa es inédito en la región para afrontar el problema.
Respecto a la evaluación, aún en el supuesto de permanecer como un programa de “subsidio”, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (Coneval) tendrá facultades para evaluar su efectividad e impacto entre la población beneficiaria, según se advierte en los lineamientos.
Fuentes del Coneval afirman que arrancar un programa de esa naturaleza sin reglas de operación, si bien no es ilegal, al menos es “poco ortodoxo” debido a que no están informando las “reglas del juego”, los fundamentos, metas ni mecanismos de evaluación y rendición de cuentas al inicio de operación.
Sobre la elegibilidad de las empresas, tampoco se establecen criterios que limiten la participación, sólo tener un “plan de capacitación” que los jóvenes recibirían en el lugar, que puede ser desde una panadería, por ejemplo, hasta corporativos.
