Entre 2005 y 2017, la Patrulla Fronteriza estadunidense (CBP, por sus siglas en inglés) pagó más de 60 millones de dólares para evitar que sus agentes respondan ante los tribunales por acciones violentas que derivaron en muertes y heridas, o por casos de detenciones arbitrarias y violaciones a los derechos humanos; la mayor parte de ellos perpetrados en la frontera con México.
De acuerdo con una investigación del Proyecto de Justicia Criminal, desde 2003 el gobierno de Estados Unidos pagó más de nueve millones de dólares a 20 familiares de personas muertas en “incidentes” en los que agentes de la CBP les dispararon, electrocutaron con Taser o atropellaron.
“La Patrulla Fronteriza goza de poderes policiacos extraordinarios. Agentes operan garitas donde pueden detener vehículos todos los días sin mandato, y hasta 100 millas hacia el interior del país, pueden abordar aviones, trenes y autobuses. No existe ningún límite geográfico para que los agentes realicen detenciones en patrullas móviles”, recordó el diario británico The Guardian.
