Un nuevo conflicto minero ocurre al norte de la ciudad de Los Mochis, en donde dos concesiones fueron encimadas por la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía.
De acuerdo con los hechos, un grupo de personas con antecedentes de invasiones y de conflictos agrarios resultaron con una concesión minera reciente, apropiándose de un lote que estaba en posesión y explotación por un particular desde hace más de 40 años, en el predio playas Las Liebres, en el ejido La Despensa. En el lugar se extrae mineral de calcio.
Gerbacio Osuna Contreras, quien desde hace más de 40 años mantiene la concesión minera a cielo abierto 179440 en 645 hectáreas en el predio Don Ranulfo, en la laguna Las Liebres, del ejido La Despensa, vio invadida una sección el 21 de abril por civiles que desmontaron una zona protegida y construyeron una rampa para llegar al banco de mineral. Este 3 de mayo, los particulares comenzaron la extracción.
Culpó de la invasión a Sergio David López Varela, director de Cartografía y Concesiones Mineras y subordinado de Mario Alfonso Cantú Suárez, coordinador general de minería de la Secretaría de Economía y a Claudia Yolanda Ibarra Palafox, directora General de Minas, de generar el conflicto al negarse a aprobar y retardar una ampliación de la concesión minera en explotación desde hace más de 40 años y cuando ya se había iniciado la patente de sulfato de calcio polihidratado y estaba en proceso de certificación de efectividad biológica ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y el certificado de inocuidad ante la Secretaría de Salud.
De acuerdo con él, el nuevo permiso fue clonado en el expediente T.-179440 aprovechándose de la cancelación del lote San Jorge, según oficio 610-719 del 29 de enero de 1999, pero que fue revocado el 14 de septiembre del 2000 por Luis R. Escudero Chávez, entonces subdirector de Derechos Mineros y que lo comunica en el oficio 610 19691 “a fin de que esta continúe”.
No fueron todas las artimañas, pues el 30 de septiembre del 2015, el notario público Héctor Ruiz Almada certificó en escritura pública 7 mil 817, volumen XVII, que en el expediente 95/1.1/9112 encontró un documento fechado el 14 de febrero del 2003 sin firma emitido por Manuel Contreras y Cortés, entonces subdirector de Minas, y también un oficio con forma facsimilar número 720/10/A4/6/1.2/2003 del expediente 2/1-2255, en el cual se hace proposición al título y se encuentra así mismo diversos documentos fechados el 13 de febrero del 2003 y dirigidos al ingeniero Manuel Contreras y Cortés por el agente de minería, Óscar Adrián Angulo Sánchez donde le remite diversos trabajos periciales “lo que es totalmente falso”.
Ante la invasión, Osuna Contreras denunció los hechos en la Fiscalía General de Justicia del Estado buscando parar la extracción de mineral y la destrucción de la zona federal protegida, en tanto se deslinda el origen de las concesiones encimadas.
Con las evidencias de destrucción en sus oficinas, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (profepa) tomó cartas en el asunto y envió inspecciones para detener el daño al monte.
Enrique Moroyoqui González, nuevo concesionario minero, junto con Héctor Acosta Corrales y Leonides Mejía Valenzuela, afirmó haber obtenido el permiso de extracción de yeso 244185 el 30 de junio del 2015 con vigencia al 29 de junio del 2065 en una superficie de 308 hectáreas en la laguna Las Liebres, colindando con los predios Santa Cecilia y Don Ranulfo.
Estos, el 30 de octubre del 2017 crearon la empresa Yeso Senhegales con residencia en el ejido La Cofradía, Guasave, dedicada a la extracción de mineral en greña a cielo abierto.
Negó haber obtenido la concesión mediante artimañas, pues el trámite les llevó siete años, recibiendo negativa tras negativa en ese periodo, y rechazó estar invadiendo el predio San Ranulfo, pues los terrenos a explotar se encontraban libres, y se trata de zona federal.
Dijo estar dispuesto a ir a un juicio para determinar la validez de los documentos.
Fue en ese momento en que agentes investigadores ministeriales lo interrogaron sobre los hechos denunciados por Osuna Contreras.
Gerbacio, derechoso y posesionario pacífico
Genaro Romero Bojórquez, ex comisariado ejidal de La Despensa en el periodo 1999-2000, reconoció en Gerbacio Osuna Contreras a un emprendedor minero con más de 40 años de posesión del predio Don Ranulfo, con quien no ha sostenido conflicto a pesar de que sus tierras son colindantes, más no así con los nuevos mineros, con quienes han mantenido problemas desde 1952, cuando apareció Francisco Moroyoqui Flores comandando a un grupo de colonos que pretendían tierras en La Despensa de Corobampo mediante invasiones.
“Llegó con mucha gente para exigir terrenos federales, pero el ejido ganó una ampliación de 19 mil hectáreas de agostadero. Se inconformó y perdió, pero anduvo invadiendo terrenos sin razón, y nosotros lo desalojábamos. Todo quedó como antecedente en los Tribunales Agrarios. En 1999, buscando una solución se le permitió entablar un juicio para acreditar derechos, pero sólo 18 colonos lograron el título de ejidatarios, cediéndoles terrenos. Moroyoqui depuró a sus propias gentes y cedió los derechos a terceros, por lo que acreditamos que era su forma de vida el andar invadiendo terrenos, recibiendo dinero de particulares que no sabían en lo que se metían”.
Artículo publicado el 6 de mayo de 2018 en la edición 797 del semanario Ríodoce.
