El alcalde de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno y su síndica procuradora, Angelina Valenzuela Benites, siguen sin acordar tregua ni negociación en el conflicto político que los mantiene enfrentados hacia el interior del gobierno.

Por el contrario, ambos se empecinan en mantener sus posturas y dejar que sea la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa la que dirima sus diferencias y emita una causa justa.

Sin embargo, es la misma Fiscalía la que enturbió el caso de la denuncia de amenazas presentada por Valenzuela Benites en contra del alcalde Chapman Moreno, pues en la memoria pública figura como la institución que filtró la querella como tal y los restantes oficios en los que se acordaba proporcionar protección a la política y a su familia, cuando era su responsabilidad mantener la secrecía de la indagatoria.

Sin embargo, la sospecha de filtración también apunta hacia dos políticos de Ahome: Marco Antonio Osuna Moreno y Álvaro Ruelas Echave, encumbrados en el gabinete de Quirino Ordaz Coppel, quienes perdieron la elección contra las huestes de Chapman Moreno. Ninguno de estos ha precisado su participación en el caso de exhibición, linchamiento y escarnio público en contra del morenista.

La arremetida priista en contra del alcalde de izquierda continuó en el Congreso del Estado.

Valenzuela Benites negó que ella o su equipo de asesores penales tuviesen que ver en la filtración. “Yo estoy más sorprendida que ustedes, porque publicaron oficios que ni siquiera yo sabía que ya se habían acordado. Espero y la fiscalía inicie su propia investigación para determinar qué fue lo pasó, finque responsabilidad en los culpables y se repare el daño ocasionado”, dijo la síndica.

Aseguró que con el alcalde no cabe negociación alguna, sino la resolución de la imputación. “La resolución que se tome la aceptaré. Yo estoy en lo mío, y sigo para adelante”.

En la acusación que se filtró, la síndica procuradora asentó que el edil la había amenazado: …”llévate de tarea mis palabras en tu cabeza, yo soy quien tiene el poder, quien manda en el municipio y si no cambias pues atente que algo malo te puede pasar a ti, o algún miembro de tu familia, recuerda que tienes esposo e hijos, asimismo a tus colaboradores más cercanos de trabajo….”, fue parte de la supuesta amenaza que el presidente municipal de Ahome pronunció a la síndica procuradora, horas después de que ambos asumieran la administración del Ayuntamiento de Ahome, el 1 de noviembre pasado.

Eran las 20:00 horas y ambos estaban en la sala de juntas de la casa del alcalde, en una conocida zona residencial de la ciudad.

A ella la acompañaba su secretario particular Luis Alberto Gil Ledezma y al alcalde, su jefe de policía Juan Francisco Fierro Gaxiola, el tesorero José Jaime Beltrán Armenta, y el secretario Andrés Estrada Orozco, escribió Patricia Fabela, directora adscrita a la Unidad de Carpeta de Investigación Región Norte, el 26 de noviembre, cuando recibió la denuncia por comparecencia de la síndica procuradora. La declaración inició a las 17:00 horas de ese lunes.

La síndica afirmó que a las afueras de su casa observó vehículos con ocupantes sospechosos, lo que le provocó zozobra, miedo e intranquilidad.

Por su parte, Chapman Moreno, quien duró una semana fuera del estado para realizar el cabildeo de la reparación del drenaje sanitario que colapsó por la inundación que provocó la depresión tropical DT-19 en septiembre de este año y en la que, según cálculos conservadores de la Coordinación Municipal de Protección Civil resultaron damnificados más de 100 mil ahomenses, denunció ante medios de comunicación un complot de linchamiento a su persona por filtraciones de documentos reservados por ley.

En esa semana, el alcalde fue denunciado, investigado y sentenciado como culpable por medios electrónicos alternativos, principalmente.

Fueron los mismos medios de comunicación masiva que una semana antes defendieron a una reportera radiofónica que fue reprendida por un guardia por colocarse en una zona restringida durante un acto público, y también los que callaron cuando el reportero Pedro Álvarez fue privado de la libertad por un grupo armado que allanó su casa; los que no protestaron debidamente cuando el reportero Ramiro Cázarez fue denunciado por daños por la rectora de la Universidad Intercultural de Sinaloa, María Guadalupe Ibarra Ceceña.

El alcalde no se anduvo con miramientos cuando le tocó hablar ante reporteros sobre la acusación. “Es falso el delito que se me imputa, y lo demostraré en el momento procesal oportuno, una vez que comparezca ante la autoridad competente”, dijo. Después, ofreció, dará sus opiniones sobre el caso.

Aseguró que jamás ha pensado en lastimar a alguna persona, porque su familia le inculcó principios de vida, morales y éticos sólidos.

Chapman pidió a reporteros ser tratado en calidad de inocente, estatus que las leyes penales vigentes en el estado le otorgan en un caso que apenas está iniciando, y en el cual no se siguieron las normas de secrecía.

“Tengo derecho a ser tratado como inocente, hasta que no se demuestre mi culpabilidad, a no ser expuesto en medios de comunicación masiva. Se hace evidente que me violentan el derecho de presunción de inocencia y me atribuyen un delito que apenas va iniciando en una investigación”, recalcó.

Aseguró que en el asunto no se ha respetado la secrecía de la carpeta de investigación, incluso con la difusión de imágenes de la misma, y sentenció que el quebrantamiento de reserva sobre una investigación es constitutivo de un delito.

Solicitó “amable y humildemente” a cada uno de los periodistas a tratar el tema con respeto al marco jurídico y al ordenamiento legal, y dejar a las autoridades que investiguen lo conducente.

Chapman Moreno salió al paso de las acusaciones luego de una semana de gestiones en la capital del país, en la que aseguró que buscará recuperar el Impuesto al Valor Agregado para reinvertirlo en la solución de las demandas más sentidas de la población.

Antes de hablar sobre el caso que polarizó la opinión pública, describió paso a paso las gestiones enderezadas en la víspera de la toma de posesión del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Después de su aparición, la campaña de linchamiento cesó.

Tras filtrarse la denuncia presentada por la síndica procuradora ante la fiscalía, Leonel Alfredo Valenzuela Gastélum, Presidente del Instituto de Criminología del Noroeste, dijo que el alcalde es objeto de un complot de linchamiento con miras a crear una falsa desgobernabilidad. “Evidentemente, en el caso hay políticos encumbrados involucrados porque se filtraron documentos reservados. Esa filtración anuló por completo el caso penal porque se violó el derecho al justo proceso, pero evidentemente no se buscaba un caso penal sino manchar una reputación y un gobierno que apenas inicia”.

Artículo publicado el 9 de diciembre de 2018 en la edición 828 del semanario Ríodoce.