El Grupo Parlamentario de Morena intentó que el gobernador Quirino Ordaz Coppel viajara solo en aeronaves comerciales, como lo hace el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero cedió a la petición del Grupo Parlamentario del PRI, de que no se le limitara el uso de aeronaves oficiales.

Inicialmente los diputados de Morena habían presentado una iniciativa de Ley de Austeridad que señalaba que los servidores públicos no podrían disponer de aeronaves oficiales o mediante alquiler para sus traslados, sino solamente aeronaves comerciales, sin embargo, el dictamen aprobado por el Pleno incluyó un párrafo adicional para que el gobernador pudiera disponer de un inventario básico de aeronaves oficiales que posibilite su operación en asuntos esenciales.

A cambio, en la Ley de Austeridad se incluyó un artículo transitorio en el cual el gobernador tendrá un plazo de 30 días a partir de que entre en vigor la ley, para que desincorpore o dé de baja para su enajenación las aeronaves, con excepción de las vinculadas a tareas de seguridad pública, atención de desastres naturales y de asistencia social.

Desde el inicio de la presente Legislatura, el Grupo Parlamentario de Morena anunció que buscaría expedir una Ley de Austeridad del Estado de Sinaloa, como parte de una política a nivel nacional para erradicar los privilegios de los altos funcionarios, los cuales  constituyen fuga de recursos en la operación de los gobiernos y la administración pública.

La inclusión de las observaciones de la bancada del PRI, permitió que la Ley de Austeridad fuese aprobada por unanimidad en la sesión del Pleno, sin ningún debate en tribuna.

La nueva legislación aplicará para todos los Poderes del Estado, los gobiernos municipales y los organismos autónomos.

Sergio Jacobo Gutiérrez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, aseguró que en materia de austeridad Sinaloa tiene un camino andado porque desde que inició el gobierno de Quirino Ordaz Coppel, se decretó un programa de austeridad que ha permitido tener ahorros en los recursos públicos.

El legislador recordó que cuando fue secretario particular del gobernador, usó su propio celular, no tenía chofer ni “guarura”,  al igual que todos los funcionarios de primer nivel.

“Lo que hace esta ley es fortalecer algunas de estas acciones, incluso yo diría que el decreto de austeridad que tiene el gobernador en algunos temas va más allá incluso de lo que está estableciendo esta nueva ley. Claro, el gobernador no va a derogar ese decreto, esas normas y disposiciones van a seguir aplicándose”.

Jorge Iván Villalobos, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, coincide que el gobierno estatal ya venía aplicando una serie de ahorros, el cual desde el inicio eliminó el uso de suburbans y “guaruras”, así como una serie de gastos suntuosos.

Celebró que con la nueva Ley de Austeridad será aplicable no sólo al Poder Ejecutivo, sino también al resto de los poderes, incluyendo además a los organismos autónomos.

De acuerdo a la Ley de Austeridad, durante los primeros 30 días del ejercicio presupuestal de cada año, los entes públicos elaborarán su Programa de Reducción y Ahorro en todas sus áreas, particularmente en los rubros de servicios telefónicos, consumo de electricidad, agua potable y combustibles, servicio de internet, fotocopiado, papelería, materiales y suministros en general.

Las diferencias de La Ley y el Decreto

La nueva Ley de Austeridad contempla la eliminación de pagos de servicios médicos privados para el personal de mandos medios y superiores, los gastos de representación, la creación de nuevas plazas en mandos medios y superiores, la utilización de recursos del erario para financiar planes de crédito para adquirir vehículos propiedad de servidores públicos, así como el uso de los vehículos oficiales para ser destinados al uso particular o familiar.

El decreto del gobernador Quirino Ordaz Coppel, publicado en el Diario Oficial, en enero de 2017, fue anunciado en su  momento para aplicar medidas de disciplina en el gasto.

A diferencia de la Ley de Austeridad, el decreto del gobierno estatal contempló que las adquisiciones, arrendamientos y contrataciones de servicios, y de obra pública, deberían sujetarse al decreto de Austeridad.

En otro punto el decreto exime de justificante a los servidores públicos, el no realizar licitaciones públicas argumentando que son de carácter urgente, en el caso de caso de adquisición de bienes, obras, servicios, o realización de proyectos o programas.

Mientras que el decreto del gobernador señala que los ahorros producto de las medidas de austeridad serían orientadas a disminuir la presiones financieras del Estado, y serían reportados trimestralmente a los titulares de la dependencias de la Secretaría de Administración y Finanzas, en  la Ley de Austeridad aprobada señala que los recursos que resulten de las economías presupuestales, serán reasignadas a programas sociales relacionados con salud, educación, seguridad pública y atención de situaciones de emergencia.

También se establece la meta de lograr un ahorro del 30 por ciento en el consumo de combustible y mantenimiento vehicular, con excepción de los programas de salud, seguridad pública y procuración de justicia, derivado de la sustitución por vehículos austeros y con características de alto rendimiento de combustible, así como la instalación de chip y bitácora en cada uno.

En una extensa lista de disposiciones en el decreto de austeridad del gobierno estatal, se incluyen códigos de conducta y de buenas prácticas para los servidores públicos, recursos financieros, servicios personales, recursos materiales y servicios generales, y gastos de operación.

Aunque del decreto de austeridad señala que los gastos de Comunicación Social  deberían reducirse al mínimo, en el 2018 los gastos en este rubro registrados eran de 261 millones de pesos, aunque sus compromisos de pago alcanzaban los 369 millones, lo que supone que para el cierre del presente año se llegaría al doble gastado en 2017.

En la Ley de Austeridad se contempló la disposición para que los Poderes del Estado, los Ayuntamientos, los organismos autónomos, y todos los entes públicos, limiten sus gastos de comunicación y publicidad oficial gubernamental por cualquier medio, debiendo ajustarse a los recursos asignados en sus presupuestos de egresos.

A diferencia del decreto de Austeridad del Gobierno Estado, la Ley de Austeridad contempla un capítulo de responsabilidades y sanciones para los servidores públicos que incumplan con las disposiciones previstas.

Artículo publicado el 30 de diciembre de 2018 en la edición 831 del semanario Ríodoce.