Con siete meses y medio de embarazo, “Éricka” ingresó al Hospital Civil con dolores de parto; 15 minutos después ella y su bebé fallecieron.
Los médicos justificaron muerte súbita, pero tras una investigación, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) determinó que fue por negligencia e impericia.
Cuatro horas antes, ya había acudido a urgencias y la regresaron a su casa; desde ese momento, señala la CEDH, el médico que la valoró debió advertir una emergencia obstétrica e internarla por los problemas de presión arterial de la madre y de la frecuencia cardiaca del bebé.
El de “Éricka” —como será llamada por reserva de su identidad—, es uno de los casos en los que la CEDH encontró violaciones de derechos humanos.
Este caso costó la vida de una joven y su bebé; en otro, un bebé quedó con un brazo inmóvil; en uno más la víctima terminó con daño en los riñones y en hemodiálisis y afectación en la vista; y en otro hubo un gasto económico innecesario.
De acuerdo con el Informe Anual de Labores 2017, durante el año pasado el sector salud tuvo cuatro recomendaciones y todas fueron rechazadas.
En ellas, la CEDH acusa negligencia médica, violación al derecho a la vida, violencia obstétrica y prestación indebida del servicio público.
De las cuatro recomendaciones, tres fueron por violaciones de derechos a mujeres embarazadas.
Después de la Fiscalía General del Estado, el sector Salud fue el área que más recomendaciones recibió en 2017.
De 23 recomendaciones, en ocho señalaron a la Fiscalía, tres a la Secretaría de Salud, una al Hospital Civil y en el resto a otras autoridades estatales y municipales.
La Secretaría de Salud y el Hospital Civil no aceptaron las recomendaciones, rechazaron los señalamientos de violaciones de derechos humanos en sus hospitales.
‘Vuelva más tarde’ y volvió para morir
Desde un ejido de Elota, la noche del 18 de enero de 2015, “Éricka” fue trasladada a urgencias del Hospital Civil de Culiacán; tenía siete meses de embarazo y dolores de parto.
El médico que la valoró le dijo que se regresara a su casa e ingiriera alimentos, ya que tenía más de ocho horas sin comer.
La mujer fue trasladada a su vivienda donde empezó a vomitar, presentó temperatura alta y dolor de cabeza y cuerpo, por lo que de nueva cuenta fue llevada al hospital e ingresada a las 1:00 horas del 19 de enero.
Aproximadamente 15 minutos después del ingreso, el personal medico informó al esposo de la víctima que la mujer y el bebé habían fallecido.
El perito de la CEDH, tras revisar las constancias médicas, estableció que desde el primer ingreso la madre presentaba problemas de la presión arterial y el bebé de la frecuencia cardiaca, lo que representaba una emergencia obstétrica y debió ser hospitalizada en ese momento y no devuelta a su casa.
El médico que la valoró, señaló el perito, actuó con negligencia e impericia, trayendo como consecuencia la muerte de la madre y el bebé.
De haber actuado conforme a las normas existentes, el producto del embarazo pudo haberse rescatado, determinó.
Por este caso, la Fiscalía General del Estado inició una averiguación previa que no ha sido resuelta.
Violaciones de derechos acreditadas
El Visitador General de la CEDH, Miguel Ángel Calderón Espinoza, dijo que en la no aceptación de las recomendaciones, tanto la Secretaría de Salud y el Hospital Civil justifican que a juicio de ellos no hubo violaciones a derechos humanos.
Mencionó que en los casos señalados por la Comisión sí están acreditadas las violaciones.
“Las recomendaciones no se emiten bajo el libre arbitrio ni del Presidente, ni del Visitador General, ni de los Visitadores Adjuntos, todo esto se hace de un análisis y a las pruebas que los propios quejosos presentan, sustentado en la legislación, en las normas y en los propios dictámenes médicos que emiten especialistas”, indicó.
Llegó a parir y salió con hemodiálisis
A “Carmen”, de 37 semanas de embarazo —también de nombre ficticio por protección de sus datos—, el 31 de julio de 2015 le diagnosticaron embarazo de alto riesgo ya de término e hipertensión.
Para la CEDH, desde ese momento la joven tuvo que ser internada, pero los médicos del área de urgencias del Hospital General de Los Mochis no lo consideraron así y la enviaron a su casa.
La madrugada del 3 de agosto, a las 4:00 horas, la joven fue ingresada con dolores de parto, pero le dijeron que todavía no y la mandaron a caminar; la cesárea la practicaron hasta las 12:23 horas.
El 5 de agosto fue dada de alta y un día después volvió al hospital debido a que presentaba convulsiones y al día siguiente la trasladaron al Hospital General de Culiacán.
De acuerdo con la CEDH, después de la cesárea la paciente fue dada de alta sin que se le tomara la presión, a pesar del antecedente de hipertensión.
El traslado a Culiacán fue el 8 de agosto, pero desde un día antes el personal de Los Mochis determinó que la joven requería de un tratamiento que no le podían otorgar en ese hospital y había alto riesgo de fallecimiento, por lo que ese mismo día debió ser trasladada.
Después de ser dada de alta del Hospital General de Culiacán la joven siguió con tratamiento de hemodiálisis, debido a que sus riñones quedaron afectados, tiene una hernia producto de la cesárea y afectado el 50 por ciento del campo visual izquierdo.
Víctimas sin reparación de daño
En las cuatro recomendaciones para el área de Salud, la CEDH pidió iniciar procedimientos a los médicos responsables y establecer sanciones.
En el caso de “Carmen”, además solicitó a la Secretaría de Salud que considere dar vista a la Fiscalía General del Estado para que determine si la conducta puede resultar constitutiva de delito.
Artículo publicado el 24 de junio de 2018 en la edición 804 del semanario Ríodoce.
