Un ministro del Supremo Tribunal Brasileño (STF) ordenó el miércoles soltar a reos condenados en segunda instancia y que todavía tienen algún recurso de apelación disponible, una decisión que podría ayudar a que el expresidente Luiz Inacio da Silva recupere la libertad.
El fallo del juez Marco Aurélio es preliminar hasta que el pleno del STF analice en abril la constitucionalidad de la figura jurídica de sentencia en segunda instancia, publicó Excélsior.
Sin embargo, y pese al carácter preliminar o cautelar, el fallo del juez es de carácter vinculante para todos los jueces del país, aunque no es de aplicación automática.
Además, la Procuraduría General de Brasil puede recurrir la decisión de Aurélio, publicada en la página de internet del STF, y pedir que se suspende su aplicación.
Aurélio es el relator en el máximo tribunal del proceso que analiza si es constitucional que quienes fueron condenados por un juez y luego recibieron otro fallo desfavorable ante una cámara revisora empiecen a cumplir pena en prisión, aun y cuando todavía puedan recurrir a una apelación.
La resolución podría beneficiar al expresidente Da Silva, quien está detenido en Curitiba desde el 7 de abril, cumpliendo una pena de 12 años por corrupción pasiva y lavado de dinero.
ESPERANZA PARA LULA
La sentencia contra Lula fue ratificada en segunda instancia y la defensa del exmandatario apeló la decisión, la cual está en trámite.
“Acabamos de solicitar la orden de liberación de Lula”, escribió en su cuenta de twitter la senadora Gleisi Hoffmann, presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), fundado por el exmandatario.
La decisión se produce en vísperas de la asunción del presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro, el próximo 1 de enero.
Bolsonaro, excapitán del Ejército, basó gran parte de su campaña en la denuncia de Lula y del PT.
Hasta la invalidación de su candidatura a inicios de septiembre, el expresidente de izquierda (2003-2010) era el favorito en las encuestas de opinión
La medida podría beneficiar también a muchos condenados por el megaescándalo ‘Lava Jato’, que estalló en 2014 y puso al descubierto una gigantesca red de pago de sobornos por parte de empresas privadas a políticos y autoridades, a cambio de obtener licitaciones de obras públicas en Petrobras.
La Fiscal General, Raquel Dodge, afirmó en un comunicado que “el inicio del cumplimiento de la pena tras decisiones de cortes de segunda instancia es compatible” con la Constitución brasileña y contribuye al “fin de la impunidad” y a la “credibilidad de las instituciones”.
