Se divide la izquierda y produce gozo entre priistas y panistas

En Ahome, el ayuntamiento mayoritariamente de izquierda y que pregona la “cuarta transformación” se dividió justo al tocar el punto tres de la primera sesión de cabildo, ante el gozo de los regidores priistas, panistas y pasistas, que como fogoneros atizaron el fuego para caldear los ánimos exacerbados entre los ediles del Partido del Trabajo (PT) y del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Finalmente, los líderes de izquierda local, el alcalde petista Manuel Guillermo Chapman Moreno y la síndica procuradora morenista Angelina Valenzuela Benites removieron las brasas y recalentaron el conflicto que sumó casi 72 horas de dimes y diretes por la ratificación y el otorgamiento de poderes general para pleitos y cobranzas al Director de Asuntos Jurídicos, Jonathan Gutiérrez Palomares, y que a partir de ese momento dependería del presidente municipal.

Antes que negociar, ambos líderes optaron por recurrir a los tribunales para dirimir la diferencia que les fue heredada por la administración priista saliente (Álvaro Ruelas Echave-Manuel Urquijo Beltrán), cuando ésta acordó quitarle a la síndica procuradora la autoridad sobre el Director Jurídico y remitirla a la Presidencia Municipal con el argumento de que en las investigaciones de la fiscal municipal por presuntos casos de corrupción a funcionarios, éstos quedaban en indefensión pues aquella se erigía en una corte, y porque los intereses del municipio los defendía el alcalde y no la inquisidora.

El acuerdo lo plasmaron en el Reglamento Interior de la Administración Pública, pero pasaron por alto la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa que en el artículo 39 dice: “El Síndico Procurador tendrá a su cargo la función de contraloría interna, contraloría Social y la procuración de la defensa de los intereses del ayuntamiento.

“Opuesta a derecho, la modificación resulta insana y peligrosa porque pretenden otorgarle facultades que la ley no le confiere. Así, cualquier juicio o controversia legal en la que intervenga el jurídico la perderá porque no tendrá facultades legales para ostentar la representación. Ese es un gozo para particulares que hoy se soban las manos por tan burda maniobra cuyo origen es oscuro, pues no se sabe si es intencional para saquear al municipio o para auto protegerse en el caso de las permutas de áreas verdes por terrenos descampados”, dijo Valenzuela Benites.

Fernando Arce Gaxiola, regidor por el Partido Sinaloense, apoyó a la síndica procuradora, argumentando: “La Ley es clara y da potestades, facultades y atribuciones al síndico procurador y no al presidente de defender los intereses del municipio en litigios judiciales. No puede un reglamento estar por la supremacía de la ley. No sé en que estaban pensando los que se fueron que hacen esas cosas, pero hicieron mal. Hicieron una mala interpretación de la ley.

El presidente municipal tiene derecho a tener un representante jurídico, pero sólo para asuntos administrativos y no para representarlo en litigios. Cualquier amparo que impugne al jurídico podría ser perdido por el Ayuntamiento, que somos todos. Hay una invasión cuando se quiere dar el poder amplio al jurídico. Y en eso hay un riesgo pues puede pedir préstamos, delegar representaciones. Se le debe acotar sólo a situaciones administrativas, de otra manera estaríamos violando la ley municipal”.

María Socorro Calderón Guillen, concejal por el Partido del Trabajo defendió a Chapman Moreno: “Por la celeridad para trabajar en noviembre y diciembre (2018), es que se apoyará la propuesta de otorgar poderes amplios al jurídico. Después se podrá derogar. Ese momento se puede llegar y estamos dispuesto a remover al señor jurídico”.

Gerardo Amado Álvarez, de la misma bancada, secundó: “La propuesta es votar, y después retomar y analizar si se modifican o ratifican los poderes al jurídico”.

Raymundo Simons Cázares, de la misma bancada, consideró que están a salvo los derechos de la síndica procuradora para impugnar el nombramiento y facultades del jurídico, pero deberá votarse.

Alfonso Pinto Gaxiola, regidor del por el Partido Acción Nacional (PAN) opinó que es necesario dos jurídicos, uno administrativo para el alcalde y otro legal para la síndica, ante el movimiento que realizó la administración anterior. “Porque no podemos dejar amarrados de las manos al Ayuntamiento. Hay que votar y dejar abierto el diálogo, si se aprueba, que la autoridad le ponga un candado al jurídico para que no vaya a vender al ayuntamiento”.

Y se aprobó.

Chapman Moreno, más tarde, dijo que defenderá su propuesta pues a la síndica procuradora no le asiste razón jurídica. Acudiría, incluso, a tribunales.

Y ella respondió: “Adelante, en los tribunales nos veremos”.

Artículo publicado el 18 de noviembre de 2018 en la edición 825 del semanario Ríodoce.