La violencia política alcanzó a los sinaloenses a través del asesinato del universitario Juan Pablo Martínez Álvarez, militante pasista y coordinador de la campaña de la candidata frentista en el municipio de Sinaloa.

Un ataque mortal a la política que no había ocurrido en el estado desde el 2004, cuando fue asesinado Saúl Rubio en un camino de ese mismo municipio, sin que se sepa hasta ahora quién fue el autor intelectual de la muerte de este dirigente campesino que era postulado a la alcaldía por el PAN.

No se puede banalizar el crimen de Martínez Álvarez diciendo alguna tontería de las que se acostumbran para justificar este tipo de muertes en campaña; es necesario darle una clara dimensión para entender su significado en una circunstancia política muy singular por el rol que juega el actor criminal en la política de esa región del estado.

Se ha dicho que un candidato ha “renunciado por razones de salud”, so riesgo que de no hacerlo tendría que asumir las consecuencias de su desobediencia.

Cualquiera que sea la razón de las renuncias o de este asesinato notoriamente político, es inaceptable en una sociedad que busca ir en paz a emitir su voto el 1 de julio.

La muerte de Martínez Álvarez exhibe la región de Guasave como foco rojo de estas elecciones que ameritan una intervención inmediata de las instituciones garantes de una elección libre, razonada y participativa pero también de proteger a los aspirantes a un cargo de representación política.

Algo grave ocurre en el norte del estado cuando suceden estos crímenes y se dirimen las candidaturas bajo amenazas y balas.

Ya en las elecciones estatales de 2016 las amenazas y la intimidación estuvieron a la orden del día; sin embargo, esto no pasó a mayores porque quizá se cumplieron las expectativas de los actores violentos o, parafraseando a Adam Smith, el clásico de la economía inglesa, la mano negra del gobierno hizo bien su trabajo.

Qué hubo de haber pasado para que el ataque no haya quedado solo en la amenaza y la conminación para que el destinatario último le bajara o abandonara su proselitismo, porque obvio no era este joven profesor que cumplía solo tareas de coordinación de la campaña en uno de nuestros municipios rurales.

Y ante las pocas evidencias, todo indica que el mensaje es para la candidata municipal, el candidato a diputado federal o el candidato al Senado de la República, porque no hay un dato que indique que sea contra todos los candidatos del Frente por México.

Claro, alguien más agudo podría decir que este balazo va al corazón de las elecciones buscando crear una atmosfera de intimidación desde un eje geográfico que irradie fuego y no podría faltarle razón; que lleve a pensar que por medio de la intimidación resulte un juego de suma cero donde lo que pierden unos lo gana otro u otros partidos.

Entonces, la respuesta podría encontrarse en un fenómeno simétrico donde este crimen se vincula como intimidación con los ocurridos en Guerrero, Veracruz, Tamaulipas o Coahuila, donde se ha atentado contra la vida de candidatos y también se ha atemorizado a otros aspirantes.

No es el caso en Sinaloa, aquí se atentó contra un coordinador de campaña, pero para el caso da lo mismo, se ha segado una vida importante en el actual proceso electoral que enturbia el ambiente de la elección, y hoy es difícil aquilatar el efecto que podría tener en esa región del estado, particularmente entre los campañistas de las tres coaliciones en competencia.

Quizá hasta podríamos decir que en ese municipio las campañas llegaron a su fin, los incentivos para continuar con la labor proselitista son mínimos y la expectativa de un triunfo es poco estimulante. Pregunto ¿habrá quien realmente desee gobernar una región con estas características?

Seguramente no, pero el compromiso empuja, al final el municipio de Sinaloa tendrá su alcalde, y tendrá que lidiar con la incertidumbre de transitar por esos caminos alejados de dios —los conozco desde niño, mi madre nació en el Portugués de Norzagaray, en las estribaciones de la Sierra Madre Occidental.

No quisiera cerrar el texto sin mencionar la exigencia que ha hecho la plana mayor de la Universidad Autónoma de Sinaloa a la Fiscalía del Estado para que esclarezca los hechos y de con los culpables y los castigue. Es un reclamo justo ante la acumulación de decenas de muertes que han lastimado a esta comunidad en los últimos diez años.

Juan Eulogio Guerra Liera, rector de la UAS, en marzo pasado cuando se asesinó a otros universitarios, señaló que había más de 100 profesores y estudiantes que habían sucumbido en distintas circunstancias y lugares desde 2007.

Nada menos había que esperar de las autoridades universitarias, sin embargo, en este caso el pronunciamiento fue como nunca había sucedido, con toda severidad; solo espero que no sea porque Juan Pablo tenía ese doble rasgo de ser funcionario y militante del Partido Sinaloense, sería una mala forma de recordarlo, como también al resto de los universitarios, que la violencia interrumpió unas vidas que pudieron ser maravillosas.

Artículo de opinión publicado el 24 de junio de 2018 en la edición 804 del semanario Ríodoce.