‘Que nadie gane más que el Gobernador’: Morena

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Diputados de Morena tienen controversia sobre la aplicación de una Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos en Sinaloa. Mientras que unos quieren aplicar tabla rasa en reducción de sueldos a todos los funcionarios, otros buscar salvar a magistrados y jueces.

En medio de la controversia legal a nivel federal que mantiene en suspenso la aplicación de la Ley de Remuneraciones de Funcionarios Públicos, en el Congreso del Estado de Sinaloa existen posiciones diferentes entre los diputados de Morena sobre la aplicación de una ley estatal en la materia, ya que mientras unos quieren salvar a jueces y magistrados en activo, otro grupo es partidario de que se aplique a todos los servidores públicos por igual.

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Dos son las posiciones encontradas sobre las iniciativas de una Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. Una encabezada por la diputada de Morena, Victoria Sánchez Peña, y otra por la coordinadora de la bancada de Morena y presidenta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Graciela Domínguez Nava.

La primera en presentar la iniciativa sobre una Ley de Remuneraciones para Sinaloa fue la diputada Victoria Sánchez, quien el pasado jueves 6 de diciembre presentó su propuesta para establecer los tabuladores que indiquen las remuneraciones de los servidores públicos, quienes en ningún caso podrán exceder a los que perciba el Gobernador.

En su iniciativa, contempla que serán sujetos a la aplicación de la citada ley los magistrados y todos los servidores públicos del Poder Judicial del Estado.

La iniciativa de Victoria Sánchez fue presentada en conjunto con la firma de 10 compañeros diputados de la bancada de Morena, además de los legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Edgar González Zatarain, y de Encuentro Social (PES), Karla Montero Alatorre.

De acuerdo al sitio oficial de transparencia del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa, un magistrado tiene actualmente percepciones mensuales por 136 mil 518 pesos, en tanto el sitio del gobierno estatal señala que el Gobernador tiene ingresos por 75 mil 786 pesos.

Días más tarde, la diputada Graciela Domínguez presentó otra iniciativa diferente, firmada en conjunto por todo el Grupo Parlamentario, a excepción de la diputada Victoria Sánchez, para que ningún funcionario público gane más que el gobernador en Sinaloa.

En la iniciativa de Domínguez Nava se enfatiza en diversos artículos que en la Ley de Remuneraciones de Funcionarios Públicos quedarían exceptuados de su aplicación los magistrados y jueces del Poder Judicial que estén desempeñando sus funciones, y se indica además que los derechos adquiridos por estos servidores tampoco serían afectados en el momento de su retiro.

La propuesta de Victoria Sánchez estuvo respaldada por 10 integrantes de la bancada de Morena: Francisca Abelló Jordá, Mariana de Jesús Rojo Sánchez, Alma Rosa Garzón Aguilar, Juan Ramón Torres Navarro, José Antonio Crespo López, Jesús Palestino Carrera, Yeraldine Bonilla Valverde, Rosa Inés López Castro, Pedro Alonso Villegas Lobo y Fernando Mascareño Duarte.

Sin embargo, ellos mismos se sumaron también a la propuesta que días más tarde presentara su coordinadora Graciela Domínguez.

A esta misma propuesta se sumaron los diputados del Partido del Trabajo (PT), Marco César Almaral Rodríguez y Mario Rafael González Sánchez, y el ahora legislador sin partido, José Manuel Valenzuela López.

Ambas iniciativas contienen párrafos iniciales idénticos, incluyendo el inicio de exposición de motivos, en donde con una cita textual hacen referencia a una declaración que pronunciara el entonces gobernador de Oaxaca, Benito Juárez, al abrir en enero de 1852 el primer periodo de sesiones: “Los funcionarios públicos… no pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, resignándose a vivir en la honrosa medianía que proporciona la retribución que la ley haya señalado”.

Al igual que la Ley de Remuneraciones de los Servidores planteada a nivel federal, la presentada para Sinaloa busca acabar con los sueldos que los legisladores de Morena califican como ilegales y abusivos.

“Uno de los objetivos principales de esta Ley es la de crear un equilibrio entre la realidad económica que vivimos millones de mexicanos y la eficiencia de los funcionarios públicos en el desempeño de su cargo con remuneración; esta falta de armonía ha generado una irritación social, sobre todo con grandes extensiones de población que viven en pobreza extrema y carecen de servicios públicos básicos”, se lee coincidentemente en las dos propuestas registradas ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado de Sinaloa.

Sin embargo, la diferencia en la iniciativa presentada por la presidenta de la JUCOPO se marca cuando agrega cinco párrafos para enfatizar la diferencia que haría la ley en el ajuste de las remuneraciones de magistrados y jueces.

“Es importante precisar que los Magistrados y Jueces del Poder Judicial del Estado que actualmente se encuentren en funciones, se sujetarán a los lineamientos establecidos en el artículo Tercero transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de agosto de 2009”.

El referido artículo señala que las retribuciones de los servidores públicos que sean superior a la remuneración recibida por el Presidente de la República, se mantendrá mientras que dure el tiempo del encargo.

En la propuesta de la líder de la bancada de Morena se establece además que ningún servidor público de la administración pública estatal podrá percibir una remuneración mayor a la establecida para el Gobernador, pero hace la precisión que se excluirán a los servidores públicos que no están dentro de la administración pública con referencia al tope del gobernador, sin embargo, quedarán sujetos al tope máximo de remuneración percibida por el presidente de la República, la cual es actualmente de 108 mil pesos.

A diferencia de la propuesta presentada por la diputada Victoria Sánchez, que incluye la aplicación de la Ley de Remuneraciones por igual a magistrados y servidores del Poder Judicial del Estado, en la presentada por la presidenta de JUCOPO se señala que será aplicable solamente para los servidores públicos de este poder.

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Adicionalmente incluye en la misma reglamentación a los servidores públicos de los municipios, en los que se infiere se incluiría a regidores y alcaldes, así como a los funcionarios de sus entidades, dependencias, y paramunicipales.

En Sinaloa existen alcaldes —como el de Badiraguato— que reportan remuneraciones por 97 mil 198 pesos, según datos de Transparencia de su propio sitio oficial.

Se adiciona además que la ley sería aplicable para los servidores públicos de instituciones de educación superior en el estado, órganos y organismos autónomos, así como los órganos y organismos descentralizados y desconcentrados.

En la propuesta de Victoria Sánchez se señala que serían las entidades las facultadas para presentar las querellas ante las autoridades competentes por el incumplimiento de la Ley de Remuneraciones, en tanto que en la propuesta de Graciela Domínguez señala que cualquier persona podrá formular una denuncia ante la instancia interna de control o disciplina de cada uno de los entes, respecto al incumplimiento de la ley.

Cabe mencionar que ni el coordinador petista Eleno Flores Gámez, ni la diputada del Partido Sinaloense (PAS), Angélica Díaz, firmaron ninguna de las dos iniciativas, pese a que generalmente se han unido a las propuestas de Morena.

Al momento, ninguna de las dos iniciativas ha recibido lectura ante el Pleno, sólo se ha hecho referencia en tribuna en el caso de la propuesta de la diputada Victoria Sánchez, a manera de posicionamiento. Se prevé que los proyectos pudiesen ser discutidos y en su caso aprobados antes que se analice en Sinaloa la Ley del Ingresos y Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del 2019.

 

La inconformidad de PRI-PAN

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Jorge Iván Villalobos cuestionó la pretensión de aplicar la Ley de Remuneraciones impulsada por Morena para reducir las percepciones, porque los diputados federales en lugar de disminuir los ingresos por dietas, activaron un plan de austeridad.

Sostiene que la autodeterminación de cada uno de los Poderes no puede estar sometida al Legislativo.

“Ustedes en Morena se están erigiendo como los sabedores de lo que les corresponde a cada quien y por eso esta ley es igual de arbitraria y autoritaria que todos sus desplantes y arrebatos”, señaló el diputado panista.

Al acotar que el PAN está a favor de la austeridad y la racionalidad, criticó que los sueldos se pretenden topar, a nivel federal que nadie puede ganar arriba del presidente de la República, y en Sinaloa que nadie pueda ganar por encima del gobernador.

“Dejemos que el gobernador se autobaje el sueldo, o dejemos que los magistrados presenten al Congreso del Estado las percepciones salariales y en todo caso las gratificaciones que habrán de recibir”.

Explicó que las leyes de remuneraciones que a nivel federal y ahora estatal está impulsando Morena, son para poder cumplir las promesas de campaña que se hicieron.

El legislador panista advirtió que se debe tener cuidado si lo que se intenta en el Congreso de Sinaloa es equiparar lo que se está haciendo a nivel nacional, dada la suspensión que se tiene por la ley en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Opinó que no es el momento oportuno para que en Sinaloa se analice una Ley de Remuneraciones en tanto no resuelva la SCJN.

La postura del Grupo Parlamentario del PRI coincidió en esperar que el tema se resuelva en la SCJN para sentar las bases de su tratamiento.

La diputada del PRI, Gloria Himelda Félix, pidió en tribuna a los legisladores que el Congreso del Estado de Sinaloa se reserve el derecho de iniciativa sobre la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos.

Reconoció que el presidente de la República está en su derecho de querer ordenar su administración y asignar el sueldo de cada uno de los integrantes del Poder Ejecutivo, pero no debe percibirse un choque de poderes en donde el pronóstico es muy reservado.

La legisladora priista se pronunció por el diálogo y el consenso entre los Poderes para determinar si los sueldos son o no excesivos.

Artículo publicado el 16 de diciembre de 2018 en la edición 829 del semanario Ríodoce.

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