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  • Dias de Impunidad

En un año, 108 cámaras robadas y destruidas en Culiacán y Navolato

Las cámaras de vigilancia instaladas para cuidar a los ciudadanos, también tendrán que ser cuidadas.

En este mes arreciaron los robos o daños a los equipos instalados en la vía pública al registrarse 18 entre el 1 y el 20 de julio.

Desde el año pasado, en Culiacán los delincuentes han destruido o robado 78 cámaras; y en Navolato suman 30 equipos.

De acuerdo con la Secretaría de Administración y Finanzas, las cámaras fijas tiene un costo de 15 mil 775 pesos cada una; y las cámaras con movimiento giratorio de 360 grados cuestan 50 mil 499 pesos.

Para proteger los equipos, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado adoptó medidas para evitar daños.

Desde la semana pasada empezaron a poner alambre de púas en el poste que sostiene el equipo, pero solo servirá para evitar una de las formas como dañan los equipos.

Según la dependencia en algunos casos los delincuentes usan escaleras para alcanzar las cámaras y las destruyen o las roban.

Con el alambre, colocados aproximadamente a un metro y medio debajo de los equipos, buscan evitar que quien pretenda dañarlas, las alcance.

Pero la mayoría de los equipos han sido dañados a balazos o tiran el poste y  luego destruyen las cámaras.

Los ataques al sistema de videovigilancia empezaron desde abril del año pasado.

En las primeras dos semanas de ese mes delincuentes tiraron a balazos 20 equipos en Culiacán. Y desde entonces no se han detenido.

Algunas de las cámaras dañadas acababan de ser instaladas y todavía no estaban conectadas al C4i de la SSPE o al Centro de Emergencias y Respuesta Inmediata de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

De las cámaras robadas, la SSPE solo ha lograron recuperar seis.

Los aparatos fueron localizados en el boulevar Benjamín Hill, en el sector Barrancos, dentro de un costal.

Dentro del costal había cinco cámaras fijas y una giratoria.

En el municipio de Navolato, 15 cámaras fueron robadas y 15 destruidas.

Los equipos estaban instalados en la sindicatura de Villa Juárez y en la carretera Culiacán-Navolato.

Las cámaras dañadas representan el 20 por ciento de las 138 con las que cuenta el municipio.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Inocente Fermín Hernández Montealegre, dijo que además de la colocación de alambre de púas, tendrán que tomar otras medidas de seguridad que no son visibles.

“Es sistemático el robo de cámaras, con ello los delincuentes tratan de ocultar sus actividades y para acotar esa problemática estamos realizando otro tipo de acciones, que les cueste siquiera más trabajo, que nos dé la oportunidad de llegar al sitio para detenerlos en flagrancia y ponerlos a disposición de las autoridades”, indicó.

Mencionó que han obtenido imágenes de personas que han dañado equipos y serán puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado para que realicen las investigaciones.

Este mes el primer robo fue de cuatro cámaras y ocurrió el domingo 1 de julio.

Las cámaras estaban instaladas sobre el Paseo Niños Héroes, entre el Instituto Estatal Electoral y el Zoológico.

El último fue el viernes 20 de julio, en el cruce de la avenida Patria y el Libramiento Benito Juárez Sur, La Costerita.

Los delincuentes usaron una escalera para alcanzar las cámaras y desprenderlas.

Sistema poco eficaz

Según la Secretaría de Seguridad Pública los delincuentes están atacando las cámaras porque su uso está ayudando a combatir delitos, pero según un estudio del Centro Estudios y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, la disminución de delitos no se puede atribuir al uso de estos equipos.

El informe “Vigilar sin castigar. Un panorama de la videovigilancia en México”, señala que mucho se ha discutido sobre el fin que persiguen estos sistemas debido a la ineficiencia en la reducción de la criminalidad en ciudades que han decidido invertir en ellos con el propósito de ser seguras, resolver cualquier problema delictivo y convertirse en un polo de atracción y confianza para el turismo.

“Aunque diversos estudios han demostrado que el uso de la videovigilancia no reduce en forma categórica los índices de criminalidad, y cuando lo hace con el tiempo se va diluyendo, otros muestran que la reducción de delitos en unas zonas se acompaña del incremento en otras”, señala.

El informe establece que la poca efectividad de las cámaras para reducir los delitos se debe a diversos factores como la posibilidad de monitorear solo un número limitado de cámaras al mismo tiempo, la ocurrencia de errores humanos, muchas de las cámaras no son siquiera monitoreadas y sus imágenes solo son grabadas para uso posterior.

Además, menciona, no todas las cámaras funcionan; y en países como Gran Bretaña estudios demostraron que la presencia de las cámaras produce un efecto de desplazamiento de la delincuencia a zonas cercanas.

De acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2017, al cierre de 2016 se reportó la existencia de 36 mil 194 cámaras de vigilancia en el país.

La Ciudad de México es la entidad donde se contabilizó más el uso público de las videocámaras, con poco más de 15 mil dispositivos.

La capital del país, indica, fue pionera en el uso de videovigilancia a través del programa “Ciudad Segura”, mediante el cual se instalaron las primeras 8 mil cámaras entre 2009 y 2012 con un costo aproximado de 760 millones de dólares.

“Aunque se registró una disminución en la incidencia de delitos de alto impacto, ésta no se puede atribuir a la existen de cámaras de vigilancia”.

“Se llevó a cabo una evaluación del programa ‘Ciudad Segura’ y no se obtuvo evidencia que permita afirmar que la instalación de cámaras  tuviera algún efecto en la reducción de los delitos a pesar del alto costo”, menciona el informe.

Artículo publicado el 29 de julio de 2018 en la edición 809 del semanario Ríodoce.

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