martes, octubre 26, 2021
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  • Dias de Impunidad

Funcionarios, organismos y particulares en estafa de empresa azucarera de Los Mochis

El juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal en la Región Norte de Sinaloa, Luis Nicanor Barajas Peregrina, sentenció que ninguna familia de la localidad hará valer poder fáctico, económico o político para torcer la justicia que se imparte en el caso de fraude genérico que se imputa a Héctor Alejandro Elizondo Macías, Rodolfo de la Vega Valladolid y José Arreola Macías, como miembros del Consejo de Administración de la Compañía Azucarera de Los Mochis en perjuicio de Francisco Javier Paredes Alvarado, quien reclama un quebranto de 6 millones de dólares.

El magistrado que abrió la audiencia inicial con la ausencia de los imputados, afirmó que éstos han agraviado a la administración y procuración de Justicia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado al enajenar a terceros el “Lote 8”, que es un bien asegurado como garantía de pago, lo que resulta en una acción indebida, ilegal e ilegítima que involucra a diversas instituciones del estado de Sinaloa, municipio y organismos intermedios, cuyos titulares deberán de responder legalmente por las acciones consumadas.

De acuerdo con la defensa, Misael Vázquez Castillo, los implicados en un tráfico de influencias escandaloso, involucra al Subsecretario de Normatividad e información Registral del gobierno estatal, Ramón Murguía Aguirre; los directores del Registro Público de la Propiedad y Comercio, al de Catastro y empresas de Culiacán, mientras que en el municipio de Ahome figura el alcalde Manuel Urquijo Beltrán, y el Patronato Impulsor de la Cultura y las Artes (IMCA).

Por ello, del juicio inicial de fraude genérico se deriva ahora el de fraude procesal, pues con la venta del “Lote 8” pretendieron meter un candado en el pago del quebranto económico, consideró Vázquez Castillo.

“El caso no es un asunto menor, y servirá para demostrar que nada ni nadie está por encima de la ley en Sinaloa; aquí nadie es intocable, sea quien sea será sometido. Mientras tenga la causa penal, no temblará la mano para vincularlos o exonerarlos a proceso, pero antes los ocupo tenerlos aquí”, señaló Barajas Pellegrina.

El juez aseguró que aunque se ha garantizado el derecho al justo proceso, los imputados nunca han comparecido y han utilizado estrategias dilatorias poco convencionales por lo que emitió un acuerdo para pedir a sus similares jueces Quinto y Séptimo de Distrito suspendan (sobreseer) las sentencias de protección de la justicia federal en los juicios de amparo 277/2018 5b (Héctor Alejandro Elizondo Macías),  280/2018 (José Arreola Macías) y 284/2018 (Rodolfo de la Vega Valladolid) porque violaron el ordenamiento de comparecer tres y cinco días después de que fueron requeridos, dando vigencia a la orden de captura inmediata para ser presentados ante la autoridad que lo reclama.

“Pese a que incumplieron la condicionante, los amparos estaban vigentes. El trámite resulta atípico y sospechoso”, consideró.

Incluso no objetó el auxilio de las fuerzas federales, militares y navales para que en colaboración con la Unidad Especializada en Órdenes de Aprehensión se dé la inminente captura de los hoy considerados prófugos de la justicia. “Ya tenemos antecedentes mediáticos de que en juicios similares se recurrió a esa colaboración para detener a uno de ellos”.

Un día después del acuerdo, el martes 24 de julio, los jueces Quinto y Séptimo de Distrito anularon los amparos concedidos a los tres imputados.

De acuerdo con Francisco Javier Esquer Merino, delegado de Catastro en Ahome, el “Lote 8” de los bienes de la Compañía Azucarera de Los Mochis amparado con la clave catastral 003-000-005-003-009-001 con una superficie de 14 mil 944.11 metros cuadrados en línea quebrada, que parte desde el boulevar Antonio Rosales hasta la calle prolongación Vicente Guerrero y trunca el callejón Varsovia, se encuentra reservado por causa de un litigio (litis), por lo que nadie puede acceder al expediente para conocer valor catastral y/o comercial u obtener cualquier certificado como de propiedad o de libertad de gravamen, mucho menos enajenarse o realizarse cualquier operación sobre él hasta en tanto no exista sentencia firme.

LA COMPRA. Del lote 8.

Sobre el “Lote 8”, que estaba en posesión de Héctor Alejandro Elizondo Macías, Rodolfo de la Vega Valladolid y José Arreola Macías, como miembros del Consejo de Administración de la Compañía Azucarera de Los Mochis, relativo al fideicomiso F/291 en el que aparece como fideicomitante la Compañía Azucarera de Los Mochis, el 7 de junio del 2018 se decretó un embargo precautorio por 60 días por Luis Nicanor Barajas Peregrina, Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal en la Región Norte de Sinaloa, como garantía en el juicio de fraude genérico interpuesto por Francisco Javier Paredes Alvarado, propietario de Comercializadora y Procesadora de Productos y Alimentos (Propassa) dado el incumplimiento de entrega de embarques de endulzante refinado desde el año 2014 hasta el año 2016, causando un quebranto de 2 mil 600 millones de pesos.

La nota de cuenta fue ordenada con el oficio 2902/2018 del cuadernillo 01/2018 y quedó anotada el 8 de junio del 2018 en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio con sede en esta ciudad.

Once días después del embargo precautorio, el 18 de junio del 2018, el notario público 165, Arturo Duarte García autorizó definitivamente el registro de la escritura pública 12 mil 531, volumen en XLI, cuadragésimo primero (41) del protocolo propio por la cual la institución “Deutsche Bank México, Sociedad Anónima, institución de banca múltiple, división fiduciaria como fiduciario del fideicomiso F/291 vende a Fintac, sociedad anónima de capital variable el “Lote 8” en 19 millones 600 mil pesos.

La compra-venta del inmueble se habría certificado y realizado el 21 de mayo del 2018, fuera de la notaría pública.

El Registro Público de la Propiedad y del Comercio le reasignó la inscripción 137 del libro 1096 de la sección primera en la que las partes acuerdan que el precio es alzado o Ad Corpus, por el que su exceso o defecto traiga aparejada la rescisión del contrato o ajuste al precio convenido.

La venta del terreno se justificó en la cláusula cuarta del fideicomiso que aprueba la venta de activos de la Compañía Azucarera S.A. de C. V. en caso de que incumpla con sus obligaciones de pago al 3 de octubre del 2013.

Fintac, a través de su apoderado legal, Jesús Servando Ramos Valenzuela acepta conocer que el “Lote 8” presenta algunas indefiniciones legales relativas al estacionamiento de 800 cajones del Teatro Ingenio y de una calle construida por el Gobierno del Estado de Sinaloa, y que conoce al momento de la situación jurídica, registral, catastral, de mercado y física, asimismo que el vendedor no tiene obligación de entregar física o virtualmente el inmueble adquirido, por lo que ellos se harán cargos de los costos y costas de la obtención del inmueble del depositario o de cualquier otra persona.

Las partes aceptan que en caso de que Fintac pierda el derecho de posesión por sentencia judicial el fideicomiso F/291 responderá con activos propios y no institucionales, y en caso de ser inexistentes renunciará al saneamiento.

Dos días después de registrada la compra-venta del lote en cuestión, el 20 de junio (2018) Fintac, a través de su representante legal, Jesús Servando Ramos Valenzuela realiza donación pura, incondicional, gratuita e irrevocable al Ayuntamiento de Ahome del 45 por ciento del lote.

Esto es que cede 6 mil 785.45 metros cuadrados del predio inicial. La donación colinda con el Teatro Ingenio y con el Museo Interactivo Trapiche, de acuerdo con la inscripción 195 del libro 1096, sección primera.

DONACIÓN. A la comuna de Mochis.

La donación fue protocolizada por el notario público Sergio Armenta Sarmiento, quien asentó que fue recibida por el alcalde Manuel Urquijo Beltrán, el secretario Juan Antonio Garibaldi Hernández, y la síndica procuradora María Luisa Gómez Lizárraga, con la cláusula que será Fintac quien responda en caso de sentencia judicial adversa (evicción).

El 9 de julio (2018), en la sesión de cabildo de Ahome número 60 se oficializó la solicitud de Impulsora de la Cultura y las Artes (IMCA) para la donación de una fracción de la sección del “lote 8” en posesión de la comuna de Ahome.

La petición de  3 mil 171.70 metros cuadrados fue suscrita por Rosa Irma Peñuelas Cota y enviada para su análisis a las comisiones unidades de Hacienda, Urbanismo, Ecología y Obras Públicas.

Sin embargo, deshacer el conflicto queda ahora en manos de los regidores, quienes deberán analizar a fondo la legal propiedad del predio, antes de cederlo a terceras personas.

Misael Vázquez Castillo, líder de la defensa de Francisco Javier Paredes Alvarado, dijo que toda la trama de la venta del “Lote 8” es un candado para evitar el embargo definitivo en el juicio de fraude genérico que se inició en contra de Héctor Alejandro Elizondo Macías, Rodolfo de la Vega Valladolid y José Arreola Macías, como miembros del Consejo de Administración de la Compañía Azucarera de Los Mochis, que fue ideado por éstos cuando se enteraron que era la garantía de pago del quebranto ocasionado, lo que da origen a una segunda imputación, pero ahora por fraude procesal.

“En realidad, el valor del ‘Lote 8’ quintuplica lo pagado por los empresarios sinaloenses”.

VÁZQUEZ Y PAREDES. Funcionarios involucrados’.

Fintac S.A. de C.V., la empresa que compró el “lote ocho” con embargo precautorio por 60 días ordenado por el juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal en la Región Norte de Sinaloa, Luis Nicanor Barajas Peregrina es culichi, pero conformada en Los Mochis y en fecha reciente.

Quedó registrada el 26 de marzo del 2018 en el protocolo propio del notario público 153, Sergio Armenta Sarmiento con la inscripción 17,977 del LX (sexagésimo) volumen libro primero, en Los Mochis, Sinaloa, cinco días después de que la firma adquiriera el “lote ocho” del Fideicomiso F/159 que los accionistas de la Compañía Azucarera de Los Mochis, Héctor Alejandro Elizondo Macías, Rodolfo de la Vega Valladolid y José Arreola Macías firmaran con Deustsche Bank México.

Es decir, primero compran el lote y después crean la empresa.

Al día siguiente de su conformación, el 27 de marzo fue inscrita en el Registro Público de la Propiedad.

Fintac procede de la unión de las empresas Facturco, Sociedad Anónima de Capital Variable, registrada en Culiacán el 5 de mayo del 2006 con la inserción 12,273 y Balor Dispersora, Sociedad Anónima de Capital Variable  registrada en Culiacán, Sinaloa el 16 de junio del 2009 con la escritura 14,154 volumen LVI, que aportaron 25 mil pesos de capital cada una. Las tres tienen al mismo apoderado legal, Jesús Servando Ramos García, y proceden del mismo propietario, Gaspar Ureta Angulo.

Ureta Angulo es también propietario de la empresa Primos and Cousins, según el acta del registro Público de la Propiedad y del Comercio 5548 inscrita el 2 de enero de 1996, y que entre otros giros produce alimento para ganado con base a melaza, desecho orgánico que era producido en el ingenio de la compañía Azucarera de Los Mochis.

Primos and Cousins es acreedor en el concurso mercantil 30/2016 que se desahoga por la quiebra de la Compañía Azucarera de Los Mochis (Calmsa), como lo es también el ex socio de los inversionistas, Luis Puente Pérez, y los trabajadores sindicalizados, entre otros actores.

Ramón Murguia Aguirre, actual Subsecretario de Normatividad e Información Registral del gobierno de Quirino Ordaz Coppel resultó emparentado políticamente con Ureta  Angulo, al ser su pareja madrina de anillos en la boda de una hija de éste.

Artículo publicado el 29 de julio de 2018 en la edición 809 del semanario Ríodoce.

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