lunes, octubre 25, 2021
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  • Dias de Impunidad

Denuncian 14 años de impunidad en asesinato del periodista Francisco Ortiz

 

A 14 años del asesinato del periodista y editor de Zeta de Tijuana, Francisco Ortiz Franco, el semanario cuestionó la impunidad que ha prevalecido en el caso.

En un reportaje titulado “Ortiz Franco: 14 años de impunidad”, se señala que las promesas de investigar” y de no “olvidarlo”, por parte de autoridades y organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales, “se han diluido con el paso del tiempo, a 14 años del cobarde homicidio”.

“Las esperanzas de que el asesinato del editor de Zeta sea resuelto son tan escasas como la posibilidad de que, tan solo una de las líneas de investigación, sea robustecida para saber que se está ante la pista de los criminales y llevarlos ante la justicia para procesarlos y sentenciarlos”, señala.

“La impunidad que campea en México se ha impuesto en este caso, como sucedió en el atentado contra Jesús Blancornelas -en noviembre de 1997-, sin que ninguna persona sea juzgada por el hecho, o como en el homicidio de Héctor el ‘Gato’ Félix Miranda -abril de 1988-, del que solo se detuvo a los autores materiales, pero nunca al autor intelectual. Ambos periodistas, fundadores de este Semanario”.

A continuación se reproduce el texto:

Hoy viernes 22 de junio se cumplen 5 mil 113 días de impunidad, desde que un sujeto con el rostro cubierto disparó a mansalva con una pistola tipo escuadra al periodista que estaba sentado frente al volante de su automóvil. El desconocido se aproximó hasta la ventana del carro para impactar el cuerpo de Francisco en cuatro ocasiones. Sus menores hijos fueron testigos en los asientos traseros de la unidad.

En ese tiempo transcurrido, las hipótesis se mantienen, sin que ninguna de ellas descolle sobre las demás. Los nombres de los posibles asesinos se mantienen, aunque más de alguno ya esté muerto o se mencione que pronto saldrá de la cárcel, donde se encuentra por delitos diversos al cometido contra nuestro editor.

Investigaciones realizadas durante un mes completo por editores y reporteros de Zeta, permitieron establecer que durante los meses de abril y mayo de 2004, Ortiz Franco llevó a cabo algunos reportajes sobre el crimen organizado, destacando un trabajo periodístico  que revelaba la identidad y fotografías de 71 miembros del Cártel Arellano Félix (CAF).

La publicación puso en claro que se trataba de narcotraficantes y sicarios al servicio de la organización delictiva, quienes andaban mezclados en la sociedad tijuanense. Los delatados se habían tomado las fotos para obtener credenciales que los identificarían como agentes de la Procuraduría de Justicia local y por las cuales se pagaron unos 70 mil dólares, destacándose cómo los sujetos utilizaron el mismo saco y corbata.

Entre los datos aportados por los compañeros del periodista para la investigación, se informó que días antes de la publicación del reportaje, el ex policía ministerial José Encinas Filatoff visitó en dos ocasiones al editor en las instalaciones del periódico, pues según las libretas del fallecido, el referido personaje era su informante.

Inicialmente las pesquisas estuvieron a cargo de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, y posteriormente fue la Procuraduría General de la República (PGR), a través de su recientemente creada Fiscalía Especializada de Atención a Delitos contra Periodistas, la que atrajo el caso y se comprometió a resolverlo.

Otra investigación estaba relacionada con el seguimiento periodístico y jurídico que Francisco Ortiz Franco, como abogado que era, daba al expediente del homicidio de Héctor el “Gato” Félix y que pretendía encontrar los nexos de coparticipación de los asesinos materiales con su jefe, el político y empresario Jorge Hank Rhon, al que se señalaba insistentemente como autor intelectual.

También las presunciones se centraron sobre las células delictivas de Arturo Hereda Villareal el Nalgón y José Briceño el Cholo, jefes relevantes en la estructura del CAF y afectados directos por la publicación del editor. Se dijo que habrían actuado con el auxilio de pandilleros del Barrio Logan de San Diego, California, o sicarios de la organización local.

Una línea más de investigación refería que el grupo delictivo de Los Zetas, que aún estaba al servicio como brazo armado del Cártel del Golfo, había establecido nexos con el CAF, dado el compañerismo que guardaban como internos del penal del Altiplano los narcotraficantes Benjamín Arellano Félix y Osiel Cárdenas Guillén. La versión refería que Heriberto Lazcano el Lazca, líder del sanguinario comando, fue quien disparó contra Francisco.

Debido a que el asesinato ocurrió solo dos cuadras de la comandancia de la PGR en Tijuana, se estableció la posibilidad de que policías hayan protegido el arribo y huida de los homicidas, pues se plantea que el sujeto que accionó del gatillo del arma homicida no iba solo, sino como acompañante del que conducía una camioneta Jeep Cherokee color negro. Al Cholo Briceño lo ponen como chofer.

La Fiscalía Especializada de Atención a Delitos contra Periodistas, hoy conocida como FEADLE, no resolvió nada. Se tomaron todas las líneas de investigación, y un año después del hecho, se agregaron algunos nombres a la averiguación previa, entre ellos el de Eduardo Ronquillo Medina el Niño, miembro del CAF, quien para entonces ya estaba muerto.

Supuestamente todas las hipótesis convergían, y en la fecha del crimen, Ronquillo, acompañado de dos agentes judiciales, había avisado a los sicarios sobre la localización de la víctima que había acudido a tratarse una parálisis facial sufrida semanas antes a una unidad de rehabilitación física. El Cholo lleva a Lazcano al sitio para que baje y mate a Francisco. El asesino vuelve al vehículo y escapan. Otros dos individuos, probablemente judiciales o “Zetas”, cubrieron la huida de los matarifes.

Con Ronquillo y el Lazca muertos, y el Cholo desaparecido desde 2008, pocas son las esperanzas de que se aclare el homicidio del periodista. El mismo año de los hechos, autoridades informaron de la captura de Marco Antonio García Simental el Cris, que utilizaba el falso nombre de Mario Alberto Rivera López, y hermano del jefe de células del CAF, Teodoro García Simental el Teo. Se dijo estaba implicado en el caso Ortiz Franco, pero nunca se le ha imputado por ello judicialmente. El Cris estaría próximo a ser liberado del penal del Altiplano.

En 2010, la Sociedad Interamericana de Prensa anunció que este homicidio sería llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por la falta de respuesta en las investigaciones y la impunidad generada en un proceso viciado, pero a la fecha se desconoce en qué quedó la promoción.

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