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La CNDH exhortó a congresos locales concluir el proceso en materia de derechos humanos

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó su preocupación por la situación de riesgo que enfrentan los derechos humanos ante la lentitud del proceso de armonización legislativa en la mayoría de los congresos estatales.

Por lo tanto, la CNDH exhortó a los congresos locales a concluir el proceso en materia de los derechos humanos, publicó Proceso.

A través de un comunicado, la CNDH informó que a siete años de la Reforma Constitucional de 2011 en derechos humanos solo 16 entidades federativas tienen el 100% en la armonización constitucional, incluyendo las 11 disposiciones normativas.

Los congresos que sí han cumplido son los ubicados en: Baja California Sur, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Yucatán y Zacatecas.

Mientras que las cuatro entidades federativas más rezagadas son: Sonora (36.4%), Chihuahua (36.4%), Chiapas (54.5%) y Morelos (63.6%).

Estos resultados fueron obtenidos por la CNDH a través del estudio de seguimiento a la armonización legislativa denominado “Constituciones estatales frente a la Reforma Constitucional de Derechos Humanos de 2011”, cuya tercera edición puede consultarse en la página web del Organismo Nacional, a través de la Plataforma de Seguimiento a la Armonización Normativa de los Derechos Humanos.

Ante estos datos que muestran un avance en el grado de armonización en materia de derechos humanos en todas las entidades federativas, la CNDH advirtió que no basta con tener buenas leyes, sino que deben materializarse mediante su aplicación adecuada, sobre todo en materia de derechos humanos.

Los mandatos constitucionales conforme a los que la CNDH monitorea la armonización de las constituciones locales son: los principios pro persona, de universalidad, de interdependencia, de indivisibilidad, de progresividad y de interpretación conforme a los tratados internacionales, así como la obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

El avance más lento se registra con relación a la obligación del Estado de organizar el sistema penitenciario sobre la base del respeto a los derechos humanos como medio para lograr la reinserción social del sentenciado, en el cual se obtuvo 62.5% de avance en esta edición, cuando en la segunda se registró el 59.1% y en la primera 56.3%, de lo cual se deduce que lo alcanzado entre la primera y la tercera edición es de solo 6.2% a nivel nacional.

Con relación a la prohibición de toda discriminación motivada por las preferencias sexuales, destaca que el avance registrado entre la primera edición y la tercera es de 11.9%, ya que en la primera fue de 74.4% y en la tercera 86.3%.

Al contrario, el avance más alto se registra en los mandatos de establecer el principio de interpretación conforme a los tratados internacionales y la obligación de garantizar la autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos en las entidades federativas, acerca de los cuales en la tercera edición se registra el 100% a nivel nacional en ambos casos.

La fecha que se tomó como referencia para revisar las constituciones locales en el marco de la tercera edición de este estudio es la de 14 de mayo de 2018.

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