En el Centro de las Consecuencias Jurídicas del Delito (Cecjude) de Aguaruto se han presentado evasiones de internos en tres ocasiones desde que el gobernador Quirino Ordaz Coppel inició su gestión, sin que esa condición de vulnerabilidad amerite revisiones federales extraordinarias.

En una entidad blindada con la presencia del Ejército desde que el mazatleco inició su mandato, la revisión de los penales, donde se encuentran internos considerados como de alta peligrosidad, no ha sido una prioridad en la capital del estado, a pesar de las fugas registradas.

En 2017 a escasos tres meses de haber rendido protesta y de haber colocado a personal castrense en todas las áreas relacionadas con la seguridad pública, ocurrió la primera fuga del sexenio.

Los internos fugados fueron  Juan José Esparragoza Monzón, el Negro; Jesús Peña González, el 20; Rafael Félix Núñez, el Changuito Ántrax; Alfonso Limón Sánchez, el Limón; y Francisco Javier Zazueta Rosales, el Chimal.

En esa fecha, al igual que la ocurrida el domingo pasado, burló la supuesta vigilancia implementada en ese centro penitenciario.

La segunda fuga ocurrió en abril del 2018, por un reo identificado como Juan Carlos “N”, pero en esa ocasión fue la seguridad del IMSS donde estaba internado, la que burló.

La tercera fuga, del 22 de julio, se dio a la vista de los propios custodios; Jesús Carlos Salmón Higuera, el Macaco, y Julian Grimaldi Paredes y/o Luis Gabriel Valenzuela Valenzuela salieron vestidos con uniforme oficial, según la versión del recién llegado Secretario de Seguridad Pública, el general en activo y comisionado por la Sedena, Fermín Hernández Montealegre.

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Con los antecedentes de la vulnerabilidad con la que opera el Cecjude de la capital de estado, nadie llevó a cabo acciones extraordinarias que reforzaran la vigilancia, al menos así lo refleja la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en las respuestas que dio a una solicitud de información hecha por Ríodoce 17 días antes de la fuga.

—¿Qué acciones han llevado a cabo para evitar fugas de internos?

“Búsqueda de oquedades, revisión a los módulos y carracas donde habitan los internos, uso de sistema de video vigilancia, revisión a las visitas y proveedores en las aduanas de acceso a los centros, pase de lista de los internos y recorrido en las instalaciones”, respondió la secretaría el pasado 5 de julio.

El periodo de la información solicitada comprende del 1 de enero de 2017 a la fecha en la que se hizo la solicitud, en la que, además, se pidió un informe respecto a las revisiones en las que ha participado personal  del Ejército, la Marina y la PGR.

La respuesta fue que “ninguna en Aguaruto”, a pesar de que le antecedían fugas de internos acusados de delitos federales, considerados por las propias autoridades como de alta peligrosidad y de contar con una población de 2 mil 278 reos hombres y mujeres.

El de Aguaruto casi dobla la cantidad de reclusos del penal de El Castillo, ubicado en Mazatlán, donde la población es de 1 mil 286 reos, divididos en 1 mil 240 hombres y 46 mujeres, y donde la SSPE reportó que sí hubo revisiones en dos ocasiones por parte de las tres instituciones mencionadas.

En el penal de Goros, en Los Mochis, con 1 mil 052 hombres y 33 mujeres, no hubo ninguna revisión en el lapso de enero 2017 al 5 de julio 2018.

Según el informe de la SSPE, no se han realizado modificaciones en las celdas y no se cuenta con registro de que los internos lo hayan hecho en ese lapso, sin embargo, sí se han realizado obras para construcción de nuevos módulos.

Antecedentes

Quirino Ordaz recibió un sistema penitenciario vulnerado en el que el propio Ejército documentó y señaló la presunta corrupción que prevalecía en el penal de Culiacán.

Seis horas y media después de una revisión sorpresiva del Ejército el 12 de mayo de 2016, provocó que salieran a la luz pública los privilegios que algunos internos tenían dentro del penal durante la gestión de Mario López Valdez.

Un informe obtenido por Ríodoce, a través de una solicitud de acceso a la información reveló que el gobierno de López Valdez ocultó información a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a través de un requerimiento que le hizo el general Alfonso Duarte Múgica, entonces comandante de la Tercera Región Militar, el 26 de septiembre del 2016.

Entre otras cosas, Duarte Múgica solicitaba conocer las acciones que los funcionarios estatales habían adoptado para obtener mayor información que permitiera descartar la posible fuga de reos de ese Cecjude, o bien reorientar o incrementar la seguridad para evitar este tipo de eventos.

Rafael Báez Sidar, director del Cecjude, respondió que para descartar posibles fugas, se estaban llevando a cabo revisiones continuas ordenadas por el grupo de Coordinación Sinaloa, y las propias llevadas a cabo por el personal de custodia de este centro. Aunado a ello, dijo, se contrataron los servicios de maquinaria pesada para llevar a cabo la limpieza y excavaciones en el perímetro exterior con zanjas de aproximadamente 12 metros de profundidad para detectar posibles túneles.

En el año 2016 la Sedena participó en seis operativos en el Cecjude de Aguaruto, pero al paso del tiempo y bajo el mando de personal militar, las autoridades estatales ya no han considerado necesaria la participación del Ejército al reducirla a cero en lo que va de la administración de Quirino Ordaz.

Artículo publicado el 29 de julio de 2018 en la edición 809 del semanario Ríodoce.