El Gobierno del Estado tardó seis años para voltear a ver a los desplazados y ahora los oculta.

Por recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el gobierno estatal debió realizar un censo de los desplazados por la violencia de Choix y Sinaloa municipio durante 2012.

En una reunión de personal de la CNDH con autoridades estatales, los funcionarios del gobierno del Estado presentaron un censo de los desplazados de Sinaloa municipio como definitivo y dijeron que el resto ya había regresado a sus comunidades.

Según el gobierno estatal fueron localizados 667, de los más de 2 mil desplazados que hubo solo en Sinaloa municipio y Choix.

En el caso de Choix, el conteo no se ha realizado por la negativa del alcalde Lindolfo Reyes Gutiérrez, de reconocer el desplazamiento en su municipio.

De acuerdo con Esperanza Hernández, representante de los desplazados de Sinaloa municipio y víctima, el conteo aún no termina.

Mencionó que la reunión entre autoridades estatales y la CNDH fue el pasado jueves 17 y por separado el mismo día los defensores de derechos humanos se reunieron con ella y personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

“Yo ahí les aclaré que no sé porque se empeñan en estar diciendo eso, cuando yo al gobierno le he aclarado miles de veces que no llega a 10 familias las que han regresado; ahí están informando mal porque en primer lugar el censo no se ha terminado de levantar”, dijo.

Comentó que la reunión era para analizar los avances del cumplimiento de la recomendación y trazar líneas de acción, pero no se pudo debido a que el censo no está terminado.

El censo se está realizando, añadió, porque ella ha estado presionando y ha acompañado al Gobierno Estatal a localizar a los desplazados en las ciudades de Los Mochis, Guasave, Sinaloa de Leyva, Guamúchil, Culiacán y Badiraguato, aunque en el último municipio los desplazados no acudieron.

“Ese censo se ha realizado porque yo he andado con ellos reuniendo a las familias, localizándolos, pero no es verdad que ya se terminó, estamos en el proceso, precisamente por eso no se pudo hacer ningún plan de trabajo con esa gente que vino de México porque el censo todavía no se termina”.

“Ahí en la reunión, ellos, los de México, me comentaron a mi pues que decían (el Gobierno del Estado) que la gente que faltaba ya se había regresado, yo les aclaré que no, que no es verdad, que el gobierno del estado es el que se empeña en estar declarando eso, no sé con qué finalidad”, lamentó.

Señaló que la recomendación de la CNDH señala a 1 mil 465 desplazados solo de Sinaloa municipio, pero muchas de esas personas ya no están en el estado.

Algunas de las víctimas, indicó, se fueron a otras ciudades como Tijuana, Mexicali o Guadalajara.

Además, indicó, en el censo no se están contemplando a todas las personas que han localizado, pues en algunos casos no registran a todos los miembros de las familias.

“Ha habido quejas porque en el levantamiento del censo nosotros tenemos registrados padre y madre y a todos los dependientes con nombre y edad, y esa gente ha tenido quejas que (Gobierno del Estado) no censan a todos los dependientes y no quieren edades, no están actualizando como es debido”, manifestó.

En la reunión con la CNDH, indicó, se acordó anexar al censo a las personas que se encuentran fuera del estado.

Esperanza Hernández dijo que a pesar de la recomendación, el Gobierno del Estado no ha hecho nada por los desplazados.

“Veo muy poco logro si es que nos dejan totalmente en manos del estado, me desanima terriblemente; hasta el momento estamos igual que antes de la recomendación y yo veo que con eso como que quieren poner en entre dicho lo que yo he dicho, con la finalidad seguramente de no atender como es debido”.

Mencionó que hasta la fecha no han recibido apoyos que pide la CNDH como despensas, atención médica y vivienda.

El organismo señaló que en 2012 las autoridades estatales y de los municipios de Choix y Sinaloa no realizaron sus labores de prevención de delitos y no auxiliaron a los habitantes de las comunidades que estaban siendo victimizadas a causa de la violencia, y tampoco implementaron acciones para salvaguardar sus derechos humanos, de tal forma que no tuvieran que ser obligadas a desplazarse.

Las autoridades no cumplieron con satisfacer por lo menos las necesidades básicas y apremiantes de las víctimas.

La CNDH recomendó realizar un censo y un diagnóstico de las personas desplazadas e implementar programas de reparación colectiva para garantizar a los desplazados condiciones de vida digna.

En el sur del estado, la Secretaría de Desarrollo Social estatal dio a conocer que contabilizó a 362 desplazadas que aún no regresan a sus comunidades.

Esas personas dejaron sus hogares en comunidades de Concordia y San Ignacio.

De acuerdo con la Sedesol el año pasado se desplazaron 1 mil 810 personas.

Actualmente, de Concordia quedan 362 personas y de San Ignacio 93 que no han vuelto a sus pueblos.

Los habitantes de esos municipios abandonaron sus casas por la violencia.

Apenas el miércoles pasado, cuatro personas fueron asesinadas en un camino que conduce a la comunidad de Pánuco, en Concordia.

Artículo publicado el 27 de mayo de 2018 en la edición 800 del semanario Ríodoce.