Gobierno de Quirino debe aclarar uso de 600 mdp en salud

En su primera evaluación, la administración de Quirino Ordaz Coppel salió reprobada. Así lo señalan los informes de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en cuanto al manejo de fondos federales utilizados por los Servicios de Salud de Sinaloa.

En la revisión al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y al Acuerdo de Coordinación entre la Secretaría de Salud y Sinaloa (Seguro Popular), la ASF pidió que se aclare el uso de 588 millones 971 mil 226 pesos empleados principalmente en nóminas; que se regresen 54 millones 604 mil pesos utilizados de forma irregular y se ordenó que el SAT audite las cuentas de la Secretaría de Salud.

“El Gobierno del Estado de Sinaloa no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas”, señalaron los informes de la ASF en el tema de salud.

Al respecto, el tesorero del Estado, Carlos Ortega Carricarte defendió que las observaciones han disminuido en comparación con el último año de Malova.

La primera entrega de Informes Individuales de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 se presentó el pasado 29 de junio en el Congreso de la Unión, pero aún faltan otros dos informes de 2017 que se presentarán en octubre y febrero próximo.

Estos informes de auditorías son los primeros resultados que se hacen públicos y en los que se revela el desempeño de Ordaz Coppel y su gabinete.

 

Empleados “fantasma”, otra vez

A pesar de que fue la principal crítica hacia la administración de Ernesto Echeverría Aispuro, titular de Salud durante la administración de Mario López Valdez, los trabajadores “fantasma” volvieron a aparecerse en la revisión al primer año de Ordaz Coppel.

La ASF explicó que en Sinaloa existen 7 mil 272 trabajadores adscritos a 236 establecimientos de salud (hospitales y centros de salud), cuyo sueldo es pagado con recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA).

De esta cantidad, se requirió que los responsables de 129 establecimientos subieran a la plataforma web “Validación Electrónica del Personal” los datos generales de sus empleados, así como informar sí estos trabajaron o no durante 2017.

Fue a través de ese proceso que se detectaron a 225 empleados de los que no se brindó respuesta y tampoco se indicó si trabajaron durante 2017, pero sí recibieron un sueldo que sumó 55 millones 128 mil pesos.

Además en 29 centros de trabajo no dieron respuesta de su personal y en 39 centros dieron respuesta parcial.

La ASF descubrió también 16 casos en los que el responsable del centro de trabajo no reconoció al personal en nómina. Por estos empleados “fantasma” se pagó un sueldo de 3 millones 335 mil pesos.

En el caso de los 225 empleados, la ASF ha pedido que se aclare la situación y se proporcione la documentación justificativa y comprobatoria por el monto de 55 millones 128 pesos, trámite para el cual todavía hay un plazo abierto. Sin embargo, en el caso de los 16 trabajadores “fantasma”, se generó un pliego de observación, el cual obliga a que el gobierno de Ordaz Coppel regrese los 3 millones 335 mil pesos, más rendimientos generados, por pagarle a 16 personas que no laboraron en los centros de trabajo.

En una segunda etapa de la auditoría, se escogió una muestra de mil 157 trabajadores del Hospital General de Culiacán y del Hospital de la Mujer. En ambos nosocomios se realizó una visita física y se detectó la ausencia de 131 empleados.

En una primera respuesta, los directivos de ambos hospitales justificaron la ausencia de algunos pero quedaron pendientes de justificar 108 empleados, quienes recibieron un sueldo por 31 millones 711 mil pesos.

Mientras la auditoría avanzaba, la Secretaría de Salud logró aclarar un importe de 21 millones 680 mil pesos, que corresponden a 71 casos de trabajadores en su periodo vacacional, con incapacidad o con licencias.

Sin embargo, al cierre de la auditoría aún persistían 37 casos por explicar, los cuales corresponden a un importe de 10 millones 031 mil pesos gastados en su nómina. Por esta irregularidad, la ASF le exige al gobierno de Sinaloa que regrese el dinero.

“Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de diez millones treinta y un mil seiscientos un pesos por realizar pagos improcedentes a 37 personas que no se encontraban laborando en los hospitales visitados y de los cuales no se proporcionaron las justificaciones de las ausencias”, documentó la ASF.

Al revisar un segundo fondo federal, el Convenio entre la Secretaría de Salud y el gobierno de Sinaloa, la ASF también encontró irregularidades en la nómina. En esta revisión, encontró a 74 empleados que recibieron un sueldo sin laborar durante el 2017, por un monto total de 9 millones 922 mil pesos que ahora se pide que sean devueltos a la hacienda federal.

 

Administrar salud es complejo: Tesorero

El secretario de Administración y Finanzas, Carlos Ortega Carricarte, defendió que la Secretaría de Salud es una de las áreas más auditadas por el gobierno federal y en donde se maneja una gran cantidad de recursos y trabajadores, lo que eleva la complejidad de la administración.

Aseguró que actualmente buscan aclarar los casi 600 millones de pesos por los que la ASF está requiriendo una explicación y la documentación que justifique los pagos en nóminas, principalmente.

“Quisiera yo destacar que la ASF está pidiendo aclaraciones, que le aclaren aún más algunas situaciones que encontró internamente, aún no pasan a lo que es una observación formal. Acortaron mucho los tiempos para aclarar y ahorita estamos en ese proceso. Se está trabajando muy intensamente en aclarar todas esas dudas”, enfatizó Ortega Carricarte.

Admitió que Salud sigue siendo una de las áreas con más observaciones por parte de la ASF pero defendió que han disminuido en comparación con el último año de Mario López Valdez.

“La secretaría de Salud es de las áreas más auditadas del gobierno, es un área muy compleja en el ejercicio de los recursos federales, entonces es complejo cómo se tiene que comprobar y ahí es donde las auditorias son más fuertes”, señaló.

De acuerdo con la Matriz de Datos Básicos del Informe de Fiscalización de la ASF, en la primera entrega de 2016, el último año de Malova, se realizaron 13 auditorías a un monto total de 3 mil 569 millones de pesos. De ahí, se generaron 69 observaciones y se pidió el regreso de 181 millones de pesos, incluida la revisión a los municipios.

Según el mismo documento, pero de 2017, el primer año de Ordaz Coppel, la ASF realizó 10 auditorías a un monto total de 8 mil 394 millones de pesos. De esa cantidad, se generaron 51 observaciones y se exigió el regreso de 61 millones 813 mil pesos, incluida la revisión a los municipios.

“Se ha buscado regularizar las faltas que se habían hecho en observaciones de años anteriores, se ha ido mejorando la administración, pero es un proceso, todavía se está fortaleciendo. Si ustedes compararan un año con otro van a ver el cambio y la caída en las observaciones”, afirmó Ortega Carricarte.

 

Qué se encontró en salud:

Del fondo FASSA 2017 se pide aclarar el uso de 492 millones 165 mil pesos y que se regresen 41 millones 896 mil pesos por uso irregular del fondo.

Del fondo Seguro Popular se pide aclarar el uso de 96 millones 805 mil pesos y que se regresen 12 millones 708 mil 276 pesos.

La ASF también ordenó al SAT que audite a los servicios de salud por no haber presentado evidencia del pago del ISR.

Artículo publicado el 08 de julio de 2018 en la edición 806 del semanario Ríodoce.

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