sábado, enero 22, 2022
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Acusan fraude de jueces contra 40 mil derechohabientes de Infonavit en Sinaloa y 6 estados

casas infonavit

Dos magistrados y cuatro jueces del Poder Judicial de Nayarit están presuntamente involucrados en una red de corrupción que despojó de sus viviendas a 40 mil derechohabientes del Infonavit en al menos siete estados, entre ellos Sinaloa, por lo que la fiscalía de Nayarit solicitó al Congreso local una declaratoria de procedencia para desaforarlos.

El Universal informó que se  los magistrados señalados son Pedro Antonio “N” y Jorge Ramón “N”, y de los jueces Braulio “N”, Mario Alberto “N”, Justino “N” y Baldomero “N”, cuyos casos se analizan en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso que iniciará los respectivos procedimientos el próximo miércoles.

La fiscalía reveló que entre 2013 y 2018 se llevaron a cabo juicios “espejo” con la complicidad de los magistrados y jueces en los municipios de Xalisco, Compostela y Bahía de Banderas para ejecutar de manera irregular las hipotecas de cerca de 40 mil casas propiedad de derechohabientes del Infonavit en los estados de Chihuahua, Nayarit, Tamaulipas, Zacatecas, Sonora, Sinaloa y Jalisco; en este caso también están presuntamente involucrados un notario y un despacho de abogados.

El fiscal estatal, Petronilo Díaz Ponce, explicó que la operación se realizó en dos etapas: la primera en los años 2013, 2014 y 2015 cuando en los juzgados de Xalisco y Compostela se llevaban procedimientos de ejecución de hipoteca, pero el despacho, en contubernio con los juzgadores, tramitaban juicios “espejo” con miles de demandados, falsificando constancias, sin notificarles ni emplazarlos y sin la intervención de Ministerio Público alguno.

Todas las sentencias resultaron a favor del Infonavit, los trabajadores perdieron sus casas; éstas se adjudicaron después a 75 por ciento de su valor y en todos los casos las escrituras fueron realizadas por un mismo notario.

En esta etapa de la operación, personal contratado por el despacho de abogados presentaba los documentos ante jueces, secretarios y notificadores del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quienes ya estaban de acuerdo y los firmaban por órdenes de los dos magistrados presuntamente implicados.

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