¿Quién mató a la maestra de ballet en Mazatlán?

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GABRIEL REGINO. ‘Fabricaron un culpable’.

Presumen inocencia del sentenciado a 36 años de prisión

En Sinaloa, deben dejarse atrás los tiempos en los que una Procuraduría resuelve crímenes a modo, Sinaloa ha estado sufriendo durante muchos años, la violencia criminal, pero la peor violencia es la que viene de las instituciones encargadas supuestamente de investigar los delitos”, dijo Gabriel Regino, abogado defensor de Waldo Orlando García Ferrera.

Sostiene el penalista que el hecho debe conocerse en México y en otros países porque hoy un inocente que pudo ser cualquier persona, está condenada su vida a 36 años por algo que no hizo, lleva preso más de siete años por un crimen que no cometió.

Eran las 10:00 horas del jueves 2 de agosto, cuando en el salón Punta Arenas del hotel Olas Altas Inn, frente a los rumores del mar, empezó a flotar en el medio ambiente, la  pregunta ¿quién mató a Margarita Naranjo de Saa?

Para el abogado que encabeza la defensa y que apeló su sentencia, Waldo Orlando García Ferrera “es un inocente condenado a 36 años de prisión”.

Explica cómo llegó a la convicción de inocencia de su cliente: “Comenzamos a realizar una serie de investigaciones alternas, con un equipo forense y de investigadores, y nos dedicamos a entrevistar y a hacer lo que la Procuraduría en aquél tiempo tenía que haber realizado”.

 

Diez años del crimen

Hace casi 10 años, el 26 de agosto del 2008, fue encontrada sin vida la maestra de danza originaria de Cuba, Margarita Naranjo de Saa, en uno de los departamentos ubicados en el centro histórico del puerto de Mazatlán.

Según el abogado, algunas personas que avisaron a la autoridad sobre el crimen, indujeron la investigación hacia el doctor García Ferrera, porque había sido pareja de la finada, tanto en Cuba, como en su estancia en Mazatlán, durante su vida matrimonial,  que se truncó por diferencias de caracteres.

El día 7 de octubre del año 2017, de un proceso iniciado en 2011, el doctor Waldo Orlando García Ferrera, ex cónyuge de la víctima, fue condenado a 36 años seis meses de prisión por el homicidio de la profesora.

El 1 de agosto del año en curso, en Culiacán, se realizó la audiencia de vista en la Tercera Sala del Poder Judicial del Estado de Sinaloa.

“Es posible que en las siguientes semanas se tenga la resolución, si se confirma estarán confirmando las atrocidades que hizo una administración en perjuicio de un ciudadano y haremos los esquemas de defensa correspondientes”, advirtió la defensa.

 

Se fabrican culpables

La hipótesis del abogado Regino es que debido a las presiones diplomáticas que sufría la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por parte de la embajada cubana para que resolviera el crimen, las instrucciones en los ministerios públicos habrían sido que se resolviera el caso a como diera lugar.

El 28 de agosto, para “resolver” el caso a como diera lugar, el grupo Águila habría aprehendido al doctor García Ferrera, le tapó los ojos y lo llevó a una casa de seguridad, lo sometió a una tortura sistemática para obligarlo a firmar una confesión de la autoría del crimen, pero el acusado resistió y no firmó.

El imputado interpuso una denuncia por tortura y la PGJE abrió una averiguación previa, pero ésta, en vez de investigar los señalamientos de tortura, los agentes policiales involucrados en su detención lo amenazaron de muerte para que desistiera de la denuncia en su contra.

“A eso es lo que convocó a la fabricación de pruebas, la fabricación de un culpable, y a estos errores que es la prueba básica de necropsia”, acusa Gabriel Regino.

Acuciado por el cúmulo de presuntas irregularidades cometidas por la PGJE, el abogado Regino, mediante un equipo multidisciplinario, hizo una investigación alterna y encontró que en el señalamiento del doctor Waldo García Ferrera falló algo: no existe móvil para el homicidio de Margarita.

El 30 de agosto de 2008, durante un cateo en el consultorio que compartía el doctor Waldo con un colega mazatleco, en una mochila de éste, envueltos en un paño blanco, entre otras cosas encontraron bisutería, anillos y aretes de fantasía femeninos, propiedad de la finada.

Para la PGJE, dicha bisutería acreditaba el móvil del crimen: la mató para robarle.

El abogado defensor afirma que durante sus pesquisas lograron encontrar el móvil o identificar a quienes probablemente son los verdaderos culpables del crimen.

“Logramos a través de entrevistas, datos de investigación que son lícitos bajo el nuevo sistema de justicia penal”, asevera.

Y anuncia que en la brevedad posible entregará al fiscal general de estado, Juan José Ríos Estavillo, la investigación realizada.

“Con nombres, testigos y conclusiones forenses científicas, de cómo se produjo el hecho, por qué motivo se produjo y quiénes son las probables personas que los cometieron”, sostiene.

 

Denuncia internacional

Habida cuenta de que el abogado Regino no sabe cuántas personas inocentes más han sido convertidas en culpables por la PGJE, no sólo van a acusarla ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino también ante la Organización de Naciones Unidas, para pedirle su urgente intervención.

“(También) hemos presentado una denuncia ante la actual Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa, donde denunciamos a todas las autoridades que participaron en la creación de un culpable”.

Artículo publicado el 5 de agosto de 2018 en la edición 810 del semanario Ríodoce.

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