El secretario de la Comisión de Justicia en el Congreso del Estado, Mario Rafael González Sánchez, reveló que fue amenazado de muerte, durante sus tareas como legislador.

Los hechos trascendieron luego que el legislador del PT solicitara, al inicio de la sesión de este martes, al presidente de  la Mesa Directiva, Marco César Almaral Rodríguez, que se agregara un posicionamiento sobre amenazas de muerte que había sufrido.

Durante la sesión el legislador no quiso hacer ningún comentario sobre los hechos y al final declinó hacer uso de la voz en tribuna.

Al finalizar la sesión declaró que no usó la tribuna porque no había presentado la denuncia penal, por lo que sus abogados le recomendaron no violara la secrecía del caso, para que no se convirtiera en un asunto más mediático.

“Sí es una denuncia grave, es una denuncia aparte a un miembro del parlamento, que fue en funciones a mi comisión”, expresó.

“Tenemos reunión con autoridades más altas de nivel dentro del Ejecutivo para poder platicar con ellos”, manifestó.

Extraoficialmente trascendió que  el diputado en sus  primeras giras de trabajo como secretario de la Comisión de Justicia tuvo un desencuentro con el entonces secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mazatlán, Joel Ernesto Soto.

El legislador iba acompañado de su asesor Eduardo Cisneros Ibarra, quien incluso fue jaloneado por el directivo policía de Mazatlán, quien se molestó por la visita que contemplaba también un encuentro con el entonces alcalde Mazatlán, Joel Boucíeguez Lizárraga.

Los hechos no se tradujeron en una denuncia, pero se levantó un reporte interno al Congreso del Estado por los hechos sucedidos durante una gira de trabajo del legislador en los primeros días de octubre como miembro de la Comisión de Justicia por diversos municipios.

“Se había hablado con las autoridades y supuestamente estas personas se iban a dar de baja, no se dieron de baja, al contrario”, declaró este martes el legislador, el mismo día que Joel Ernesto Soto rindió protesta como nuevo director de la Policía Estatal Preventiva.

Hasta al cierre de la presente información no existía confirmación oficial de que el legislador hubiese presentado formalmente la denuncia.