Por considerar que existe conflicto de intereses, el Pleno del Congreso del Estado votó a favor de que la diputada Irma Guadalupe Moreno Ovalles deje la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, que analizará solicitudes de juicio político contra el ex alcalde de Culiacán y actual secretario de Pesca y Acuacultura del gobierno estatal, Sergio Torres Félix.
Moreno Ovalles, quien desde el 22 de agosto de 2017 solicitó dejar dicha comisión, se desempeñó como síndica procuradora en el trienio de Sergio Torres Félix, cuando era alcalde.
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De acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso del Estado cuando un diputado no puede dictaminar en un negocio por tener interés personal u otro motivo grave, es sustituido previo aviso a la Cámara.
La diputada María Fernanda Rivera Romo se hará cargo de la presidencia de la referida comisión.
Aún cuando en el dictamen no se dio a conocer el contenido de las solicitudes de juicio político, en mayo de 2016, Melchor Peiro Guerrero, integrante de la asociación civil Culiacán, Naturaleza y Armonía, solicitó formalmente al Congreso estatal que iniciara un juicio político contra Torres Félix, entonces alcalde de este municipio, por haber impuesto el Par Vial.
Dicha demanda de juicio político se fundó en que Torres Félix tomó decisiones en contra de la opinión de los ciudadanos al convertir las calles Álvaro Obregón y Aquiles Serdán en un solo sentido.
Durante la misma sesión el Congreso del Estado eligió a quienes conformarán el Consejo Consultivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública.
Los integrantes que resultaron electos son: Adrián Coppel Calvo y Jonathan Ernesto Moreno Vidrio, por dos años, y Nicolasa del Rosario Camacho Solís, Víctor Manuel Pérez Castro y Jaime Alberto Félix Pico, por un periodo de tres años.
Los consejeros rindieron la protesta de ley correspondiente durante el desarrollo de la sesión.
En la misma sesión ordinaria fueron aprobadas diversas iniciativas presentadas por legisladores panistas, Carlos Castaños, actualmente con licencia, y Francisa Henriquez:
La reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa, con la finalidad de crear la Consejería Jurídica como el órgano encargado de representar legalmente al Poder Ejecutivo del Estado, de quien dependerá directamente, será nombrado y removido libremente por éste, quien para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará por los Directores Generales, Jefes de Departamento y por los demás funcionarios que establezca el Reglamento Interior respectivo y otras disposiciones legales.
Del mismo modo, los diputados avalaron los dos dictámenes para reformar la Ley de Salud del Estado de Sinaloa, en el primero de los casos se considera viable adicionar la fracción XI al artículo 17, con el propósito de que el Sistema Estatal de Salud tenga entre sus objetivos el de promover la creación de programas para la atención integral de las víctimas y victimarios de acoso y violencia escolar, en coordinación con las autoridades educativas y acorde a las demás disposiciones legales aplicables.
Mientras que el segundo pretende la homologación con la Ley General de Salud, con la finalidad de establecer un capítulo relativo a la vacunación, para incluir las vacunas para efectos de derecho a la protección de salud, considerándolo como servicio básico de salud; asimismo, precisar que la vacunación contra enfermedades transmisibles, prevenibles mediante inmunización, que estime necesaria la Secretaría de Salud, será de carácter obligatorio.
