Piden 16 años de prisión y pago de 14 mdp para ex funcionaria de Salud

María Alejandra Gil Álvarez-salud

La Fiscalía General del Estado pidió al Juez de Control una pena de 16 años de cárcel, una multa de 104 mil 780 pesos y el pago por reparación del daño por 14 millones 775 mil pesos para la ex directora Administrativa de la Secretaría de Salud, María Alejandra Gil Álvarez.

En la audiencia intermedia celebrada esta mañana, el juez dictó el auto de apertura de juicio oral pero de momento este no se llevará a cabo debido a que la acusada promovió un amparo.

La Fiscalía solicitó como pena por el delito de ejercicio indebido del servicio público 7 años de prisión y una multa de 300 días de unidad de medida de actualización y por el delito de desempeño irregular de la función pública una condena de 9 años de cárcel y multa de mil días.

La Fiscalía acusa que la funcionaria entregó un contrato para servicios de imagenología sin haber realizado procedimiento de licitación y sin haber realizado estudios de mercado por lo que el contrato y los pagos resultan ilegales.

Junto con ella fueron acusados el ex Secretario de Salud, Ernesto Echeverría Aispuro, quien recurrió a una solución alterna para evitar el juicio oral y pagó como reparación del daño 7 millones de pesos; y el ex director de Atención Médica Jaime Otáñez García, a quien la fiscalía le retiró los cargos.

La defensa aseguró que se trata de un proceso de índole político debido a que la conducta de María Alejandra no constituye delito y eso será demostrado.

Para el juicio oral, la defensa llamará a declarar a Echeverría y a Otáñez ya que presuntamente fueron ellos quienes solicitaron no realizar procedimiento de licitación y la procedencia de la adjudicación directa para contratar los servicios a la empresa Herramientas Médicas SA de CV.

Además presentarán el estudio de mercado que se hizo y declararán ex funcionarios de los servicios de salud que se encargaron de revisar las propuestas económicas que hicieron tres empresas para la prestación del servicio de imagenología.

Los defensores también llevarán a un perito contable para refutar el peritaje contable del perito oficial.

La Fiscalía llevará a declarar a los cuatro auditores que participaron en la auditoria que detectó las irregularidades y la defensa también presentará a las mismas personas para demostrar que no se siguió el debido proceso durante la revisión y análisis de los documentos.

Como evidencias, la defensa presentará los estudios de mercado y el testimonio de trabajadores de las empresas que hicieron las propuestas económicas.

La Ministerio Público, Norma Rosario Neri Gutiérrez, pidió al Juez excluir la declaración de los auditores que solicitó la defensa así como el peritaje contable pero el Juez rechazó la solicitud de la fiscal.

El juicio oral se llevará a cabo si el Juez niega el amparo a la ex funcionaria.

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