La Organización No Gubernamental (ONG) R3D, Red en Defensa de los Derechos Digitales, se inconformó contra la decisión del Instituto de Acceso a la Información Pública que opta por reservarse, por razones de seguridad nacional, el derecho de hacer pública la información relacionada con el malware Pegasus, tras las denuncias hechas por periodistas y defensores de los derechos humanos que presuntamente fueron afectados por los servicios de espionaje del Gobierno Federal desde el año pasado.

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La Red R3D le solicitó al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (INAI), desechar cualquier decisión que se incline a ocultar, por parte del Gobierno Federal, toda información detallada que restringa el derecho a conocer el modus operandi de este sistema de espionaje, quiénes participan o participaron en él y toda información que permita esclarecer el caso que evidenció la persecución en contra de activistas y periodistas disidentes durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

En un comunicado, la organización no gubernamental pidió al INAI no recurrir la sentencia en torno al amparo 591/2018 otorgado a la organización, con la que se considera como pública la información contenida en los documentos sobre el malware Pegasus.

La organización consideró contradictorio que el instituto se haya expresado a favor del esclarecimiento de la contratación irregular y el abuso en el uso del malware Pegasus en contra de periodistas, activistas y personas defensoras de derechos humanos, pero al mismo tiempo avale que se testen los datos del contrato entre la Procuraduría General de la República (PGR) y la empresa israelí NSO Group.

En su cuenta de twiter, R3D señala: “Hacemos un llamado al @INAImexico a no recurrir la sentencia que indica que toda la documentación relacionada con la compra y uso de Pegasus debe ser información pública”.

Tal solicitud se da luego de las declaraciones del comisionado Óscar Guerra Ford para #AristeguiEnVivo, el pasado 20 de diciembre, en donde anunció que el INAI “revocaría la sentencia para evitar que se conozcan las especificaciones técnicas de ese software y los nombres de quienes lo usan o lo manipulan”.

Esto a pesar de que el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México ya había declarado inconstitucional el resguardo de esa información por “razones de seguridad nacional”, como lo justificó el Instituto.

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En el comunicado, R3D detalla que a pesar de las observaciones del comisionado respecto a las especificaciones técnicas, se debe considerar que “hace aproximadamente año y medio, el Anexo Técnico fue publicado en diversos medios de comunicación sin que, a la fecha, ello haya implicado, en lo más mínimo, una afectación a la efectividad de la herramienta”.

En entrevista con Carmen Aristegui el pasado jueves, Guerra Ford señaló que la opinión del juez era respetable y enfatizó el cuestionamiento sobre si la versión pública del contrato del malware “debía testarse o no, en algunas cuestiones”.

Al respecto, R3D menciona que la solicitud realizada por la organización no requería solo de la versión pública del contrato de adquisición de licencias del malware Pegasus por parte de la PGR sino que también habían solicitado cualquier documento relacionado con la contratación, lo que incluye: las especificaciones técnicas del equipo; los procedimientos relativos a su operatividad; los nombres, cargos y firmas de aquellas personas físicas que participaron en su contratación y los antecedentes de dicho contrato.

También señalaron que es incorrecto apuntar a que “no existieron denuncias ante el INAI” por violaciones a la protección de datos personales derivadas de la utilización ilegal de Pegasus, tomando en cuenta que el 4 de diciembre de 2017, R3D interpuso una en este sentido.

En su postura oficial, R3D, Red por la Defensa de los Derechos Digitales, una de las organizaciones que participó en las investigaciones independientes donde periodistas mexicanos, incluidos el Director y Jefe de Información de Ríodoce, fueron afectados en sus dispositivos móviles para conocer mensajes, fotografías y demás documentos privados, se lamentó por el anuncio hecho por el INAI de recurrir a la sentencia en cuestión, ya que con ello contradice las muestras de voluntad que manifestó en fechas recientes a favor del esclarecimiento de la contratación irregular y el abuso en el uso del malware Pegasus en contra de periodistas, activistas y personas defensoras de derechos humanos.

Sin embargo, confió en que el Poder Judicial de la Federación confirmará la sentencia emitida por el juzgado octavo, permitiendo así sentar un precedente fundamental para la transparencia y el control democrático de la vigilancia en México.

Artículo publicado el 23 de diciembre de 2018 en la edición 830 del semanario Ríodoce.