Después de una violenta guerra contra el narcotráfico que lanzó su antecesor y que incrementó la inseguridad en el país, el presidente Enrique Peña Nieto se fijó 182 metas para lograr un México en paz. Seis años después, sólo cumplió 56 de ellas, lo que arroja un nivel de efectividad de 31 por ciento, de acuerdo a Eje Central.

De acuerdo con su Sexto Informe de Gobierno, 66 metas se quedaron sin cumplir y en otras 60 no hay información para saber si se alcanzaron o se quedaron cortas.

“Uno de los rubros donde el gobierno federal quedó muy lejos de los objetivos trazados a principios del sexenio fue el Programa para la Seguridad Nacional. La meta de consolidar el Sistema de Seguridad Nacional (SSN) avanzó sólo 67 por ciento, por lo que “el conjunto de autoridades, procesos e instrumentos que permiten al Presidente de la República atender de modo integral los riesgos y amenazas a la seguridad nacional desde una perspectiva multidimensional” no pudo operar a plenitud, señala Eje Central.

Esto significa que Peña Nieto no contó durante toda su administración con un sistema eficaz para identificar riesgos y amenazas al Estado.

De acuerdo con el esquema de trabajo trazado desde 2014, el ciclo de respuesta a los riesgos y amenazas que pueden comprometer la seguridad nacional daba inicio cuando las dependencias federales remiten información especializada para ser procesada por el Sistema Nacional de Inteligencia (SNI), pero este órgano tampoco pudo operar en su totalidad, ya que se quedó en 64 por ciento de avance.

Este sistema de inteligencia estaría formado por las secretarías de la Defensa, Marina, Gobernación, Hacienda, Relaciones Exteriores, Función Pública y Comunicaciones y Transportes; así como por PGR y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), cuya función sería proveer al Presidente de la República de información sobre desafíos presentes y futuros para la toma de decisiones.

Los productos de inteligencia generados por cada dependencia debían iniciar un proceso de deliberación dentro del Consejo de Seguridad Nacional para permitir que el jefe del Ejecutivo movilice al resto de las autoridades que forman parte del Sistema de Seguridad Nacional, con el propósito de utilizar los procesos e instrumentos a su alcance para contener y neutralizar aquellos riesgos y amenazas que pueden vulnerar la seguridad del Estado mexicano.

Otro de los propósitos sexenales era contar con una Agencia Nacional de Riesgos, instancia que se encargaría de hacer un diagnóstico multidimensional sobre los problemas que podrían comprometer la seguridad nacional. Este proyecto tampoco cuajó y se quedó en un avance de 80 por ciento.

El Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018 también se planteó la meta de consolidar una estrategia en materia de seguridad cibernética y ciberdefensa para garantizar la protección de los intereses económicos, políticos y militares de México ante intromisiones como las de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) o hackeos de grupos de activistas como Anonymous. Sin embargo, el proyecto sólo avanzó 71 por ciento sin que hasta el momento el presidente electo haya dicho si desea continuarlo o descartarlo.

“La existencia de una acotada cultura de seguridad de la información es quizás la principal vulnerabilidad del país actualmente. Por ello, es necesario que el Gobierno de la República desarrolle una política de Estado en materia de ciberseguridad y ciberdefensa. Es necesario generar y poner en marcha una estrategia que evite afectaciones a las capacidades nacionales de comunicación y a la funcionalidad de los sistemas de información estratégicos gestionados por las autoridades y el sector privado”, refiere el Programa 2014-2018.

El objetivo sectorial de lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente también quedó trunco en la mayoría de sus indicadores. Por ejemplo, la meta sexenal era que 60 por ciento de los ejercicios de la acción penal derivaran en un auto de formal prisión o en auto de sujeción a proceso. Pero en 2018 ese indicador cayó a 26 por ciento, muy por debajo de 85 por ciento que llegó a tener en 2014.

El gobierno de Peña Nieto se propuso también reducir a 8 por ciento las devoluciones o desechamientos de casos por parte del Poder Judicial de la Federación respecto de las consignaciones remitidas por la Procuraduría General de la República (PGR). Sin embargo, ocurrió exactamente lo contrario: de un 12.9 por ciento de devolución que había en 2013 se pasó a 80 ciento en 2018.

Otro objetivo frustrado fue el tiempo requerido para la integración de una carpeta de investigación. La meta era reducirlo a 200 días, pero en 2018 no sólo fracasó, sino que se sextuplicó y llegó a un promedio de mil 283 días.

Este incremento, de acuerdo con el sexto Informe de Gobierno, se debió a que con la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el país, la PGR reorganizó internamente a su personal para atender simultáneamente este sistema y los procedimientos penales del sistema anterior, que se encontraban en trámite.

Los resultados del periodo ascienden a dos mil 714.8 días por carpeta; este crecimiento, plantearon, obedece a que los asuntos que se quedaron en el sistema tradicional, incorporan delitos complejos y de mayor antigüedad, lo que ralentiza su tramitación.

La atención a víctimas tampoco corrió con buena suerte durante el sexenio de Peña Nieto. La elaboración de un índice de satisfacción de las víctimas con relación a la atención recibida por las instituciones tuvo un avance de 33 por ciento; las campañas de divulgación sobre los derechos de las víctimas jamás se pusieron en marcha; la coordinación entre instituciones sólo avanzó 16%; la certificación de personal en materia de atención integral quedó en cero por ciento y la implementación de modelos de atención sólo progresó 47 por ciento.

Uno de los principales objetivos en materia de derechos humanos asumidos por Peña Nieto al principio de su administración fue prevenir y erradicar los delitos de trata de personas, pero los logros se quedaron cortos. La meta era que 6 por ciento de los servidores públicos estuvieran capacitados en el rubro, pero sólo se logró un 4 por ciento; el objetivo era que las 32 entidades del país tuvieran un protocolo de atención a víctimas, pero sólo 16 lo tienen; la meta era que 24 por ciento de las denuncias por trata terminaran en una consignación, pero con dificultad se llegó al 20 por ciento y, finalmente, la idea de echar a andar un sistema informático para integrar datos asociados a la trata de personas avanzó sólo 67 por ciento.