Entre 2007 y 2016 en México 4 mil 246 personas fueron denunciadas por aborto en el país, de acuerdo con el informe Maternidad o Castigo, elaborado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).

Los estados con más denuncias fueron la Ciudad de México (894), Baja California (466), Veracruz (416), Nuevo León (339) e Hidalgo (207), según dio a conocer Animal Político.

En el mismo lapso, 228 personas fueron sentenciadas, principalmente en el Estado de México (38), Veracruz (38), Tamaulipas (19), Sonora (18) e Hidalgo (15).

Durante este periodo, 83 personas estuvieron en prisión preventiva por el delito de aborto, y otras 53 en prisión definitiva.

Gabriela, una joven originaria de Zacatecas, es ejemplo del castigo que se recibe por abortar en México, señala Animal Político.

A los 18 años, cuando vivía en una comunidad de Guerrero con su familia, quedó embarazada. En el momento en que lo supo, su pareja le dijo que tenía que abortar, porque de lo contrario iba a lastimar a ella o a su padre.

A pesar de las amenazas, Gabriela decidió continuar con su embarazo, aunque nunca le contó a sus padres. Ellos se enteraron el día en que tuvieron que acompañar a su hija al hospital porque tuvo un aborto fortuito que le provocó hemorragias y un desmayo que la dejó inconsciente.

Los reportes ministeriales del caso señalaron que los padres de Gabriela dijeron a las autoridades que no estaban enterados del embarazo.

Sin embargo, un dictamen pericial determinó que parió de una forma “clandestina”, en el interior del cuarto de baño del domicilio de sus padres, y el examen psicológico que le practicaron omitió contemplar el impacto que la violencia ejercida por su pareja había tenido sobre su comportamiento.

En 2016, Gabriela fue sentenciada a ocho de años de prisión, pues las autoridades del estado de Guerrero la acusaron de homicidio.

En general, la regulación del aborto en México es restrictiva. De acuerdo con el informe de GIRE, las sanciones por el delito del aborto varían según establezca el código penal de cada estado, pero van de los 15 días hasta los 6 años de cárcel, y multas que pueden ir desde los 20 y hasta los 300 salarios mínimos.

Además de las sanciones penales, explica el informe, las mujeres son criminalizadas por parte de los médicos que las atienden en el servicio de salud público cuando llegan con abortos fortuitos o en evolución, pues las maltratan y las interrogan encontrándose todavía en camillas del hospital.

De acuerdo con GIRE, las autoridades ministeriales y de salud desconocen sus obligaciones, lo que tiene como consecuencia que obstaculicen e impidan el acceso a servicios legales de aborto, además de que criminalizan a las mujeres que presentan emergencias obstétricas.

Por ello, concluyó la organización, en México las mujeres siguen siendo víctimas de violaciones a sus derechos humanos, pues se encuentran impedidas de elegir libremente si desean o no ser madres.