Los 39.4 millones de pesos pagados a despachos jurídicos durante el periodo de gestión de Joel Boucieguez destapó otra cloaca en la comuna mazatleca.

Y es que durante la conferencia de los miércoles, el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres cuestionó los gastos exorbitantes en ese rubro del que la administración pública tuvo cero beneficios.

“No sé qué sucedió pero había un sobrino incómodo muy peligroso, ojalá pudiéramos tener pruebas para hacer lo que tenemos qué hacer”, dijo.

Durante el periodo de Fernando Pucheta Sánchez, se le señaló por haber asignado a su sobrino Guillermo Quintana Pucheta como director de Gobernación y Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Mazatlán, a quien al ser cuestionado no sólo lo defendió, sino ratificó en el cargo aduciendo que tenía la capacidad y experiencia para desempeñarse en dicha área, pero Benítez Torres no lo mencionó, sólo hizo referencia al “sobrino incómodo”.

Del trienio 2014-2016 de Carlos Felton González, se señaló que por el mismo concepto el gasto ascendió a 28.9 millones de pesos.

Con Fernando Pucheta Sánchez, en 2017 el monto fue de 15.6 millones de pesos, mientras que con Joel Boucieguez se disparó a 39.4 millones de pesos.

El secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura, informó que hay 35 despachos dados de alta como prestadores de servicios que están bajo investigación en la Auditoría Superior del Estado (ASE).

La lista detallada con los nombres y contratos de esos prestadores de servicios se mantiene bajo reserva, toda vez que son investigados por la fiscalía y la ASE, precisó.

“Son 39 millones que ejercieron de 2017 a 2018 de despachos o prestadores de servicios jurídicos que el saldo fue negativo y nulo; no obtuvo ningún beneficio el municipio pagando esos despachos, al contrario, fuimos condenados a pagar 140 millones de pesos solo por un asunto”, señaló.

Alguno de esos despachos que se contrataron son de Mazatlán, agregó.

Flores Segura dijo que ya son más de 180 denuncias que él y el alcalde han remitido a la síndica procuradora Elsa Bojórquez y a la fiscalía para que den seguimiento ante la ASE de las irregularidades que han encontrado en todas las áreas de la comuna.

Un antecedente

En el trienio de Carlos Felton, el Ayuntamiento de Mazatlán decidió contratar los servicios de una abogada graduada en 2011 de la Universidad Autónoma de Guadalajara para que se enfrentara al despacho jurídico Álvarez y Asociados, que litiga desde 1986.

La propuesta fue hecha por la Secretaria del Ayuntamiento, Rosario Torres Noriega, el 25 de junio de 2015, según consta en el Acta de Sesión 058/2015 del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Ayuntamiento de Mazatlán.

La Secretaria del Ayuntamiento pidió que fuera contratada Aida Pamela Durán Chío, cuyo pago por los servicios encomendados fue de 45 mil pesos más IVA por cada amparo y la cantidad de 80 mil pesos más IVA por cada juicio de Acción Colectiva, dando una totalidad de 465 mil pesos más IVA, contrato que suma al final 539 mil 400 pesos, “para lograr una pertinente defensa y proteger los intereses del municipio de Mazatlán”, según quedó asentada en el acta.

Servicios contratados

A través de solicitudes de acceso a la información, se pidió al municipio informara los despachos y/o consultorías que tenía contratadas por cada dirección, pero la mayoría de las áreas respondieron que no contaban con contratos externos. Después de un recurso de revisión interpuesto, finalmente la Comuna reveló algunos datos:

• La Unidad de Inversión contrató servicios profesionales para la implementación de tecnologías con software para la Evaluación, Análisis y Control de Proyectos, del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre del mismo año, al proveedor Hugo Alberto Ruiz Quintero, por 37 mil 526 pesos mensuales, es decir 450 mil 312 pesos en total.

• La Secretaría del Ayuntamiento reveló —a través de una solicitud de información que derivó en el recurso de revisión RR00019517— que del 1 de enero de 2017 al 31 de octubre de 2018 contrató a los siguientes proveedores:

Arturo Mejía Mora
Concepto: Contrato de servicios profesionales de un perito valuador. El monto devengado hasta el primer trimestre del 2018 era de 518 mil 888.06 pesos y se especificó que los honorarios dependerían de los avalúos que realizaran en ese periodo.

José Luis Polo Palafox
Concepto: Contratación de prestación de servicios de asesoría legal del 1 de enero de 2017 al 31 de octubre del 2018, por un importe mensual de 58 mil pesos, devengando hasta el primer trimestre del 2018: un total de 406 mil pesos

Domingo Zambrano Contreras
Concepto: Prestación de servicios profesionales para brindar asesoría legal en trabajos realizados para la elección de síndicos y comisarios del Ayuntamiento, del 1 de enero de 2017 al 13 de abril del mismo año, por un monto de 116 mil pesos como pago único.

Comparsas para el fraude: José Flores

El secretario del Ayuntamiento José Flores, consideró que los aranceles de los despachos son excesivamente caros y que existe una ley desfasada que debe ser actualizada por los legisladores a propuesta de los cuerpos colegiados.

“Urge legislar sobre los aranceles que tienen derecho a cobrar los abogados para tener un parámetro y no pasar por este tipo de situaciones”, indicó.

Es muy baja la tasa arancelaria, reconoció, pero tampoco es justo que se le cobre al municipio montos tan altos.

—¿Qué función desempeñó entonces la Dirección de Gobernación y Asuntos Jurídicos en estos periodos que detectaron gastos excesivos por la contratación de despachos?

—Hizo una función de fauna de acompañamiento, ¡nada!, nada más de hacer caravana, comparsa, cuando se supone que somos los que estamos cuidando eso.

Flores Segura cuestionó que se haya contratado a un despacho para cobrar el predial, y que se haya incurrido en omisión de muchos casos que hoy le están costando a las arcas municipales.

Dijo que corresponde a Elsa Bojórquez y Rafael Padilla, síndica y fiscal respectivamente, informar los tiempos en los que darán resultados de las más de 180 denuncias que en tan solo mes y medio se les han hecho llegar sobre éste y otros temas, entre ellas las detectadas en la entrega-recepción.

Artículo publicado el 23 de diciembre de 2018 en la edición 830 del semanario Ríodoce.