La Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos A.C. demandó a legisladores del Congreso de la Unión que pida al Gobierno Federal frenar el acoso y hostigamiento de que son objeto los grupos y activistas en la defensa de los derechos humanos en México por parte de las Fuerzas Armadas.

El Presidente de este organismo no gubernamental, José Antonio Guevara Bermúdez, condenó los actos de intolerancia en que incurren las fuerzas castrenses mexicanas contra los colectivos y grupos de defensores de los derechos humanos a los que señalan y califican públicamente como una amenaza contra la seguridad interior del país.

En el contexto actual y con la Ley de Seguridad Interior, las fuerzas armadas están facultadas para actuar en cualquier escenario que sea necesario, y que a su criterio pueda poner en riesgo la paz social, la seguridad interior o la gobernabilidad democrática, ya sea por petición del Ejecutivo Federal o cuando ellos mismos ataquen a aquellos grupos que sientan son una amenaza para la estabilidad y la seguridad interior. Y esto mantiene a los defensores de derechos humanos en una incertidumbre constante.

El Doctor en Derecho con especialización en derechos fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid y egresado de la Licenciatura en Derecho por la Universidad Iberoamericana, advierte que se tiene que estar muy alerta en los criterios por los que las fuerzas armadas perciben y califican a estos grupos o actores sociales y políticos como una amenaza para la seguridad interior.

Preocupa que las fuerzas armadas identifiquen al Movimiento de los Desaparecidos y a las organizaciones de derechos humanos como una amenaza para la seguridad interior, solo porque estos últimos grupos se han encargado de sensibilizar a la población y denunciar los excesos y abusos de autoridad en que han incurrido las fuerzas castrenses en las tareas de seguridad pública actual, o durante la llamada “guerra sucia” o el conflicto zapatista.

Para las fuerzas castrenses, sean militares o marinos, las organizaciones de derechos humanos o las que observan y denuncian los abusos cometidos por militares, son un estorbo. Y esto lo han externado a través de campañas que han sido orquestadas por las Fuerzas Armadas para debilitar su credibilidad y distraerlos de su trabajo enfocado a exhibir públicamente los atropellos.

El ombudsman no gubernamental pidió al Congreso de la Unión le pida cuentas al Ejecutivo Federal para que aclare el por qué y con qué intenciones se está señalando y tipificando a las Ong’s que denuncian los atropellos contra los derechos humanos como una amenaza o un riesgo para la seguridad interior o la paz social, como lo han hecho saber en exposiciones públicas.

El investigador en temas de derechos humanos y humanitarios y derecho penal internacional destacó que el Ejecutivo Federal debe enviar un mensaje claro a la sociedad mexicana en el sentido de dar marcha atrás a su intención de criminalizar la defensa de los derechos humanos y gire instrucciones a los militares para que desistan en su propósito de perseguir estas acciones y dejen de considerarlas como tales, porque es tanto como dar el primer paso para tomar represalias y ejercer la fuerza contra la sociedad civil organizada.

En su opinión, hay sectores del Gobierno Federal que se resisten a reconocer los aportes de las organizaciones que representan víctimas de tortura, desaparición forzada de personas y asesinatos por servidores públicos conocidas como ejecuciones extrajudiciales. Hasta ahora el Estado se muestra insensible al trabajo de los defensores de los derechos humanos y a las fuerzas de seguridad pública en México les ha persuadido que su función es proteger delincuentes, exhibir los abusos de militares como una arma política para molestarlos o confrontarlos con la sociedad civil.

Al Congreso de la Unión le pedirán que se comprometa a blindar a estos grupos y se ordene a las fuerzas de seguridad respeten y reconozcan estas cláusulas del derecho internacional, porque la función del defensor de los derechos humanos es como la del periodista, son roles vinculados con el interés público.

Hasta ahora, dijo, el Gobierno federal ha dado un reconocimiento genérico al movimiento de los derechos humanos sobre todo en el rubro de los derechos económicos y sociales, pero jamás ha dicho que la tortura es una práctica que debe ser condenada, investigada y sancionada.

“En un gobierno con una baja legitimidad democrática y tan baja aceptación social, es muy preocupante que las fuerzas castrenses se atrevan a decir qué es lo que afecta los intereses del Estado. Nosotros podemos decir a esa clase política que los intereses del Estado no están en que ellos puedan torturar, desaparecer o matar, eso está muy claro. Si coincidimos en eso, debemos trabajar para erradicar esas amenazas: torturas, amenazas, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales”, enfatizó.

El investigador agregó que “si se interpreta a este gobierno señalado por actos de corrupción innumerables, percibimos que está enviando un mensaje y una amenaza muy clara para desalentar las críticas y silenciar todo acto que cuestione a la autoridad. Esto evidencia un nivel muy preocupante de corrupción y abuso de poder”.

Mencionó que la Comisión a su cargo participará en el proceso electoral como observador y vigilante de que no se cometan abusos contra las personas en su calidad de ciudadanos con pleno ejercicio en el uso de sus derechos políticos y cuidarán que no haya excesos como golpes contra manifestantes, torturas o desapariciones y demás, como lo han hecho por más de 27 años.

Artículo publicado el 20 de mayo de 2018 en la edición 799 del semanario Ríodoce.