El ex Secretario de Salud, Ernesto Echeverría Aispuro, reconoció haber cometido delitos durante su paso por la dependencia y con ello anuló la posibilidad de pisar la cárcel.
La semana pasada el ex funcionario del Gobierno de Mario López Valdez aceptó apegarse a la figura jurídica de suspensión condicional del proceso para terminar de manera anticipada con el proceso penal y sin que le imponga una sanción que pudo ser la prisión.
Al adoptar el mecanismo alternativo de solución, acordó pagar 7 millones de pesos a los Servicios de Salud como reparación del daño.
El delito de Echeverría fue haber adjudicado contratos sin procedimiento de licitación por 14 millones de pesos.
Las empresas contratadas sí prestaron los servicios pero la contratación fue ilegal.
El ex Secretario de Salud fue acusado de los delitos de ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública.
Junto con él, fueron imputados el Director de Atención Médica, Jaime Otáñez García, a quien le retiraron los cargos; y la ex Directora Administrativa, María Alejandra Gil Álvarez, quien continúa en proceso.
La denuncia penal fue interpuesta por la Auditoría Superior del Estado derivada de la cuenta pública de 2016.
En noviembre del año pasado, el Fiscal Juan José Ríos Estavillo dio a conocer que los tres ex funcionarios de Salud contaban con órdenes de aprehensión.
Los ex servidores públicos solicitaron amparos por lo que nunca fueron detenidos y se presentaron a declarar de manera voluntaria al Centro de Justicia Penal de la zona Centro.
Echeverría y Otáñez acudieron juntos y ambos fueron vinculados a proceso en la misma audiencia el 1 de diciembre.
En la audiencia, la Fiscalía General del Estado presentó como evidencia los resultados de la fiscalización realizada a los Servicios de Salud.
En la auditoría se detectó que de manera directa asignaron contratos por servicios de imagenología, que debieron ser licitados.
El contrato era por 18 millones de pesos pero solo se hicieron pagos por 14 millones de pesos, que de acuerdo con la Fiscalía fueron ilegales e irregulares.
Para el Juez había datos de prueba suficientes para presumir que cometió los delitos y los vinculó a proceso.
La Fiscalía pidió prisión preventiva para los acusados alegando que tenían capacidad económica para escapar, pero el juez la negó y fijó a Echeverría una fianza de garantía de un millón de pesos y le prohibió salir del estado y presentarse a ingresar sus datos al centro de justicia cada mes.
Al salir de la audiencia, Echeverría dijo que se sentían “tranquilos y seguros de que se van a aclarar las cosas en tiempo y forma, y totalmente convencidos de que se actuó conforme a legalidad, conforme a la normatividad y Estado de derecho”.
En abril de este año los ex funcionarios volvieron al Centro de Justicia a una nueva audiencia, en la que los abogados del ex Secretario solicitaron dos meses más de prórroga para recabar pruebas a favor del acusado.
“Estamos aquí cumpliendo conforme a la ley y para aclarar que todo se hizo bajo la norma. El juez nos concedió dos meses más de prórroga y eso es muy bueno para nosotros porque fortalecemos más nuestra defensa, que seguramente tenemos que salir avantes”, dijo al salir de la audiencia.
En junio pasado, la Fiscalía solicitó al Juez retirar los cargos contra Jaime Otáñez.
En la investigación, la FGE estableció que no había pruebas para fincar responsabilidad penal del ex funcionario.
Echeverría debía volver ante el Juez a finales de agosto para la audiencia intermedia en la que la Fiscalía y la defensa presentarían los medios de prueba, pero será cambiada por una audiencia de suspensión condicional de proceso.
La ex Directora Administrativa seguirá en proceso penal.
Las otras multas millonarias
Ernesto Echeverría desembolsó 7 millones de pesos, pero tiene pendientes dos multas administrativas millonarias con la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas.
A él, a la ex Directora Administrativa María Alejandra Gil Álvarez; y al ex Subdirector Administrativo, Ángel Jackson, les impusieron una multa de 449 millones de pesos.
La sanción fue por realizar 237 traspasos bancarios por 447 millones 100 mil pesos a diversas cuentas bancarias de programas o ejercicios distintos a los que estaban destinados.
La Secretaría de Transparencia dio a conocer que se desconoce el destino de los recursos, en qué fueron utilizados y si cumplieron con el objetivo para el que fueron destinados.
Echeverría y Gil Álvarez también fueron inhabilitados ocho años para ejercer el servicio público y Jackson por 10 años.
La otra multa para Echeverría es por 31 millones de pesos por la contratación sin licitación de dos empresas para realizar una reingeniería financiera de la Secretaría de Salud.
De acuerdo con la STyRC, no hubo autorización del Comité de Adquisiciones para firmar los contratos, no hay justificación legal que avale que el servicio era necesario y tampoco se hizo un estudio de mercado para conocer si los proveedores ofrecían las mejores condiciones.
Además no localizaron evidencia del trabajo que realizaron las empresas.
Por la contratación irregular, Jackson fue sancionado con una inhabilitación de tres años para ocupar cargos públicos.
Artículo publicado el 22 de julio de 2018 en la edición 808 del semanario Ríodoce.
