ONU y CIDH reprueban a EPN por fracaso en defensa y protección de derechos humanos

RELATORES. De la ONU y de la CIDH.

Relatores Especiales de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos reprobaron el sexenio de Enrique Peña Nieto al señalar con testimonios la graves irregularidades en que incurrió el Estado Mexicano en materia de violación de los derechos humanos, contra la libertad de expresión y de opinión, que deja decenas de periodistas muertos y en un estado preocupante de indefensión al gremio “porque no hay voluntad política para sancionar los delitos y priorizar el tema de la seguridad de los comunicadores como un objetivo nacional”.

Para reforzar este señalamiento, organizaciones por la defensa de los derechos humanos en México condenaron el desprecio que muestra el Estado para garantizar, proteger y respetar la libertad de expresión y en este contexto electoral, convocaron al gobierno de transición a cumplir las recomendaciones del Informe de los Relatores de la ONU y la CIDH y proceda a garantizar la integridad de los periodistas mexicanos, derogar leyes que criminalizan la libertad de expresión, impulsar las reformas a la Ley General de Comunicación Social para promover medios libres y se retome el caso Pegassus.

El informe critica la escasa voluntad para esclarecer los asesinatos y otros ataques contra periodistas. Datos documentados revelan que el 99.6 por ciento de estos delitos aún no han sido esclarecidos. Es inadmisible que el Gobierno Mexicano siga sin investigar estos delitos y se juzgue a los responsables, afirma el documento.

Declaraciones de las víctimas revelan los altos niveles de temor y autocensura que causa entre los periodistas y sus comunidades la impunidad y la profunda desconfianza de que las autoridades públicas logren justicia y protejan el Estado de Derecho.

Al visitar el país del 27 de noviembre al 4 de diciembre pasado —donde recorrieron Guerrero, Veracruz, Tamaulipas, Sinaloa y la Ciudad de México—, los Relatores Especiales se entrevistaron con autoridades federales de los tres poderes, incluidas las Fuerzas Armadas y autoridades civiles y 250 periodistas de 21 estados del país, cuyo retrato sobre asesinatos, desapariciones, secuestros, torturas y amenazas, pintan un escenario de inseguridad y corrupción nada favorable para los periodistas y su derecho a ejercer la libertad de expresión.

El informe lanza una severa crítica al gobierno de Peña Nieto que ha pisoteado los estándares internacionales adoptados y firmados por México para la defensa y el respeto de la Libertad de Expresión y de Opinión, como son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la misma Constitución Mexicana, que reconoce las obligaciones internacionales de derechos humanos asumidas por este país, y que además obliga al resto de los estados a cumplir con el derecho internacional en materia de derechos humanos.


Los Relatores especiales exponen su preocupación sobre el proyecto de Ley de Seguridad Interior y argumentan que en México existe una arraigada tradición de protesta social y en la víspera de las elecciones más amplias en la historia nacional, es importante que el Estado garantice el derecho de las personas a reunirse y protestar sin riesgo, se revisen los protocolos sobre el uso de la fuerza en manifestaciones públicas y protestas para evitar abusos y excesos, y se capacite a las corporaciones de seguridad nacional y fuerzas armadas de tal forma que se pueda actuar conforme a los estándares internacionales.

Además, proponen derogar el texto actual de la Ley de Seguridad Interior e iniciar un diálogo abierto y exhaustivo sobre el modelo de seguridad que necesita el país, reivindicando el rol de las agencias de seguridad civiles en el manejo de los problemas de seguridad pública.

Para las autoridades esta norma que autoriza a las Fuerzas Armadas a salir a las calles es clave para combatir la narcoviolencia.

Sin embargo, a los Relatores les inquieta porque algunas disposiciones podrían impactar negativamente en el acceso a información relacionada con actividades de inteligencia y el uso de la fuerza durante manifestaciones.

Al respecto los relatores destacan que este proyecto de ley supone un retroceso de 15 años en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales y podría contravenir las funciones del INAI, que es el responsable de definir qué información debería protegerse para fines de seguridad nacional y no las Fuerzas Armadas. En su opinión no deberían adoptarse leyes que menoscaben los poderes conferidos a las autoridades de acceso a la información o los estándares vinculados con el acceso a la información sobre graves violaciones de derechos humanos.

En un contexto de grave violencia e inseguridad, el informe revela que desde el 2010, 73 periodistas han sido asesinados, 12 han sufrido desaparición forzada y hubo 44 intentos de asesinato. Tan solo el año pasado el registro incluye 12 periodistas muertos y en lo que va de este año van cinco, y uno del cual se desconoce el paradero. Muchos de los ataques corresponden a periodistas vinculados con la corrupción, narcotráfico, colusión de funcionarios públicos con la delincuencia organizada, violencia policial y temas electorales.

Entre la larga lista de recomendaciones que se hacen al Estado mexicano en las tareas de defensa de la libertad de expresión y opinión, se convoca a la autoridad a tomar medidas necesarias para prevenir más asesinatos, secuestros, torturas, desplazamientos, amenazas, intimidaciones y toda forma de violencia contra periodistas que al mismo tiempo refuerce el marco institucional y se apliquen medidas para el combate a la impunidad, corrupción y la aplicación de la justicia.

Los organismos civiles por la defensa de los derechos humanos que respaldaron el Informe del Relator Especial para la Libertad de Expresión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, David Kayea y su homólogo el Relator Especial para el caso en la CIDH, Edison Lanza, subrayaron la importancia del periodismo en el contexto de las elecciones como una condición para el derecho del público a la información, haciendo hincapié en las agresiones provenientes de actores políticos como ajenos al Estado.

Y reafirmaron la ineficiencia de la Fiscalía para los Delitos contra la Libertad de Expresión al señalar que de los 84 homicidios sobre los que se abrió carpeta de investigación, en 37 casos (44.05 por ciento), los investigadores no encontraron relación alguna con el ejercicio de la libertad de expresión. Con esto, se precisa la inconformidad al señalar que en los 47 registros de homicidios de periodistas en ejercicio, actualmente 28 están en trámites y 16 de los 19 restantes se determinó el “No ejercicio de la Acción Penal”, “Reserva o acumulación” y solo en tres se ejerció la acción penal.

En torno a la llamada “Ley Chayote” que legaliza malas prácticas y permite un uso discrecional de recursos públicos para promover a políticos y funcionarios en medios de comunicación, los organismos demandaron una respuesta a la promesa hecha para corregir la Ley General de Comunicación Social, que permita hacer un manejo adecuado del presupuesto para gasto de publicidad oficial.

Artículo publicado el 24 de junio de 2018 en la edición 804 del semanario Ríodoce.

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