En caso de Miroslava Breach, la FEADLE no establece la política como línea de investigación

miroslava breach

La Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) no ha podido establecer a la política como línea de investigación en el asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea, aún cuando sigue abierta.

“Para nosotros es una línea de investigación importante, estamos recabando investigación del caso y una vez que se concluya y haya elementos suficientes para la imputación, se procederá, del partido que sea, ese no es factor para nosotros”, declaró a Proceso, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, titular de la FEADLE.

A un año de que fue presentado ante un juez Juan Carlos Moreno Ochoa el Larry, el único detenido por el homicidio de la periodista, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, titular de la Feadle, señaló que pese a que dicha línea no se ha podido establecer como la principal, continúa abierta.

La primera investigación del caso de la corresponsal de La Jornada en Chihuahua, fue realizada por la Fiscalía General del Estado y hoy hace un año que presentó al imputado ante el juez José Napoleón Raya Valdés, quien le dictó vinculación a proceso con medida cautelar de prisión preventiva.

Al día siguiente, el juez vinculó a proceso al imputado por homicidio calificado. Durante la audiencia, se reveló que presuntamente Moreno Ochoa coordinó el operativo de asesinato de Breach Velducea, quien denunció en su trabajo periodístico, la ocupación de los cárteles de la droga de municipios de la Sierra Tarahumara a través de narcopolíticos.

De acuerdo con testigos protegidos, la periodista originaria de Chínipas, publicó sobre el precandidato del PRI a la presidencia municipal de Chínipas (ubicada en la Sierra Tarahumara, colindante con el estado de Sonora), Juan Salazar Ochoa, quien estaba relacionado con el cártel que controla esa región, lo que podría haber detonado su asesinato, señala Proceso.

En ese momento gobernaba Chínipas el panista Hugo Amed Schultz, quien solicitó apoyo al PAN estatal porque integrantes del cártel de Los Salazares, quienes controlan el municipio, lo culpaban de haber filtrado la información de la relación del precandidato con el cártel.

Y es que una vez que La Jornada y Proceso hicieron público un reportaje de precandidatos relacionados con grupos delictivos, el PRI los quitó y los suplió por otras personas, en los municipios de Chínipas y en Bachíniva.

El PAN estatal apoyó a Hugo Schultz con la grabación de llamadas a periodistas de ambos medios de comunicación, para desvincularlo de la acusación de los narcotraficantes. Las llamadas las hizo el vocero estatal del PAN, Alfredo Piñera Guevara, quien preguntó las fuentes de información.

Piñera fue entrevistado por el Ministerio Público en calidad de testigo protegido y confesó haber grabado por solicitud del entonces secretario general del partido. Ese cargo era ocupado por José Luévano, quien actualmente es secretario particular del gobernador Javier Corral Jurado.

A su vez Hugo Schultz declaró que él pasó los audios a integrantes del grupo delictivo, por presión. Hasta ahora no hay ninguna sanción, ni administrativa, contra los panistas. Piñera y Luévano continúan en sus cargos, indica Proceso.

La investigación realizada por la Fiscalía estatal apuntaba a la hipótesis de que la periodista fue asesinada por sicarios del grupo Los Salazares, que pertenece al Cártel de Sinaloa

En diferentes declaraciones, familiares y otros periodistas dijeron que Miroslava Breach recibió amenazas por sus notas sobre los precandidatos a presidentes municipales.

El Ministerio Público informó en la audiencia, que durante el cateo a la casa de Jaciel Vega (hoy prófugo de la justicia y quien presuntamente manejaba el vehículo en el que llegaron a asesinar a la periodista), se encontraba el automóvil donde se fugaron, así como una laptop que contenía audios con las llamadas mencionadas.

Desde hace un año se mencionó que el único detenido podría alcanzar de 50 a 70 años de prisión, dato que confirmó la FEADLE en octubre pasado.

La Procuraduría General de la República (PGR) atrajo el caso en marzo de este, año, a través de la FEADLE.

El pasado 3 de diciembre realizaron la audiencia intermedia, que consiste en presentar las pruebas ante la jueza federal, para que ésta indique cuáles pasan al juicio oral y cuáles no.

La jueza Cristina Lozoya resolvió dar otro año para el periodo probatorio de la responsabilidad o no de Juan Carlos Moreno y porque existe un amparo en curso, promovido por la defensa del imputado, que se encuentra en revisión.

En esa audiencia, el abogado de el Larry, Jesús Enrique Valencia Díaz, solicitó el testimonio del exalcalde de Chínipas, Jesús Ramón Quinto Agramón  Varela – quien suplió a Juan Salazar Ochoa, para que sea tomado en cuenta como testigo de descargo para deslindar a Juan Carlos Moreno del homicidio.

Además, solicitó que sean admitidos también como testigos de descargo, al profesor Manuel Morales Chavira, Jesús Quinto Varela Agramón y Javier Velducea Velducea, quien fue regidor en la administración de Varela y también es profesor.

Supuestamente, los tres desayunaron con Moreno Ochoa en la cafetería de la señora Hilda Palafox a la hora y día del crimen, el 23 de marzo de 2017, antes de las 6:45 horas.

En entrevista con Proceso, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, aseveró que el caso está sólido, están listos para entrar a la etapa en la que se desechan y se sostienen pruebas, para que el juez emita la resolución definitiva.

El fiscal especializado dijo que el trabajo de la Fiscalía de Chihuahua fue adecuado y admitió que la FEADLE reunió otras periciales y testimonios, que prefirió no detallar porque el juicio está en proceso.

Sánchez Pérez del Pozo explicó que han fortalecido la información y las pruebas sobre la estructura criminal a la que pertenece el imputado y que van muy avanzados en la investigación.

En cuanto al testimonio del exalcalde y los otros dos testigos de descargo que solicitó la defensa, el funcionario federal indicó que sus declaraciones no podrían ser utilizadas ya sea a favor o en contra de Moreno Ochoa, ya que el Ministerio Público federal puede solicitar interrogarlos.

El titular de la FEADLE insistió en que tienen información relevante y aseguró que tienen firme su estrategia de litigio.

La FEADLE presentó ante la jueza Cristina Lozoya, las declaraciones de 50 testigos (la mayoría recabadas por la FGE de Chihuahua), 12 peritajes especializados, 24 pruebas documentales entre estos, los videos de los hechos.

Los representantes de la organización coadyuvante Propuesta Cívica, Sara Mendiola y Víctor Martínez Villa, solicitaron a la juzgadora que llame al agente Andrés Torres, quien participó en el cateo de una vivienda de uno de los presuntos involucrados el 26 de marzo, en el fraccionamiento Villas del Rey.

También solicitaron el testimonio de la agente del Ministerio Público, Marisela Turrubiate, quien participó en otro cateo de la vivienda ubicada en la calle Arroyo Sacramento del fraccionamiento Quinta Balboa, donde se hospedó Moreno Ochoa antes y después del asesinato, así como al fiscal general de Chihuahua, César Augusto Peniche Espejel.

Miroslava  Breach fue asesinada a balazos a las 7:06 horas del 23 de marzo de 2017 cuando esperaba, a bordo de su camioneta, a su hijo  Carlos para llevarlo a la escuela. Dos sujetos  que tripulaban un vehículo Malibu Chevrolet gris, estaban ahí, con la orden de asesinar  a Miroslava.

 

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16 de JUNIO del 2019
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