Para revisar los programas gubernamentales de prevención de delitos contra infantes, así como la reacción ante este tipo de hechos, diputados de todas las fuerzas políticas aprobaron por una unanimidad un Punto de Acuerdo para sostener reuniones de trabajo con la Fiscalía General, los 18 directores de Seguridad Pública Municipal, y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública.

Al condenar el asesinato del niño Josué Alejandro. en Escuinapa, lamentaron que los infantes en Sinaloa estén siendo víctimas de una ola de violencia, que se suma a otros casos en los cuales se ha quitado la vida violentamente a adolescentes, pero también a bebés.

En las consideraciones del punto de acuerdo leído por la diputada de Morena, Flor Isela Miranda Leal, señalaron que las agresiones contra los infantes se da por fallas en los programas de prevención y en las estrategias de reacción e investigación de los delitos.

“Es sumamente preocupante lo que está sucediendo. Ya no queremos más asesinatos de ningún niño y de ningún tipo, especialmente deben enfocarse a la prevención absoluta del delito de protección de los niños”, expresaron en las consideraciones del punto de acuerdo.

Manifestaron que el caso de Josué Alejandro es un motivo más para levantar la voz en contra de las agresiones de los niños sinaloenses, quienes están bajo amenaza constante de personas de pensamientos bajos y ruines, por lo que ahora no pueden ni siquiera a salir a jugar un momento.

Cuestionaron que no era posible que en el caso del niño Josué Alejandro desde el pasado sábado, cuando se reportó su desaparición, ninguna autoridad ni estatal ni municipal ni la Fiscalía enviaron elementos de las corporaciones para realizar las investigaciones y dar con su paradero.

En la propuesta de reuniones de trabajo sobre programas de prevención contra menores, los diputados convocaron la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia y al Sistema Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (SIPINA).

En la convocatoria citaron también a los directores de Seguridad Pública de los 18 municipios para solicitar un plan de trabajo, a efecto evaluar los programas de prevención de los delitos, así como la Fiscalía General para revisar  los protocolos de reacción inmediata en las denuncias que llegan a las agencias del ministerio público.