Ejidatarios de las Grullas desempolvaron el caso del robo de la isla La Lechuguilla por funcionarios del gabinete de Quirino Ordaz Coppel y de ex burócratas del gobierno de Mario López Valdez confabulados con particulares.
Estos últimos, cobijados por la impunidad oficial en las acciones ilegales, han salido airosos de cuanto procedimiento penal se ha iniciado en su contra.
El conflicto mantiene ya nueve años de litigio y sin visos de resolverse, lo que ha enfrentado a campesinos de la propia comunidad y hasta a familias completas.
De acuerdo con los campesinos estafados, el responsable de la treta legal es el actual coordinador de giras del gobernador Quirino Ordaz Coppel, Javier Humberto González Díaz; el subsecretario de Información Registral en el gobierno de Mario López Valdez, Bernardo Cárdenas; el ex Magistrado del Tribunal Agrario, Luis Eduardo Álvarez Bustamante; la esposa del primero, Karina Haydé Soto Arellano; Czestochowa Ochoa Gaxiola y las lugareñas María Guadalupe Rodríguez Gastélum, Evangelina Robles Armenta, Magdalena Meléndez Muñoz y José Alfredo Torres Robles.
Madeline Salmerón Gómez, lideresa del grupo de campesinos birlados, dijo que apenas la última semana de abril desempolvaron el expediente que por fraude y robo habían interpuesto los ejidatarios en la entonces Subdelegación “C” de Procedimientos Penales de la Procuraduría General de la República y que por incompetencia fue turnado a la ex Procuraduría General de Justicia del Estado y ésta a su vez lo envió a la Secretaría General de Gobierno, en donde se estancó durante años.
“Lo dábamos por perdido, hasta que lo localizamos. Hoy sabemos que está en el tercer piso del Gobierno del Estado, y estamos inconformes porque lo que demandamos es que se cierre la investigación, se consigne a los responsable del despojo de 261 hectáreas de la isla la Lechuguilla en detrimento de la precaria economía de más de 250 campesinos”.
Afirmó que por el trato dado al caso, hay una desconfianza en el gobierno actual porque aparentan pretender defender a los imputados, puesto que al cuestionarlos sobre los procedimientos a seguir explican “que está en estudio una solución”. “Pero la realidad es que ésta nunca llega”.
El proyecto La Lechuguilla llegó a ser denominado “el Cancún mochitense” por la administración de López Valdez, quien siempre defendió la idea de que sería capital canadiense el que se invertiría para crear un emporio hotelero sustentable, que daría el despegue económico de una zona pesquera tradicionalmente marginada de todo desarrollo.
Entonces se presumió que los nativos de las Grullas serían guías turísticos bilingües que ganarían un sueldo en dólares, que los pescadores tripularían embarcaciones turísticas de última generación y que las amas de casas serían expertas cocineras, todos generando divisas.
Hasta ahora, los únicos estafados han sido los campesinos, a quienes se les pagó el predio endosado con electrodomésticos usados, motocicletas de segunda mano, plásticos bancarios sin dinero y 5 mil pesos en efectivo, además de borracheras.
La lideresa que ha mantenido la lucha legal por más de ocho años sostuvo que se entrevistarán con el vicefiscal de la zona norte, Jesús Arnoldo Serrano Castelo, para que dé celeridad al expediente que desde el 2016 está en proceso de desahogo y que no concluye aún.
“Nosotros no queremos más ‘baquetonadas’, ni engaños, ni fraudes, pretendemos terminar con tanta avería que los gobernantes han hecho con los campesinos. Queremos nuestro predio de regreso a las manos de quienes tienen el derecho legítimo de ser beneficiarios, y no dejaremos que se extingan los procedimientos iniciados”.
Recordó que la estafa se produjo cuando Humberto González Díaz, entonces oficial de Inspección y Normatividad en el gobierno del priista Arturo Duarte García se designó representante de los inversionistas canadienses, e incluso ofreció comprar la isla que entonces era parte de la dotación de tierras del ejido las Grullas y único predio privatizable en el Golfo de California.
González Díaz embriagó a los campesinos y pagó con enseres domésticos usados y motocicletas recicladas. Cuando fue encarado para entregar dinero, accedió y pagó 5 mil pesos en efectivo y luego entregó tarjetas bancarias que nunca tuvieron dinero.
Con el paso del tiempo, los campesinos cedieron los derechos ejidales a las mujeres y finalmente estas contrataron con González Díaz una promesa de venta cediéndole los certificados parcelarios.
Hasta ahora, sólo González Díaz tiene los títulos, dijo.
Pero desempolvaron el reclamo a raíz de que apareció un banner donde se ofrecen en venta lotes en la isla Lechuguilla.
Artículo publicado el 13 de mayo de 2018 en la edición 798 del semanario Ríodoce.
