El juicio central del caso Gürtel, la trama de corrupción política más extensa y profunda de la historia democrática española y la pesadilla recurrente del Partido Popular (PP) durante la última década, ya tiene sentencia.

La Audiencia Nacional ha condenado a 51 años al empresario Francisco Correa como director de la red corrupta que anidó en el PP nacional durante el aznarismo y que trasladó su actividad a la Comunidad Valenciana tras la llegada de Mariano Rajoy a la presidencia del partido. El fallo considera probada la existencia de una caja b en el Partido Popular, que será juzgada en una causa aparte, y que entre esta formación y las empresas de Correa “se tejió” un “auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional”, informó El País.

Correa, cuyas sociedades de organización de eventos percibieron 8.4 millones de euros entre 2000 y 2008 en contratos públicos a precios muy superiores a los de mercado, y que logró 2.85 millones por intermediar ante la Administración en favor de empresas ajenas, ya tiene una sentencia firme de 13 años de prisión por la pieza separada de Gürtel sobre los amaños de la adjudicación de los expositores de turismo de Valencia en Fitur. También aguarda en prisión otra sentencia por la supuesta caja b del PP valenciano, donde la fiscalía reclama para él otros siete años y tres meses de prisión. El fallo absuelve a Álvaro Pérez, conocido popularmente por el Bigotes.

El tribunal condena a 33 años y una multa de más de 44 millones de euros a Luis Bárcenas, ex tesorero del partido, por evadir algo más de 6 millones de euros en impuestos en 2003, 2006 y 2007 y embolsarse 1.24 millones en comisiones por facilitar contratos públicos a empresarios que le presentó Correa.

Para la esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias, el tribunal impone una pena de 15 años de prisión, al considerar que colaboró con su marido en el ocultamiento de sus fondos en Suiza. También sostiene que ella también ocultó rentas propias. El tribunal rechaza el argumento esgrimido por la defensa de Rosalía de que carecía de conocimientos como para llevar a cabo las actuaciones que se le imputan. Esa justificación, según la Sala, le relegaría “a poco más de un simple objeto, y esto no lo debe consentir el Tribunal”.

El previsible encarcelamiento de Iglesias puede tener efectos imprevisibles sobre el ánimo de Bárcenas de desvelar a la Justicia detalles sobre las finanzas del partido que ha amagado con airear tras ingresar en prisión provisional en junio de 2013. Por su parte, la ex mujer de Correa, Carmen Rodríguez Quijano, resulta condenada a 14 años y 8 meses de cárcel.

Bárcenas, según la sentencia, fue una pieza fundamental en el “auténtico sistema de defraudación del erario público” levantado por Correa. Como tesorero popular, Bárcenas podía acercarse a quien en cada caso convenía para conseguir la adjudicación de contratos de obra pública, sostiene el tribunal. Luego en la fase de ejecución “se incrementaba” el precio “en la cuota fijada, que luego se repartía entre quien tenía relación en ella”. Posteriormente, señala el fallo, “el propio partido recibía su correspondiente beneficio”.

La Sala considera que Bárcenas nutrió sus cuentas de Suiza, que llegaron a acumular 48 millones de euros en el año 2007, “con fondos provenientes de comisiones que recibió por su gestión e intermediación, aprovechándose de los cargos públicos que ostentó, en contrataciones públicas irregularmente adjudicadas”. Los jueces no han creído la versión del ex tesorero de que su fortuna fuera de origen lícito y explican que también se apropió indebidamente de la llamada “caja b” del partido, a la que él denomina contabilidad extracontable del Partido Popular”.

La sentencia, por dos votos contra uno, considera probado que el PP como persona jurídica y la ex ministra de Sanidad Ana Mato se beneficiaron  con la actividad delictiva de la trama, por lo que los condena en calidad de partícipes a título lucrativo. El tribunal ve probado que la formación conservadora se benefició -sin ser consciente de su procedencia delictiva- de 111.186 euros para la campaña de las municipales de 2003 en Pozuelo de Alarcón (Madrid) y de 133.628 euros en la campaña de Majadahonda.

Mato deberá devolver 27.857 euros de viajes y regalos familiares que la trama corrupta de Correa pagó a su exesposo Jesús Sepúlveda, antiguo alcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid), condenado a su vez a 14 años de cárcel en el juicio.

El tribunal considera acreditado que entre 1999 y 2005 entre las empresas de Correa y el Partido Popular se tejió en esos municipios y en otras zonas de España “un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica, y local a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido”. Estos acusados, según la sala “tenían posibilidades de influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública de determinados entes y organismos públicos que dirigían o controlaban directamente a través de terceras personas”.

El fallo de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia, que ocupa 1.687 páginas, condena a 29 de los 37 acusados. El cuadro de tipos delictivos es extensísimo: asociación ilícita, fraude a la administración pública, cohecho (activo y pasivo), falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, prevaricación, blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, tráfico de influencias, apropiación indebida, exacciones ilegales o estafa procesal intentada.

José Luis Peñas, el exconcejal de Majadahonda (Madrid) y denunciante de la trama, recibe una pena de cuatro años y nueve meses de prisión.

La sentencia de la llamada Época 1 de Gürtel llega en un momento especialmente delicado para el Partido Popular. La formación conservadora, que se ha visto rodeada por escándalos de corrupción, especialmente en la Comunidad de Madrid con los casos Púnica, Lezo y el master fraudulento de la expresidenta regional Cristina Cifuentes, ha sufrido un fuerte retroceso en sus expectativas electorales.

La última encuesta de Metroscopia para El País proyecta una estimación de voto del 19,1 por ciento, la más baja de su serie y casi la mitad de la registrada a finales de 2016. El CIS, en su último barómetro, también sitúa al partido gobernante en sus mínimos históricos.

En los meses venideros hasta las próximas elecciones, el partido se seguirá viendo perseguido en los tribunales, con el consiguiente efecto corrosivo para su imagen: todavía están pendientes de juzgarse el caso Bárcenas, sobre la caja b del PP, y la causa sobre la destrucción de los ordenadores del extesorero popular, en el que el partido está procesado como persona jurídica.

El fallo llega una década después de que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón iniciara la investigación, que explotó en febrero de 2009 con la Operación Gürtel, que fue continuada por su sucesor en el juzgado, Pablo Ruz; y medio año después de que terminara el juicio, que se desarrolló a lo largo de 125 jornadas entre el 4 de octubre de 2016 y el pasado 17 de noviembre, una de las vistas orales más largas de la historia reciente. La sesión estrella del proceso fue la 101, celebrada el 26 de julio. Ese día, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, acudió a la Audiencia Nacional como testigo. Ante el tribunal presidido por el magistrado conservador Ángel Hurtado, que se opuso siempre a su declaración, Rajoy manifestó que su partido “jamás” recibió donativos en efectivo de empresarios y reiteró hasta en siete ocasiones que nunca se ha ocupado de cuestiones económicas de la formación conservadora, sino únicamente de las políticas.

El macrosumario Gürtel ha marcado la agenda de los últimos 10 años y ha terminado con la carrera política de algunos pesos pesados del PP como el expresidente valenciano Francisco Camps —que dimitió en julio de 2011 tras ser procesado en la causa por el regalo de los trajes, de la que resultó absuelto— o la ex ministra Ana Mato, juzgada como partícipe a título lucrativo por los regalos de la trama que recibió su esposo. También dimitió, en mayo de 2017, tras ser imputada, la diputada regional madrileña Josefa Aguado. Las diferentes tramas de corrupción surgidas desde entonces acabaron con la trayectoria de la ex presidenta madrileña Esperanza Aguirre o de la fallecida alcaldesa de Valencia Rita Barberá, entre otros líderes populares.