El Güero, conocido también como el Barrio, se sentó justo atrás del conductor del auto de alquiler, a su diestra un menor de edad, y como copiloto del taxista, otro adolescente. En un movimiento rápido, el pasajero trasero tomó por el cuello al guía, obligándolo a recostarse hacia su derecha, mientras el tercer chaval desenfundaba de sus bolsillos un picahielo hechizo y lo clavaba en el pecho y rostro a su víctima. Lo hizo tantas veces que la pica se dobló. Pero no quedó conforme, a tal grado que su cómplice le entregó una navaja y continuó tasajeándolo hasta que la mano le dolió.
El Güero, como relevo sangriento, continuó con la saña y en cinco ocasiones le hundió en el vientre la navaja al taxista, hasta que pensó que lo había matado. Luego, los tres pasajeros se dividieron el botín. Unos 3 mil 300 pesos y dos celulares.
Abandonaron a su víctima en la esquina de Huinolo y Baynoro, en el fraccionamiento Las Cerezas, y se fueron caminando hacia la casa del Barrio, en la calle Ciruelas. Desde allí pidieron otro taxi y desaparecieron en la penumbra de las colonias, para reaparecer en la esquina de Pedro Anaya y Niños Héroes y reiniciar sus vidas como si nada hubiese sucedido.
En la esquina, José Antonio Briceño Camacho, un chofer de segunda generación y veterano con más de 30 años de militancia en la Unión de Trabajadores del Volante del Norte de Sinaloa descendía del taxi 266, línea Versa de Chevrolet, color verde y modelo 2018. Trastabilló, gritó, tocó puertas, ventanas, pero nadie lo auxilió. Se desangró hasta morir frente a la casa marcada con el número 2469. Así lo encontraron policías preventivos la madrugada del 16 de julio del 2018.
Este jueves (13 de diciembre), Luis Fernando N, el Güero o el Barrio, aceptó sin siquiera inmutarse, sin una mueca en su rostro, y con una mirada que provoca miedo, la pena de 22 años de cárcel y el pago de 460 mil pesos como reparación del daño y gastos funerales de su víctima, el taxista. La sentencia la había negociado con la Fiscalía General de Justicia para concluir en procedimiento abreviado la causa penal 758/2018 que se desahogó en la sala B del Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Norte por la imputación de homicidio agravado con premeditación y ventaja, a propósito de un robo en agravio de Briceño Camacho.
De no haber negociado, habría enfrentado un juicio oral en donde tenía posibilidad de ser sentenciado hasta 50 años de cárcel por el asesinato.
La sentencia causó estado el pasado viernes, cuando fue leída y explicada.
Aunque Luis Fernando quedaba sentenciado, el expediente no estaba concluido pues su cómplice en la planeación del crimen, Agustín N, el Chino no negoció sentencia por recomendación de su abogada defensora.
De acuerdo con lo explicado en el caso por el Agente del Ministerio Público del Fuero Común, el Chino, el Güero o el Barrio y dos menores más se habían drogado y planeado asesinar y robar al primer taxista que se les atravesara en el camino.
Esa noche eligieron uno, pero no consumaron el ataque porque un segundo taxista lo secundaba, decidiendo abortar el hecho. Pero esperaron una segunda oportunidad. Esta les llegó de improviso, cuando el taxi Versa retornaba del fraccionamiento Valle de la Rosa. El Chino le hizo la parada, y los restantes tres amigos desplegaron su plan. Se sentaron en los asientos que se designaron, y cuando el conductor iniciaba la marcha perpetraron el ataque.
Mientras dos lo herían de muerte, el segundo adolescente tomó el volante y condujo sin rumbo por la colonia Burócrata, carretera Los Mochis-Topolobampo, enfiló al ejido Ricardo Flores Magón para detenerse en el fraccionamiento las Canteras, en donde abandonaron el taxi. El conductor declaró que escuchaba cómo el taxista era atacado y sus quejidos, pero nada lo inmutó.
La cuarteta continuó con su vida natural, mientras los investigadores ataban los cabos que estos habían dejado sin unir.
Así, poco a poco fueron reuniendo pistas hasta que los ubicaron, apresaron y procesaron. Hoy, uno está sentenciado y otro está procesado.
—¿Qué pasó con los menores de edad? —se le cuestiona a uno de los investigadores del caso.
Y responde a condición de no ser identificado: Se dio vista al Sistema de Justicia para Menores. Están siendo juzgados en ese lugar.
—¿Están libres?
—No creo, pero no lo sabemos a ciencia cierta. Ellos se tratan aparte. El juicio debe ser en Culiacán. Aquí no hay centro de internamiento.
—¿Se trata de un caso cerrado?
—Para nosotros sí.
Artículo publicado el 23 de diciembre de 2018 en la edición 830 del semanario Ríodoce.
