En el estado los programas de prevención de delitos operan descoordinados, la red de videovigilancia es insuficiente y la de radiocomunicación está por ser obsoleta.

Además las unidades especiales carecen de personal especializado y no cuentan con área de atención a víctimas.

El  del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública analiza la aplicación de los recursos asignados el año pasado y muestras las debilidades.

De acuerdo con el documento, el año pasado para el estado se asignaron 288 millones de pesos, de los cuales 215.5 millones de pesos son recursos federales y 27.7 millones son aportaciones del estado.programas sociales,

El Informe, con corte al 30 de noviembre, señala que hasta esa fecha solo se habían ejercido 165 millones de pesos.

De la red de videovigilancia indica que es insuficiente para las necesidades de reacción oportuna sobre la ocurrencia de eventos, a pesar de que el año pasado se adquirieron 2 mil 361 cámaras distribuidas en 796 puntos de monitoreo, así como 437 cámaras para lectura de placas vehiculares.

La cobertura del sistema de videovigilancia se concentra en Culiacán, Mazatlán y Ahome, por lo que es necesario ampliarla a los municipios que cuentan con recursos del programa de Fortalecimiento para la Seguridad.

La  infraestructura en materia de radiocomunicaciones, determina, está muy deteriorada y desgastada por el paso del tiempo, lo que ocasiona dificultades en la operación cotidiana.

Además persisten limitaciones en la infraestructura  y el equipo tecnológico existente.

“La red de radiocomunicación estatal está resultando a corto y mediano plazo insuficiente y obsoleta para las necesidades de oportunidad y velocidad en la atención a la ocurrencia de los eventos, pero sobre todo por la seguridad y confiabilidad que se requiere para no ser objeto de intervenciones ajenas que afecten la efectividad de las acciones policiales”.

La tecnología usada para radiocomunicación, detalla, está apunto de volverse obsoleta.

A pesar de inversión, delitos no bajan

El informe señala que si bien los delitos de secuestro y violación son los únicos que muestran una disminución al comparar los índices de 2016 y 2017, el resto de los delitos de alto impacto como homicidio doloso, extorsión, robo con violencia, robo de vehículos y robo a negocios están aumento, sin que se perciba una mejoría a pesar de la inversión.

La ausencia de una Unidad de Policía Cibernética, probablemente esté contribuyendo a la prevención y persecución de delitos de alto impacto, por la falta de patrullaje cibernético, sobre todo en redes sociales.

Además falta personal en la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, principalmente Agentes del Ministerio Público especializados y peritos especializados; no cuenta con áreas destinadas a la atención de víctimas y que brinden asistencia médica y sicológica a quienes sufrieron un delito.

Las dos metas comprometidas para el 2017 en el fortalecimiento de la unidad no se cumplieron, en este caso la adquisición de un equipo forense para extracción física de información de teléfonos y de un servicio de georreferenciación.

En la programación de metas no se consideraron recursos para la capacitación de personal, a pesar de que es evidente que hay ausencia de personal profesional y especializado para las labores de búsqueda y localización de personas desaparecidas, establece.

Prevención sin orientación

El informe señala que los programas preventivos de la entidad no cuentan con un instrumento de planeación que oriente las actividades hacia un fin ni se aprecia que estén vinculados con las políticas públicas destinadas a la prevención social de la  violencia y la delincuencia con participación ciudadana como lo establece el Programa Nacional.

En la Secretaría de Seguridad Pública son 10 programas, en el Centro Estatal de Prevención Social son cuatro, además de los que operan las áreas de prevención social de los municipios.

“Este diagnóstico se corrobora, al observarse que: si bien operan en la entidad una serie de programas relativos a la prevención social de la violencia y la  delincuencia, éstos al estar a cargo de diversas dependencias del gobierno local, diluyen su impacto  pues cada una atiende objetivos específicos que no parecen alinearse a una estrategia especialmente definida en materia de prevención del delito”.

El documento señala que la medición de los resultados de los programas de prevención se han realizado sobre la base de las  acciones de cada programa local o meta convenida, la mayoría de las veces sobre porcentajes de cumplimiento, sin profundizar en el impacto que éstas tienen sobre los índices de violencia persistentes en la entidad.

El estado, sugiere, debe diseñar una política pública local en materia de prevención social de la violencia y delincuencia, que armonice las prioridades del programa nacional acordado con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Además necesita determinar la población potencial, la población objetivo, establecer una sola instancia de coordinación de los programas locales de  prevención, para la verificación de congruencia entre las diversas metas y promover el desarrollo de áreas especializadas en prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana.

Menciona que hace falta vincular los diversos programas de prevención social de la violencia que se realizan en distintos ámbitos, con el impacto que, en su caso, tienen éstos en la disminución de los índices delictivos en la entidad y en el mejoramiento de la  efectividad de las instituciones policiales.

Sin invertir en búsqueda de personas

En el caso de desaparición forzada de personas no basta la identificación y sanción de los responsables, señala el documento.

“El derecho a saber la verdad y la debida atención que la víctimas requieren, de manera prioritaria, la localización de quienes fueron desaparecidos y conocer su paradero”, indica.

A pesar de que para 2017 se asignaron recursos de poco más de 500 mil pesos para este programa, éstos se programaron para la adquisición de material y equipo de laboratorio, muebles de oficina y otros enseres cuya razón de ser y utilidad no están claras.

Al 30 de noviembre no se registró avance alguno en el ejercicio financiero de este programa, de modo que no se cuenta con evidencias sobre las acciones realizadas.

Para mejorar las instituciones policiales, indica, no basta la impartición de cursos de formación inicial que es donde se aprecian los mayores avances y cumplimientos en el informe de evaluación, se requiere la formación continua del personal, los cursos de especialización, pero, sobre todo, que los elementos acrediten las competencias básicas de la función policial.

Es prioritario evaluar el desempeño del personal para poder acreditar su rendimiento, lealtad institucional y honestidad en el servicio.

Artículo publicado el 5 de agosto de 2018 en la edición 810 del semanario Ríodoce.