septiembre 17, 2019 2:30 pm

Raúl Carrillo autorizó compras y Yaseen eligió a proveedores de colchones: Carlos Castro

Carlos Castro

El coordinador Administrativo de Sedesol, Carlos Castro, declaró que desconoce quién hizo las transferencias con las que se pagaron los colchones podridos, ya que él no podía hacerlas, y que la Subsecretaría de Planeación de la Secretaría de Economía, fue quien se encargó de conseguir los proveedores.

En la continuación de la audiencia inicial celebrada hoy, el imputado rindió su declaración en el Centro de Justicia Penal de la zona Centro, en el que el Juez de Control dictó auto de vinculación a proceso.

Según la Fiscalía, Carlos fue el responsable de elegir y pagar a la empresa El Mariachi y a Francisco Benjamín Landgrave, 2 millones 970 mil pesos, pese a que no se dedican a la venta de colchones.

Dijo que tras la emergencia por las lluvias de la tormenta 19-E se acordó la compra de 18 mil colchones con un precio máximo de mil 350 pesos para entregarlos a la población afectada.

Aseguró que desconoce quién hizo las tres transferencias a los proveedores para el pago de los colchones.

La cuenta bancaria de la que se hicieron los pagos, indicó, se abrió para recibir los recursos que destinó la Secretaría de Administración y Finanzas para atender la emergencia como apoderado legal quedó el ex titular de Sedesol, Raúl Carillo Castaños.

Comentó que él no tiene dispositivo ni clave para hacer transferencias electrónicas y los pagos de otro tipo los pueden hacer él y el Subsecretario Óscar Sinforoso Camacho, pero necesitan la firma de Raúl Carrillo.

Su firma firma sola, manifestó, no tenía valor.

Aseguró que Raúl tenía que autorizar todas las compras.

Señaló que se designó a la subsecretaria de Planeación de la Secretaría de Economía, Morayma Yaseen Campomanes para que buscara a los proveedores y negociara la compra.

En una reunión, dijo, la funcionaria dio a conocer a los proveedores y en su lista incluía a El Mariachi y a Francisco Benjamín junto con Coppel, Valdez Baluarte, Muebles Recio, Lara y Luis Salcido, entre otros.

A él, indicó, lo comisionaron para que organizara la logística para la recepción y entrega a la población de los colchones.

El 15 de octubre, por redes sociales se enteró que los colchones eran usados y junto con Morayma acudió al fraccionamiento Jardines del Pedregal donde los ciudadanos estaban haciendo la denuncia.

Manifestó que la banda de música Culiacancito y una regidora de Ahome también fueron fraudeados con colchones usados.

La Fiscalía señaló que Carlos es amigo de Francisco Benjamín, pero él lo negó.

La defensa del imputado, alegó Raúl Carrillo Castaños tenía conocimiento de la compra a esos proveedores ya que en una reunión el 9 de octubre, Morayma ya los tenía en la lista de los que ella consiguió.

La Fiscalía acusa que los proveedores El Mariachi y Francisco Benjamín no son proveedores de Gobierno del Estado, pero la defensa presentó facturas de meses anteriores a la compra de los colchones.

A la carpeta de investigación, los abogados incluyeron una entrevista con el apoderado legal de El Mariachi, quien declaró que desde 2002 están registrados en el SAT y desde hace varios años han vendido al gobierno de Sinaloa diversos artículos como abanicos y colchones.

La fiscalía acusó que de los pagos no había soporte documental, sin embargo la defensa dijo que en la misma carpeta de investigación están las facturas de esos dos proveedores, mientras que de las otras empresas no hay facturas.

El Juez consideró que la Fiscalía había presentado datos de prueba suficientes para presumir la probable responsabilidad de Carlos y lo vinculó a proceso por los delitos de peculado y negociaciones ilícitas.

La Fiscalía pidió al Juez como medida cautelar la prisión preventiva y el pago de una fianza de garantía de 2 millones 970 mil pesos, pero el Juez las rechazó.

El Juez consideró que no estaba justificada la solicitud de prisión preventiva y la fianza no la aceptó porque se estaría exigiendo reparación del daño y prejuzgando al imputado.

Como medida cautelar Carlos deberá acudir cada mes a firmar y tiene prohibido salir del estado.

La Fiscalía tiene un plazo de cuatro meses para concluir con la investigación.

En ese periodo, solicitarán un dictamen contable, información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre estados de cuenta de personas relacionadas con el caso, información al SAT y colaboración a autoridades de Jalisco para realizar entrevistas.

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