En México hace mucho que la realidad superó toda ficción. Si a alguien se le hubiera ocurrido contar la historia de unos camiones refrigerados, con un cargamento de muertos que van a ninguna parte, hubiera necesitado de mucho talento para imprimirle veracidad a la novela o la película. Si encima se le ocurre que la caja del tráiler tenga estampado a un osito simpático, levantando el pulgar al lado del correo de atención a clientes, se consideraría un exceso. Esa historia terminaría siendo una mala farsa, ante la dificultad de que representara una realidad de algún sitio en el mundo.

El Instituto de Ciencias Forenses de Jalisco es un edificio enorme en el municipio de Tlaquepaque, al lado de una amplia vialidad siempre llena de autos, la avenida Lázaro Cárdenas. Por más grande que se construyó, su capacidad para mantener cadáveres está rebasada. Tanto, que decidieron empezar a enviar a unas cajas refrigeradas los cuerpos que les era imposible mantener en el edificio. Sumaron 273 los cadáveres que metieron en bolsas negras y luego subieron a los remolques de carga.

Después los camiones iniciaron un recorrido endemoniado. No estarían en el edificio de Ciencias Forenses y los mandaron a una bodega cercana; los vecinos se quejaron del olor y el Ayuntamiento la clausuró. Se les ocurrió que podrían estacionar en el edificio de la Fiscalía de Jalisco, pero el estacionamiento no permitía la entrada de vehículos con esa altura. Luego, a uno de los choferes se le ocurrió que los cadáveres pasaran la noche en un baldío porque el camión se atascó en el lodazal, ahora los cuerpos habían pasado otra frontera, estaban en Tlajomulco. En este sitio los vecinos también se percataron del olor y entonces ya fue imposible ocultarlos.

Con la noticia encima, la más grande idea del gobernador Aristóteles Sandoval fue correr a todos los funcionarios que pudo, menos a él mismo.

El escándalo aumentó cuando empezó a conocerse que en otras seis ciudades, al menos, optaron exactamente por lo mismo: ante la incapacidad de las instalaciones forenses de poder aceptar más cuerpos, rentaron cajas refrigeradas para alejar el inconveniente.

Los primeros afectados son los miembros de los colectivos formados por todo México que buscan a sus familiares. Mientras ellos rastrean aquí y allá, se entrevistan con el bajo mundo para obtener un indicio, o marchan todos los días a los semefos de su localidad por alguna información, cientos de cadáveres están en cajas refrigeradas apilados, descomponiéndose aún más de lo que ya estaban.

Alguien podrá atreverse ahora a defender que los gobiernos no están rebasados ante la situación.

Margen de error
(Saber) En toda circunstancia el ciudadano no debe perder su derecho a saber. No se trata del derecho a la información, sino de contar con toda la información de lo que le impacta de manera directa. Los grupos de búsqueda de personas desaparecidas deberían saber que la capacidad de los Servicios Forenses está rebasada y que hay cuerpos que no es posible que entren al procedimiento habitual. Que tendrán que esperar.

Pero ante la renuencia a explicar, la autoridad prefiere ocultar. Después, cuando le reviente la bomba en las manos, puede culpar a otros, explicar desde la incongruencia.

Lo ocurrido con los camiones aplica para todo. Aunque les cueste trabajo, los ciudadanos tienen el derecho de saber. Si su casa se va a inundar con una lluvia de media hora. Si la basura representa un peligro para su salud porque el Ayuntamiento no tiene dinero para procesarla. Si los policías están sin armas. Lo que sea.

Deatrasalante
(Medio siglo) Este país está plagado en su historia de versiones fragmentarias en sus episodios fundamentales. El movimiento estudiantil del 68 es uno más, medio siglo después sigue tan incomprensible como la mañana del 3 de octubre de aquel año, cuando los periódicos titularon la matanza como un zafarrancho provocado por los estudiantes y que poco a poco se recuperaba la calma.

Con los días y los años —diría uno de sus protagonistas— la versión de lo ocurrido narrada por los mismos protagonistas fue ganándole terreno a cualquiera otra: la que defendieron los diputados priistas en tribuna o la que replicaron los periodistas nacionales con los dictados desde Presidencia.

Con la matanza del 2 de octubre y el encarcelamiento de muchos de sus protagonistas, el gobierno logró aplacar el movimiento, lo neutralizó como sabía hacerlo en ese momento: fuerza y sangre.

El 68 es apenas el capítulo más visible de una acción sistemática promovida desde el Estado, consistente en extinguir cualquier fuego social contestatario. Sin posibilidades de diálogo público, fueron extinguidos los ferrocarrileros y los médicos antes de los estudiantes.

Medio siglo después, el 68 está trágicamente encadenado a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Por más que se niegue la participación del Estado, su fuerza pública estuvo involucrada: policías municipales, el Alcalde, ¿y quién más? (PUNTO)

Columna publicada el 30 de septiembre de 2018 en la edición 818 del semanario Ríodoce.