Familias de desaparecidos, Iglesia y abogados reclamaron en Los Mochis mayor seguridad al gobernador Quirino Ordaz Coppel y la urgente modificación de la política criminal ante los focos rojos que se encienden en toda la geografía sinaloense.
Los litigantes fueron más allá y demandaron el cese del fiscal, Juan José Ríos Estavillo por inepto.
Con una marcha en la que también participaron estudiantes, las familias protestaron contra la inseguridad, la desaparición de personas y la omisión policial para contener y detener a los grupos armados que con toda impunidad operan en el municipio.
Las cifras son escalofriantes: 28 personas desaparecidas en mayo, 12 de ellas son mujeres de acuerdo con el colectivo Desaparecidos de El Fuerte, conocido como “Las Rastreadoras” y ningún detenido.
La marcha fue convocada por Blanca Esthela Fernández, madre del joven estudiante José Antonio Fernández Vázquez, desaparecido el 4 de abril junto con Álvaro Rodríguez, un amigo ocasional al que acompañó a lavar una camioneta en un car-wash de la colonia Cedros.
Ellos se trasladaban en una camioneta Tacoma, color rojo, cuando a las 19:30 horas fueron interceptados por una camioneta CRV color negro o gris oscuro, privándolos de la libertad.
Minutos después, ella se comunicó con su hijo y le dijo que tenía problemas y que le enviara ayuda, pero no alcanzó a decirle hacia dónde.
En investigaciones personales, el celular fue ubicado en Bachoco, Guasave.
Días después y ya en la búsqueda del estudiante, los documentos personales de José Antonio fueron encontrados en un vivero de Estación Naranjo, Sinaloa.
Un desconocido los regresó a la mujer, haciendo contacto telefónico por un ticket de recarga telefónica.
Blanca Esthela Fernández dijo que es sorprendente cómo un grupo de delincuentes opera de día, en una colonia populosa, y ante la vista de todos privan de la libertad a dos jóvenes, cruzan la ciudad y salen de ella sin ser molestados por algún policía de las tantas corporaciones que pregonan que el municipio ha sido blindado y es cien por ciento seguro.
Junto a Blanca Esthela marchó también Edith Rendón Moreno, cuyo marido, Ramón Carrillo Estrada fue privado de la libertad el 13 de junio a las 15:00 horas en el fraccionamiento Urbi Villa, cuando regresó a su casa para protegerse de sujetos que lo perseguían.
Al penetrar a la vivienda fue recibido por su concubina y una hija de 13 años. Los delincuentes balearon a quemarropa a la mujer en el pecho, y a la menor en las piernas. Ella convalece sumamente grave porque la bala le quebró la columna vertebral, la niña está fuera de peligro, y Ramón desapareció.
Ambas mujeres apoyadas por Mirna Nereyda Medina Quiñónez, fundadora de “Las Rastreadoras”, criticaron la política de seguridad pública por inoperante, pese a que algunos funcionarios estatales respaldan las investigaciones de los hechos consumados.
“La atención es buena, pero hasta ahí. Lo condenable e inaceptable es que las policías no actúen flagrancia cuando han demostrado eficiencia como ocurrió en el asesinato del jefe policial, Joel Medina, que en cuestión de minutos fueron ubicados los sujetos y hasta muertos en balacera”, dijo Blanca Esthela.
“Con nuestros muchachos no ocurre así, simplemente no actúan, la video vigilancia es inefectiva pese a la gran inversión, por lo que algo debe cambiar de manera urgente”, dijo. “Y peor aún, los videos no tienen resolución pues son borrosos y no sirven para ubicar los vehículos”.
Medina Quiñónez comentó que son las corporaciones policiales omisas en su responsabilidad de brindar seguridad a los civiles.
“Hoy estamos viendo que los delincuentes se llevan a las personas, sin que la policía actúe. Hasta el 2017, el 80 por ciento de las desapariciones se consuman en presencia de o con la participación de un policía. Hoy no. Simplemente, la policía no aparece. Tenemos miedo, porque nosotras también podemos ser un objetivo”.
La marcha zarpó de la plazuela 27 de Septiembre con la bendición del párroco Antonio Díaz Fonseca, de la iglesia Sagrado Corazón de Jesús; navegó por las calles Álvaro Obregón e Ignacio Zaragoza y atracó en la Vicefiscalía zona norte, en donde ellas capitanearon una asamblea con la Unidad de Desaparición Forzada consumando un acuerdo de mayor celeridad en las investigaciones.
El párroco Alfonso Díaz Fonseca, activista en los casos de desaparición forzada en 1970, dijo que la Iglesia respalda el movimiento porque observan que las madres están asumiendo la búsqueda de las familias, y a veces los problemas colaterales, y se pronuncia por una pronta solución.
Reconoció que la demanda de que aparezcan los desaparecidos está uniendo a la sociedad, principalmente a la juventud. “Las desapariciones es un dolor en México”.
En tanto, el alcalde Manuel Urquijo minimizó los hechos denunciados por las mujeres, afirmando que la percepción de inseguridad es errónea, pues Ahome es el municipio más seguro de la entidad, como lo han reconocido autoridades estatales.
Comprometió un mayor trabajo policial para responder a las demandas sociales.
Por su parte, Carlos Alberto Acuña Ronquillo, director de la Policía Municipal de Ahome, desestimó las críticas ciudadanas, afirmando que tal cantidad de desaparecidos no es cierta, pues más de la mitad de ellos han regresado a sus casas sin reportarlo a la autoridad ni a los medios de comunicación. “Lo hacen mediático cuando suceden, pero no pasa de allí”.
Además, afirmó, todos los casos tienen que ver con narcomenudeo o robos, que son casos de delincuencia común.
Dijo que no se pueden evitar las privaciones de personas porque la policía no conoce las agendas personales de los civiles.
Avaló las operaciones policiales porque dijo que en cada denuncia de privación de la libertad se cierra la ciudad, por lo que es imposible que sean sustraídos los civiles. “Más bien, creemos que los trasladan hacia el interior”.
Acuña Ronquillo dijo que no se ha identificado al grupo delincuencial que opera en la ciudad, aunque recopilaron alguna información que se está corroborando y la cual ser reservó.
En tanto, José Luis Polo Palafox, presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa (Fedasin) pidió el cese del fiscal Juan José Ríos Estavillo por inepto, porque “no está a la altura de los sociedad sinaloense, que trasgrede sistemáticamente la presunción de inocencia y de proceso penal, y recientemente violentando la secrecía de las carpetas de investigación”.
A la par, el sistema judicial de Sinaloa debe ser saneado porque impera la corrupción.
Recordó que el magistrado presidente, José Enrique Inzunza Cazárez recientemente fue denunciado por una jueza valiente, pero que como víctima fue ignorada.
Contra la denuncia, el presidente provocó la sublevación de la alta justicia de Sinaloa e hizo firmar su absolución a los jueces y magistrados, por lo que la denuncia no verá mayor tránsito.
“El gobierno del Estado (Sinaloa) queda a deber a los sinaloenses en seguridad y justicia, en donde tiene un cinco de calificación, y por tanto reprobado. Tenemos el primer lugar nacional y segundo en Latinoamérica en feminicidios, que no es cosa menor”.
Dijo que en Cosalá, San Ignacio y Elota es una franja en donde no hay una sola agencia del Ministerio Público, en Guasave existen 350 mil habitantes sin cobertura judicial, pues no hay tribunales de justicia.
“Definitivamente las políticas criminales deben cambiar, incorporar a la sociedad. El gabinete de seguridad queda a deber por timoratos. El gobernador, Quirino Ordaz Coppel debe cambiar el equipo por gente que le entienda al tema, que no se vea inmiscuida con criminales, y que tenga el vigor de enfrentarlos”.
Cifras alarmantes
Mayo 2018
28 desaparecidos
12 mujeres
16 hombres
Fuente: Desaparecidos de El Fuerte
La declaración:
“No son tantos, más de la mitad regresan a su casa, pero no lo reportan. Todos tienen asuntos por narcomenudeo o robos”: Carlos Alberto Acuña Ronquillo, director de Policía Municipal de Ahome.
Artículo publicado el 17 de junio de 2018 en la edición 803 del semanario Ríodoce.
