Mientras que la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado presentó un dictamen que incluía la reasignación de 400 millones de pesos en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2019, el Grupo Parlamentario de Morena trabajó paralelamente en la elaboración de una propuesta diferente para reorientar el destino de mil 663 millones de pesos.
Con la diputada de Morena Victoria Sánchez a la cabeza, la Comisión de Hacienda sesionó con estiras y aflojas, para modificar la propuesta original que había presentado el gobernador Quirino Ordaz Coppel, hasta lograr llegar a la cantidad de 400 millones de pesos.
En las reuniones, además de los diputados de la Comisión de Hacienda, participaron activamente el coordinador de Programas del gobierno federal, Jaime Montes y el titular de la Secretaría de Administración y Finanzas del gobierno estatal, Carlos Ortega Carricarte.
El monto a reasignar fue paulatinamente modificándose de menos a más. Las disminuciones presupuestales inicialmente contempladas eran a instituciones como el Instituto Estatal Electoral, la Secretaría de Educación Pública y Cultura, el Tribunal Estatal Electoral y a proyectos de inversión de desarrollo económico, entre otras.
Para lograr aumentar la bolsa de recursos que deberían ser reasignados, el Grupo Parlamentario de Morena, encabezado por la diputada Graciela Domínguez Nava, le recortó a rubros de servicios personales, suministros, transferencias, asignaciones y subsidios, e inversión pública de todas las dependencias del gobierno estatal.
Dentro de las reasignaciones propuestas por Morena destacó la inclusión de 175 millones de pesos al Poder Judicial, el cual había sido disminuido en su iniciativa de presupuesto el Ejecutivo Estatal, que incluso motivó una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La propuesta de Morena, que recibió el voto aprobatorio de 19 diputados, contempló además la asignación de un presupuesto de 12 millones de pesos para el Programa de Homologación de Pensiones para viudas de policías caídos en el cumplimiento de su deber.
Dentro de los mayores montos reorientados destacó el apartado de 150 millones de pesos para Educación, para el Programa de Homologación de Aguinaldos de la Sección 27 del SNTE, además de recursos por 20 millones para la ejecución de laudos sobre el fondo de vivienda de la sección 53 del SNTE.
Otro rubro donde se reorientó el mayor peso de recursos fue Salud, para el Programa de Mejoramiento Salarial de Médicos, Químicos y Enfermeras de la Secretaría de Salud (200 millones de pesos).
A diferencia de la propuesta de la Comisión de Hacienda, se incluyó dentro del gasto de Gobernación, una aportación estatal para la construcción del Centro de Justicia Penal en la ciudad de Guasave (100 millones de pesos), la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas (10 millones), y la Comisión Estatal de Atención Integral de Víctimas (10 millones).
El líder de la bancada priísta, Sergio Jacobo, advirtió que en Sinaloa se quiere instalar la práctica de los “moches”. Es falso, aseguró, que esta reasignación que están planteado sea en los ciudadanos, es una propuesta pensada con un criterio totalmente “clientelar-electoral”.
En Desarrollo Social, la propuesta de Morena etiquetó recursos para un Programa Especial de Atención a Personas Desplazadas por la Violencia (30 millones), y para la Atención de Indígenas Tarahumaras del Municipio de Sinaloa (11 millones).
También se incluyó la asignación adicional de 2 millones de pesos a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos; fondos para la Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de Protección de Víctimas (10 millones), y para el Fondo Estatal de Apoyo a la Ciencia, Tecnología e Innovación (7 millones), entre otros.
Dentro de los artículos transitorios, se incluyó la especificación de que en caso de que el Estado logre recursos presupuestales mayores a los 54 mil millones de pesos estimados en 2019, se destinarán a cinco prioridades.
En primer lugar colocó a la Universidad Autónoma de Sinaloa, pero le condicionó la entrega de 150 millones de pesos adicionales, a que en el primer trimestre la institución presente un programa de austeridad y transparencia.
En segundo sitio colocó la entrega de 600 millones de pesos a la Secretaría de Salud para la homologación salarial de los trabajadores del sector.
En tercera prioridad, al Programa de Vivienda de ISSSTESIN (400 millones), y para cubrir adeudos de jubilados de la sección 53 del SNTE (200 millones).
Jacobo Gutiérrez declaró estar preocupado porque un grupo de diputados de Morena ha actuado con total ignorancia, arbitrariedad e irresponsabilidad sobre el tema del presupuesto 2019, y acusó que existe la pretensión de gobernar desde el Poder Legislativo, lo que constituye una verdadera intromisión al Poder Ejecutivo.
Criticó que se recortó al gasto productivo para reasignar el gasto corriente, por ejemplo, destinar 600 millones de pesos para atender los reclamos de la homologación de los trabajadores federales del sector salud y educativo, quienes tienen demandas legítimas, pero no le corresponde resolverlos al gobierno estatal.
Presupuesto a juicio
La salida en bloque de 17 diputados del PRI, PAN, PRD, PT y tres de Morena, en la sesión de la madrugada del 1 de enero, puso en la controversia legal la validez de la votación de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2019.
Al momento existen dos discusiones paralelas. Por una parte, la justificación de las reasignaciones de mil 663 millones de pesos, en lugar de los 400 que había propuesto originalmente la Comisión de Hacienda; y por otra, la legalidad de la votación de esta reasignación.
De acuerdo al artículo 117 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, se requiere la concurrencia de más de la mitad del número total de diputados. La sesión extraordinaria inició el 31 de diciembre con la asistencia de 36 legisladores, con lo que se lograba el quórum legal. Ausentes estuvieron los diputados de Morena, Rosa Inés López Castro, Florentino Vizcarra Flores y Mariana Rojo, y Karla Montero del PES.
Tras la instalación de la sesión, poco después de las 11:00 de la mañana, el presidente de la Mesa Directiva, Marco César Almaral Rodríguez, decretó un receso indefinido. Trascendió que no había acuerdos sobre el Presupuesto 2019, menos un dictamen, a pesar que la última reunión había concluido a las 4:00 de la mañana de ese lunes.
El receso indefinido se prolongó por alrededor de 11 horas al reanudarse la sesión cerca de las 10:00 de la noche. Se aprobó en lo general la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2019 presentada por la Comisión de Hacienda, pero la controversia inició cuando la diputada de Morena, Flora Miranda Leal reservó para la votación en particular, una reasignación de mil 663 millones de pesos.
La discusión en lo general había estado salpicada de denuncias de presión e intimidación que habían tenido los diputados de Morena para aprobar el dictamen tal cual había sido presentado por la Comisión de Hacienda.
En plena discusión del Presupuesto, el diputado de Morena, Pedro Villegas Lobo, denunció en tribuna que le ofrecieron 100 mil pesos mensuales a cambio de su voto.
“Nunca pensé que podría pasar por una situación así, yo pensé que era algo ficticio, pero es increíble que lleguen a mi oficina y me llegue una persona y me diga: te vamos a dar 100 mil pesos mensuales para que votes en contra de tu grupo parlamentario”.
Frente a sus compañeros legisladores, cuestionó si acaso 100 mil pesos valen la pena por traicionar al pueblo. “Por supuesto que no”, afirmó.
“Hasta amenazas de muerte de compañeros que no pudieron venir, los hemos tenido que afrontar los Grupos de Morena”, al manifestar que pese a ello estaban firmes en que los recursos deberían ser utilizados para las causas que son realmente necesarias.
Lobo comentó a Ríodoce que en una reunión previa al acuerdo del Congreso, los diputados morenistas discutían su posición ante el delegado Jaime Montes, donde dio a conocer que habían tratado de sobornarlo. La Diputada Victoria Sánchez argumentaba tener instrucciones de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de “olvidar los colores” y aprobar el presupuesto tal como lo había enviado el Ejecutivo. Pero salimos a defender nuestra postura.
La propuesta presentada a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, en clara oposición a la de la Comisión de Hacienda, presidida por la diputada morenista Victoria Sánchez, no fue del agrado de ésta ni de los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PT.
La primera votación reglamentaria para decidir sobre la admisión de la propuesta de la diputada Flora Miranda, constituyó el primer adelanto de la aritmética política de esa noche que ya se había convertido en la madrugada del 1 de enero. La votación fue el preludio. Con la votación mayoritaria —19 a 17—quedó aceptada la propuesta, pero se activó el plan “b”, que previamente se había pactado entre los legisladores que estaban a favor de la propuesta original que había dictaminado la Comisión de Hacienda, aunque no habían firmado dos de sus integrantes, los diputados de Morena Horacio Lora Oliva y Marco Antonio Zazueta.
El plan “b” consistía en romper el quórum. Una vez concluida la votación por la admisión de la reasignación de mil 663 millones, salieron en bloque los 17 diputados para que quedaran en el salón de sesiones solamente 19 legisladores.
Esa madrugada salieron, en forma simultánea, los ocho diputados del PRI, dos del PAN, dos del PT y uno del PRD; tres de Morena, y el legislador independiente.
La sesión no se detuvo, siguió su marcha y se tomó la votación sobre la propuesta presentada de reasignación, con la que se modificaba la presentada por la Comisión de Hacienda. Se sumaron 19 votos a favor, el voto fue unánime, declaró en tono festivo el presidente de la Mesa Directiva, Marco César Almaral, en medio del festejo del Grupo Parlamentario de Morena.
Por lo hechos, el Grupo Parlamentario del PRI, advirtió el día 2 de enero, que echará abajo la reasignación de los mil 663 millones de pesos dentro de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2019, porque fue un acuerdo ilegal, al no cumplirse el quórum legal de la mitad más uno del total de diputados que exige la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es decir, 21 legisladores.
El líder de la bancada del PRI, Sergio Jacobo Gutiérrez, dijo que se presentará un recurso de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En contraparte, el Grupo Parlamentario de Morena asegura que la votación sí es válida. “Abandonaron la sesión con esa intención pero no lo consiguen. Había 36 diputados y la ley te marca que es con los diputados presentes, la mitad son 18, y 19 es la mitad más uno, por lo que la votación es válida”, argumentó el diputado Marco Antonio Zazueta.
De acuerdo con el artículo 208, todas las votaciones de cualquier clase se verificarán a mayoría absoluta de votos con los diputados que se encuentren presentes en el momento de la votación, si forman quórum, a no ser en aquellos casos en que la Constitución o esta Ley señalen otra forma.
En caso de irse el tema a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Grupo Parlamentario de Morena ya tiene un argumento sobre quién incurrió en un incumplimiento de la Ley.
De acuerdo con los diputados de Morena, Beatriz Adriana Zárate y Francisa Abelló Jordá, así como Horacio Lora Oliva, Marco Antonio Zazueta y Apolinar García Carrera, quienes incumplieron con la obligación legal y parlamentaria la madrugada del martes, fueron los 17 diputados que abandonaron la sala de sesiones.
Citan los artículos 19, fracción V y 124, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, que obliga a los diputados no solamente a asistir puntualmente a las sesiones, sino a permanecer en ellas hasta su conclusión.
Aunque ya fue votada a favor por el Congreso del Estado, la referida ley no ha entrado en vigor porque no ha sido publicada en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa.
Se desconocen los caminos legales que pudiese tomar el gobernador frente a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, que tiene reasignaciones por mil 663 millones que no tenía contemplados en la propuesta original que entregó al Poder Legislativo.
El documento fue fechado el 31 de diciembre, pero entregado al Poder Ejecutivo estatal el 2 de enero de 2019 a las 9:12 de la mañana.
De acuerdo a la Ley Orgánica del Congreso del Estado, una vez aprobado un proyecto de Ley debe remitirse al Ejecutivo estatal, quien si no tuviese observaciones lo deberá promulgar inmediatamente.
El gobernador tiene ahora ocho días hábiles a partir de la fecha que recibió el Presupuesto 2019 para hacerle observaciones y regresarlo al Poder Legislativo, en caso que no lo publique inmediatamente.
La Constitución Política del Estado de Sinaloa señala que cuando una ley sea desechada en su totalidad o en una parte por el gobernador, será devuelto al Poder Legislativo con observaciones, para que se estudie nuevamente, pero ahora deberá ratificarlo con el voto de dos terceras partes de los diputados presentes, para posteriormente remitirlo al Poder Ejecutivo para su inmediata promulgación.
Artículo publicado el 6 de enero de 2019 en la edición 832 del semanario Ríodoce.
